Cambios en el Código Penal.

“ZAFFARONI implementó un experimento social que costó la vida de miles de ciudadanos inocentes …”

Una de las sabias expresiones emitidas por DIANA COHEN AGREST en este reportaje, en momentos en que el aludido Juez pretende imponer su criterio en el nuevo Código Penal Diana Cohen Agrest

Filósofa y Ensayista, Escritora, DIANA COHEN AGREST reúne además un destacado listado de títulos y reconocimientos que exceden el ámbito nacional. Es una más de las tantas víctimas del “garantismo”, falsa denominación –salvo que esté referida a los delincuentes-, con la que el Gobierno kirchnerista ha impuesto en la Argentina un sistema judicial que consiste precisamente en conceder todo tipo de beneficios y privilegios a los criminales, en perjuicio, claro está, de los inocentes y honrados ciudadanos. La doctora COHEN AGREST se ha prestado generosamente al reportaje que se transcribe a continuación, el que merece una atención especial, por lo profundo de su contenido y por la claridad en la exposición. He aquí el resultado: P: Si bien no hay aún referencias concretas y firmes acerca de la aspiración oficial de cambios en el Código Penal, sí se conocen las tendencias, y las mismas vienen, a ese nivel, de parte del Juez de la Corte EUGENIO RAÚL ZAFFARONI, quien ha motorizado en el país la modalidad conocida falsamente como "Garantismo". ¿Qué le parece a usted esta idea inicial? R: “La reforma del Código penal tiene como fin normativizar las resoluciones judiciales de hecho, embanderadas en el ideario impuesto por Eugenio Raúl Zaffaroni, quien implementó un experimento social que costó la vida de miles de ciudadanos inocentes. Tras los crímenes perpetrados durante la Dictadura, el pueblo argentino se enluta con los crímenes de la democracia. La mayoría impunes, porque son juzgados en el marco de una política penal éticamente perversa y legalmente cuestionable. En el intento de deslegitimar la imposición de la pena, la bandera del ideario vigente es la defensa de las garantías que, en rigor de verdad, no son privativas de la matriz conceptual garantoabolicionista sino que son consustanciales a todos los sistemas constitucionales liberales. En el marco de un Estado de Derecho, cuando se invocan las garantías individuales en su sentido primario se alude a un ordenamiento jurídico encomiable, condicionado a la tutela y efectividad de los derechos fundamentales y al respeto de las garantías que aseguran a los ciudadanos un debido proceso judicial, esto es, a no declarar contra sí mismo, al principio de igualdad ante la ley, al derecho de defensa, a la presunción de inocencia, a la imparcialidad, al ne bis in idem (principio que prohíbe al Estado condenar a una persona dos veces por el mismo hecho, y ser expuesto al riesgo de ser objeto de una nueva persecución penal por la cual ya fue sobreseído o absuelto), a respetar el principio de irretroactividad en material penal, a gozar de la garantía del juez natural que impida una posible actuación arbitraria del poder punitivo del Estado en perjuicio del acusado, al derecho constitucional a una pronta conclusión del proceso penal. Simulando desconocer su aceptación universal en los sistemas democráticos, el garantoabolicionismo se apodera del estandarte de los derechos humanos, y amparándose en nociones socioambientales que afectan a los segmentos más vulnerables del cuerpo social, se apropia de la defensa de las garantías individuales como si fueran su creación, y hace de ellas la piedra de toque de un ideario que se ocupa de defenderlas en los victimarios en desmedro del principio de igualdad ante la ley del que deberían gozar todos los ciudadanos. Pero por añadidura, al deslegitimar las matrices conceptuales en las que se suele fundar la pena, no alcanza a elaborar un corpus teórico sólido en el que fundar las decisiones judiciales. La propuesta local no hace sino plasmar en la realidad el modelo teórico abolicionista promovido, entre otros, por el criminólogo y sociólogo noruego Niels Christie, quien en 1977 publicó un artículo pionero en la deslegitimación de la pena, “Los conflictos como pertenencia”, en cuyas páginas sostuvo que “nuestra compleja sociedad industrializada no es una sociedad con demasiados conflictos internos, sino una con muy pocos”. Mientras que Christie concluye que en la Noruega de casi cuatro décadas atrás “hay demasiadas normas para pocos delitos”, en la Argentina de hoy –escenario donde se ha puesto en práctica su teoría de laboratorio– hay demasiadas normas para demasiados delitos. Pero esta ecuación directamente proporcional poco importa, porque dichas normas son sistemáticamente burladas mediante el recurso de las chicanas procesales funcionales al delincuente. Con una visión sesgada de los derechos humanos, hoy el mal llamado “garantismo” alude a un ideario minimalista y hasta abolicionista que parte de la victimización del delincuente atribuida a una condición social estructural afectada por la desigualdad, la marginación, la pobreza y la falta de educación resultantes de un sistema sociopolítico inequitativo. Invocando estas condiciones estructurales, las políticas penales –bajo el paraguas de los derechos humanos, y amparadas en el ideal irrealizable de la rehabilitación y reinserción de los criminales–, han minimizado el modelo punitivo y se han orientado hacia meta tan irreprochable como sólo imaginable en un mundo utópico. ¿Cuál fue el costo de ese ideal? ¿Cuáles fueron sus consecuencias en el mundo real? Partiendo de la premisa de que los delitos son el producto del sistema, con ellas se nos ha sumido en un círculo perverso de marginalidad–delito–ausencia de debida sanción–marginalidad. Se trata, entonces, de transformar ese círculo vicioso en un círculo virtuoso. Y en lugar de avalar la liberación y la consecuente reincidencia de los delincuentes mediante el recurso de medidas alternativas y sanciones sustitutivas como son la libertad condicional, las excarcelaciones, las pulseras electrónicas o la condonación de penas por buena conducta o pagos de fianzas, medidas que se vienen implementando desde hace una década, pero que ahora serán legitimadas por la ley– se debe contar con la