MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.

Ese es el slogan que usan criminales terroristas, sus familiares y muchos idiotas útiles, zurditos de pacotilla que frecuentan Mc Donalds, toman Coca Cola y visten vaqueros americanos y usan remeras con la bandera inglesa.

Ellos tratan de convencer a la sociedad que luchaban contra una dictadura militar, cuando en realidad quisieron implantar en la argentina una dictadura castro-comunista, desde el inicio del gobierno democrático del Dr. Arturo Illía y continuaron con sus acciones criminales hasta el último retorno de un gobierno constitucional, cuando a sangre y fuego asaltaron el Regimiento de La Tablada durante la Presidencia del Gobierno Constitucional del Dr. Raúl Alfonsín.

A lo que hay que sumarle los robos, secuestros, asesinatos y atentados terroristas que cometieron durante los gobiernos constitucionales del Gral. Juan Perón e Isabel Martinez.

No quieren recordar sus crímenes, estos “desmemoriados”, que dicen reclamar “verdad” y mienten vergonzosamente, y a sus deseos de venganza lo llaman “justicia”.

Este jueves 25 de febrero, un grupo de ciudadanos, familiares y amigos de las personas que se encuentran inconstitucionalmente detenidas por haber combatido al terrorismo cosmopolita y ateo, se reunió frente al Tribunal Oral Federal. No iban con los rostros cubiertos, no portaban armas, palos ni objetos contundentes, Tampoco insultaban ni causaron daño alguno, Ni siquiera molestaron el normal tránsito de peatones y automovilistas.

El único reclamo era que quienes combatieron al terrorismo subversivo que intentaba tomar el poder por las armas, si pesa sobre ellos alguna acusación fundada, sean sometidos a JUICIOS JUSTOS.

Cuando estamos hartos de ver a jueces prevaricadores, remisos a actuar contra el poder político y sobornados por narcotraficantes, pedir JUICIOS JUSTOS debería ser el reclamo de toda la sociedad.

Huelga referir que el Código Procesal Penal de la Nación en su Artículo 1º determina que “Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución y competentes según sus leyes reglamentarias, ni penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso…”

Los terroristas subversivos y sus secuaces pretenden aferrarse al Estatuto de Roma, sobre crímenes de genocidio y lesa humanidad y su imprescriptibilidad, procurando que mueran en la cárcel, los patriotas que los combatieron.

Y jueces prevaricadores, “vendidos” o por compartir ideologías marxistas, se prestan a estos juicios circenses.

Nuestro país comienza los trabajos y estudios para la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional y la adaptación de su derecho interno a las obligaciones internacionales. Y el 5 de enero de 2007 se promulgó de hecho, la Ley Nº 26.200 de Implementación del Estatuto de Roma, aprobado por la Ley Nº 25.390 y ratificado el 16 de enero de 2001. La Ley 26.200 establece en su ARTICULO 2º — El sistema penal previsto en el Estatuto de Roma y la presente ley sólo son de aplicación para los crímenes y delitos respecto de los cuales la Corte Penal Internacional es competente

Entonces cabe ver cuáles son los crímenes y delitos respecto de los cuales la Corte Penal Internacional es competente. El Artículo 11 del Estatuto de Roma, establece la competencia temporal y en su inciso 1 determina que: La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto. En tanto el inciso 2 fija que “Si un Estado se hace Parte en el presente Estatuto después de su entrada en vigor, la Corte podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto respecto de ese Estado”. De ello se desprende que para nuestro país, el sistema penal previsto en el Estatuto de Roma es sólo aplicable para los crímenes y delitos cometidos después de la entrada en vigor de la Ley Nacional Nº 26.200. En tanto que La ley madre, la Constitución Nacional, establece en su artículo 18º. - Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo FUNDADO EN LEY ANTERIOR AL HECHO DEL PROCESO.

La naturaleza jurídica del principio de irretroactividad es la premisa según la cual, en la generalidad de las circunstancias se prohíbe, con base en la preservación del orden público y con la finalidad de plasmar la seguridad y estabilidad jurídicas, que una ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia.

En su momento, el Ministro de la C.S.J., Dr. Carlos S. Fayt afirmó en un fallo: “Que al plantear la inconstitucionalidad de la ley 23.040 se deduce que ella lesiona el principio de irretroactividad de la ley penal al derogar la ley 22.924, que amnistiaba hechos y por consiguiente viola el art. 18 de la Constitución Nacional y la estabilidad de los derechos adquiridos; también —se sostiene— con la sanción de aquella ley se desconoce la autoridad de cosa juzgada.”