presencia de un Estado que imponga la ley con equidad. En respuesta a la sociedad que reclama justicia y a las innumerables víctimas inocentes que ofrendaron su vida, se afianza progresivamente la disfuncionalidad judicial del Estado –resultante en parte por su afán de lucro, su complicidad con otras agencias públicas y sus intereses corporativos–, produciendo una realidad que golpea, con sus efectos devastadores, la vida cotidiana de los ciudadanos”. P: La inseguridad no sólo se ha detenido en los últimos tiempos, sino que, sobretodo si se consideran los últimos saqueos, habría aumentado ostensiblemente. ¿Comparte usted esta opinión?: R: “Permítame contar una situación espeluznante que escuché en un programa radial a las pocas horas de estallar los saqueos. “Estaba ayudando”, la escuché decir. El móvil, desde Córdoba, trasmitía la entrevista a la hermana de Javier Alejandro Rodríguez, de 20 años, la primera víctima de los saqueos a nivel nacional. –¿Tu hermano estaba saqueando?, le preguntó el movilero. –No, lo vinieron a buscar y estaba ayudando –¿Pero estaba ayudando a saquear?, le repreguntó el movilero, tal vez tan joven como la voz que, con sincera inocencia, le replicó: –No, estaba ayudando a llevar las cosas…. En ese diálogo, las palabras ya no eran lo que habían sido. Desde siempre, la “ayuda” era otro nombre de la solidaridad, del compromiso con el otro, invariablemente teñida por una valoración positiva. Formaba parte del lenguaje de la ética. Repentinamente, la palabra resonaba extrañamente travestida. Lo terrible, lo desesperanzador, era que la hermana de Javier creía que su hermano estaba “ayudando”. Los jóvenes de los segmentos más vulnerables viven contaminados por lo que el informe del Programa para las Naciones Unidas sobre el desarrollo (PNUD) llamó el “delito aspiracional”: en una sociedad individualista y consumista, el grupo de pertenencia se basa en el tener el par de zapatillas de marca importada o el celular inteligente. Mientras que antes esa aspiración de bienes se satisfacía a través del ahorro y el trabajo, hoy se buscan vías alternativas, marginales a la ley: si no hay condena penal, si no hay siquiera en muchos estratos socioambientales sanción social (el comentario de la jovencita, en toda su ingenuidad, lo prueba), entonces ¿por qué no saquear? El informe reciente del PNUD sobre Seguridad ciudadana en América Latina concluyó que esta región fue la que más creció en su economía, en educación, salud y reducción de la pobreza, pero su contrapartida  fue el creciente nivel de desigualdad. El incremento de la violencia letal, según las conclusiones a las que arribó el informe, se explican por cuatro factores: los nuevos formatos familiares, el crecimiento urbano, la tenencia y portación de armas, adicciones al alcohol y a las drogas y, por último, la corrupción de los funcionarios y la impunidad generalizada. Estos factores diversos fueron promovidos, durante la última década, por políticas sociales que de transitorias, se instalaron definitivamente en un país que olvidó el valor del esfuerzo y el trabajo, produciéndose un terreno liberado al delito”. P: ¿Cuál, a su juicio, puede ser la motivación que lleva al Gobierno a insistir sobre cambios que van en contra de lo que la sensatez y la mayoría de los argentinos quieren, en el tema de la Seguridad?. R: “Con el beneplácito de un gobierno que se ufana de la defensa de las garantías que afectan de forma desigual a los barrabravas y a los que viven en el marco de la ley, los agentes públicos que nos representan –los poderes ejecutivo, legislativo y judicial– carecen de la voluntad política de penalizar el delito. Si el gobierno fuera tan igualitario en el ámbito penal como se proclama en todas las demás áreas de su incumbencia, si le importara que una vida arrancada por la absurda violencia es consentida y alentada por su complicidad y por su silencio garante de la impunidad, si los derechos humanos no fueran privativos de los que delinquen y si se tomara conciencia de que, cuando un inocente es asesinado, poco tienen que ver la izquierda o la derecha o las dictaduras o las democracias o el gobierno o la oposición; si en lugar de llorar sólo a los caídos de la dictadura se llorara también a los muertos silenciados por la democracia que no le sirven al relato oficial, si pudiera todo ese sinsentido hacerse carne en cada uno de los argentinos que aspiramos a una nación pacificada y previsible, habríamos dado el primer paso en un itinerario guiado por la cordura, por la verdad y por la justicia. Pero lo cierto es que es una batalla perdida. En las dos últimas décadas, en rigor de verdad, se logró instalar una cultura sostenida en este ideario nefasto. Gran parte de las cátedras de derecho de las universidades nacionales estudiaron con el Manual de derecho penal de Zaffaroni, Alagia y Slokar. Y el primero es venerado como un mito viviente. Para quienes, como es mi caso, aborrecemos la violencia venga de donde venga, venga del terrorismo de Estado o del terrorismo validado y propiciado por la Democracia, es muy difícil desarticular este ideario perverso –un experimento social que importó un modelo de Noruega a la Argentina-, un país con las necesidades insatisfechas …. Puedo ser calificada de fascista, gorila o que, simplemente, “no se puede hablar desde el dolor”, argumento perverso con el cual silencian y revictimizan a las víctimas. Y no se trata del oficialismo, simplemente. Adviértase que la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación –tal como se la denominó– fue presidida por el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y la integraron el ex camarista federal y ex jefe de la bancada radical de Diputados Ricardo Gil Lavedra, el ex camarista federal y ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense León Arslanian, el macrista y jefe de los diputados PRO Federico Pinedo, y la ex diputada socialista María Elena Barbagelata. Prueba de que la canallada no tiene bandera partidaria”. El más reciente libro de esta Autora, lleva por título: “Ausencia Perpetua – Inseguridad y trampas de la (in) Justicia”, y ha sido editado por Random Mondadori. Fuente: Enfoques Positivos

Garantismo e inseguridad.

Garantismo no es sinónimo de abolicionismo

Por Juan Carlos Ustarroz
abogado penalista

Escribo este artículo de opinión como abogado penalista, con el fin de oponer una visión diferente al relato dominante que –por diversas razones que escapan a este artículo- se está  conformado como  saber ‘popular’ sobre el funcionamiento de nuestro sistema penal.
 

Es obvio que prima un cierto desencanto con este sistema. Fundamentalmente, la causa del desencanto –y del descontento- es que se atribuye una relación lineal de su [mal] funcionamiento con la inseguridad. Y lo más notorio, es que este descontento tiene un foco particular: Se apoya muy concretamente en  una de las características de nuestro sistema penal (y –adelanto, de paso- de las democracias modernas del mundo occidental): el  llamado ‘garantismo’.
 
Según este ‘saber’ popular, nuestro sistema penal está algo así como ‘contaminado’ por ideas extrañas a lo que debería conformar un Derecho Penal políticamente ‘correcto’. Esta ‘contaminación’ está englobada en conceptos  confusamente enunciados que definen lo que –para los voceros del descontento- se denomina ‘garantismo’. Quisiera hablar de ello…
 

En primer lugar, la palabra ‘garantismo’ ha perdido –no sin intención- su definición original. En los últimos tiempos, y atizado –ciertamente- por varios sectores, se ha devaluado su significado de varias maneras, por ejemplo: a) Se asocia al ‘garantismo’ con el abolicionismo, cuando , en realidad, si se adhiriera al abolicionismo (una teoría que tiene algunos seguidores pero escasa repercusión práctica), el ‘garantismo’ no sería necesario, pues de abolirse el sistema penal, no hay necesidad de garantía alguna; b) en segundo lugar, se asocia al ‘garantismo’ con una política ‘naif’ de jueces que –por alguna razón- permitirían que los delincuentes ‘entren por una puerta y salgan por la otra’, algo que ha prendido fuertemente en el imaginario popular, debido a que –intencionalmente o simplemente por mala información- una simple excarcelación que hace que el imputado/sospechado espere su juicio en libertad (que es  la regla según nuestra Constitución y los Pactos que forman parte de ella) es presentada -fundamentalmente por los medios- como una absolución lisa y llana del imputado con la consiguiente indignación social. Recordemos tan solo el escándalo de la excarcelación de Chabán que hizo intervenir nada menos que al Presidente de la Nación (abogado, por otra parte), cuando a pesar de estar en libertad, Chabán tuvo su juicio y fue condenado por el único medio que permite nuestra Carta Magna: el debate oral; c) En tercer lugar se asocia al garantismo con un obstáculo de imposición de justicia.
 