En la Sentencia de la C.S.J. Jofre, Julia del 11-12-88. (Fallos: 311:80) declaró extinguida la acción penal prevista en el art. 1º de la ley de punto final (23.492) al no haberse verificado uno de los supuestos de suspensión del plazo establecido taxativamente por el art. 4º de la misma, como sería el planteamiento de una cuestión de competencia. Posteriormente, esta Ley de punto final fue anulada por el Congreso de la Nación, con opiniones en contra. Así  un fallo de la Cámara Federal de San Martín declaró inconstitucional la anulación retroactiva aprobada por el Congreso en 2003 de las leyes de obediencia debida y punto final, y recibió el apoyo de abogados constitucionalistas que coincidieron con los fundamentos dados por los jueces. Así, el Dr. Gregorio Badeni, especialista en derecho constitucional, explicó que "la decisión de la Cámara me parece correcta", porque "el Congreso puede sancionar o derogar leyes pero no anular la efectividad de esos actos". La Dra. María Angélica Gelli coincidió en que el Poder Legislativo sólo puede derogar hacia el futuro, y que "el único que puede declarar inconstitucional una ley es el Judicial". "El Congreso no puede declarar la nulidad de una ley que dictó, sería ir contra los propios actos", agregó. La Sala I del tribunal -integrada por los camaristas Hugo Fossati, Jorge Barral y Narciso Lugones- entendió que el Congreso vulneró la independencia del Poder Judicial. "El Congreso puede sancionar, modificar y derogar leyes, pero carece de facultades para anularlas, en tanto el control de constitucionalidad posterior a la sanción de una ley es una de las funciones del Poder Judicial". La Cámara Federal de San Martín declaró inconstitucional la ley 25.779 que anuló retroactivamente las leyes de punto final y obediencia debida, sancionadas durante los ´80. Badeni explicó que si bien las leyes fueron derogadas, los efectos mientras estuvieron vigentes no pueden ser desconocidos. "La derogación y la anulación jamás puede tener efecto retroactivo en materia penal". Pero en concreto, el Estatuto de Roma no puede ser aplicado con efecto retroactivo porque lo establece el mismo Estatuto y nuestra Carta Magna, consecuentemente, no cabe la imprescriptibilidad de los delitos previstos en el Estatuto, antes de la entrada en vigencia de la Ley Nacional 26.200.

De todo ello, tiene total validez el reclamo de JUICIOS JUSTOS en contraposición al falaz reclamo de memoria, verdad y justicia.

Orlando Agustín Gauna Bracamonte

Muchos se preguntan en este tiempo como hace este grupo de dirigentes que maneja gobiernos, para perpetuarse en el poder.

Es habitual que muchos diálogos pasen por saber cómo hacer para que la sociedad considere una alternativa frente a esta inercia populista

El articulo pretende describir una mirada sobre ese fenómeno y aportar una línea de acción en la materia.

Espero que sea de utilidad para el debate y la discusión, por lo que resulta bienvenida su circulación y difusión.

Alberto Medina Méndez

54 3794 602694

Desunidos y desorganizados.

Habría que señalar que se trata de una oligarquía política, perteneciente a una casta que trabaja por sus propios intereses en alianza constante con un importante número de socios comerciales de diferente magnitud, pero que intenta mostrarse como un movimiento democrático amplio que procura   representar a los mas, ni siquiera a todos como recita casi siempre.

Pese a todo lo antedicho, no hay que quitarle méritos a su estrategia general, por perversa que ella parezca. Con sus serias deficiencias, ellos consiguen un éxito electoral que se deriva de una visión pragmática de la política y que se construye bajo la premisa de sumar minorías organizadas para derrotar y doblegar a las mayorías desorganizadas.

Ellos logran mantenerse unidos pese a la diversidad y esa crónica heterogeneidad que los caracteriza. No son idénticos, de hecho tienen sus disputas internas importantes, sus conflictos de intereses significativos, pero a la hora de sostener el eje de poder, se concentran en ello.

Les ayuda mucho los pocos escrúpulos que tienen, y de ese modo pueden sustentar esa cohesión imprescindible, porque tienen una prioridad superior, un objetivo común, indispensable, que tiene que ver con su arraigada vocación de poder, esa que les permite dejar de lado eventuales discrepancias. Se permiten entre sí esos matices, y hasta cierta distribución de recursos económicos, porque saben que se necesitan, y que su continuidad depende, en buena medida, de darle pilares sólidos a esa obra política, exhibiendo la menor cantidad de fisuras posibles.

Su poder no es indestructible, pero saben que cualquier división entre ellos, los presenta como más vulnerables y eso sería una invitación a la derrota.

Pero saben también que no solo se trata de mantenerse juntos, sino además de estar debidamente organizados. Y es en esto donde se han profesionalizado lo suficiente y mas han progresado en estos últimos años.

Para eso, han trabajado mucho en convocar a una militancia rentada, con “cajas” suficientemente abundantes, que permiten, en base a dinero, no solo financiar los ingresos de sus dirigentes de todas las jerarquías, sino también avanzar en acciones concretas funcionales a su diseño político.

Es que han aprendido la básica lección de la división del trabajo, donde  cada uno tiene su rol, su misión, en función de los talentos relativos. Ellos se han tomado la tarea de concretarlo, distribuyendo tareas, con la ventaja de disponer de una tropa política en cuantía suficiente gracias a los fondos estatales que manejan con absoluta discrecionalidad sin rendir cuentas.

Algunos se ocupan del contenido ideológico del discurso, otros de la arenga política, ciertos dirigentes se dedican a la confrontación con los opositores, mientras otros tratan de armonizar civilizadamente, aunque en privado, con los adversarios de turno. Así mismo, unos trabajan con los jóvenes, otros con los fanáticos, y muchos intentar que la gestión sea demagógica y atractiva para los potenciales votantes.

En ese juego, todos tienen una misión, pero funcionan, en el desorden y la improvisación cortoplacista propia del populismo, con cierta sincronización inspirada en la motivación que solo el poder consigue generar.

Han llegado hasta ahí, a la cumbre de la conducción, por muchos motivos, algunos de ellos que no son mérito propio, pero tampoco lo han logrado de casualidad, sino porque han entendido los ritmos de la política e interpretaron mejor como apropiarse del escenario bajo los paradigmas de un eficiente esquema de poder.

Del otro lado del mostrador, una sociedad civil atónita, apática, y algo abúlica, presencia atropellos día a día, y se muestra absolutamente impotente, con la sola excepción de intentos aislados, espasmódicos, sin chance alguna de modificar el rumbo de la realidad, lo que retroalimenta el “vamos por todo” que denota la crueldad de los que ostentan el poder.

Para dar la batalla cultural, la política y la electoral se hace indispensable tener primero un diagnóstico claro, y no ocultar la realidad, por antipática y poco atractiva que parezca. Eso supone también comprender que algo de esa estrategia del oficialismo, merece ser imitada, es decir entender la necesidad de organizarse y sostener una cuota consistente de unidad.

Pero para eso, hay que despojarse previamente, y en forma individual, de algunas cuestiones, prejuicios, pruritos y viejas creencias, alimentadas desde los gobiernos con mucho éxito, para conseguir el “divide y reinaras”.

Se deben primero fijar prioridades, entender que se necesita establecer un criterio y un discurso común bastante acotado, de pocas consignas centrales, para evitar caer en la dispersión y el debate estéril que solo distancia a los dirigentes, y culmina siendo funcional al poder actual.

No se puede triunfar en ningún acto comicial sin una importante dosis de organización. Y eso requiere, de por sí, un esfuerzo mayúsculo para lograr esa profesionalización que la oposición no suele ser capaz de mostrar.

No es posible dar la contienda con gente de tiempo parcial, reclutados como voluntarios, y pretender ponerse a la altura de un ejército de militantes rentados y con financiamiento para su actividad política.

Cuando cierto grupo de ciudadanos dice que el país no tiene solución, en el fondo están diciendo que no piensan sacrificar nada de su habitual comodidad mundana, cotidiana, para construir algo que pueda contrarrestar el poder, o al menos ponerle limites a los excesos.

Muchos que piden letra y esperan sugerencias, dicen querer hacer algo al respecto, pero a poco de andar, empiezan a desplegar la interminable lista de excusas que los justifica para no ser parte de NADA que pueda ser una alternativa. Esa también es una variante, de hecho es la que muestra el presente, de esa sociedad que “dice” querer modificar el rumbo de las decisiones políticas, pero que frente a cualquier convocatoria de mínimo esfuerzo, muestra sus propias limitaciones y su autoexclusión sistemática. Por ahora, el poder puede estar tranquilo, porque del otro lado solo hay un grupo de desunidos y desorganizados.

Alberto Medina Méndez