Este último punto, parece ser el meollo de la cuestión: Hoy en la Argentina, parece primar la idea que se posee un derecho constitucional no [solo] a la justicia, sinó también al castigo. Y cuando digo castigo, digo castigo a cualquier precio. No es casual que las mayores críticas al llamado ‘garantismo’ provengan de sectores asociados con (o directamente) víctimas de la inseguridad. Estos sectores emplean su inmenso poder simbólico y directamente influyen en los diversos estamentos relacionados con el quehacer penal: los formadores de leyes (el sistema legislativo), los acusadores (el ministerio público), los agentes preventores y el sistema carcelario (del Poder Ejecutivo) y sobre los jueces (Poder Judicial).
 

En estas condiciones, la posición de un delincuente (hablo del delincuente ‘común’) dista mucho de la posición de  supuesto ‘privilegio’ que el imaginario social condensa en la figura de la ‘puerta giratoria’ del sistema penal. La realidad, es diferente. Muy diferente. El sistema penal se está contaminando –por el contrario- de bolsones de arbitrariedad de jueces y fiscales. En la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los Jueces de “Garantías” operan mas como fiscales que como jueces imparciales.   De no ser así, ¿Cómo se explica que más del 80% de los prisonisados en la Provincia de Buenos Aires estén purgando prisiones ‘preventivas’, es decir que son personas constitucionalmente inocentes…pero en prisión?
 

A esta altura debo aclarar que,  si deseáramos abandonar el garantismo como sistema que rige la interpretación y la misma estructura del sistema penal, deberíamos cambiar nuestra Constitución. Y no hablo de las reformas de 1994. Hablo de la Constitución liberal de 1853. Deberíamos abandonar la presunción de inocencia, la prohibición de acusar dos veces por el mismo hecho, el debido proceso, la imparcialidad del juzgador, la exigencia de ley previa anterior al delito, etc.,  todos pilares fundantes de nuestra República. Eso es garantismo. Ese es el Derecho Penal que nuestra República ha escogido tener, heredero de la tradición liberal de la Revolución Francesa  abrevando con modernas cuestiones relacionadas con los DDHH.
 

Sin embargo, por la confusión reinante, se ha pasado de un Derecho Penal ‘liberal’, a un derecho penal ‘liberado’, donde la presión social juega su juego y los jueces dejaron de ser las personas imparciales que deberían ser para convertirse en tímidos operadores de la ley, que aplican -con enormes bolsones de arbitrariedad- decisiones ‘políticamente correctas’ para la hora que corren, que implica (y esto ocurre fuertemente en la Provincia de Buenos Aires) prisiones preventivas automáticas, imposibilidad de excarcelación y, lo que es aún más grave, la búsqueda de un culpable a cualquier costo si, por razones que no llego a entender bien, algún caso es tomado como rehén por la necesidad imperiosa de ‘rating’ de los medios de comunicación, cuya influencia en nuestro sistema penal debería comenzar a ser analizada muy seriamente por grupos interdisciplinarios que se ocupen de éste fenómeno.
 

El inmenso poder simbólico de las víctimas puede estar bien intencionado y sus reclamos DEBEN ser atendidos, pero nunca a expensas de deshacer (como se hace) el sistema penal. Aun se recuerdan (porque están ahí…) los estragos que causaron en nuestro desordenado y asistémico Código Penal las ‘leyes Blumberg’ dictadas a las apuradas por diputados (abogados) más interesados en ‘salvar la ropa’ que en que la República tenga un sistema coherente de Derecho Penal.
 

Y con cada nueva víctima, con cada hecho de resonancia mediática, nuestro sistema penal de deshilacha aún mas…. Siempre en perjuicio del imputado, porque los obstáculos al “castigo a cualquier precio” tienen correlatos prácticos en la forma de imponer justicia en el día de hoy: Muchos jueces están temerosos de aplicar la ley en beneficio de un imputado pues si este tema es tomado por un medio de opinión,  su carrera será seguramente perjudicada. Es fácil recordar la ‘responsabilidad objetiva’ que se les impone a jueces de ejecución cuando, en estricto cumplimiento de leyes que regulan la graduación en la imposición de la pena, otorgan salidas transitorias o libertades condicionales a condenados que luego, hacen un desmadre. La opinión pública, y en particular, los ‘veedores’ del régimen, lejos de ver estos hechos como un fracaso en la política de rehabilitación o en un error en los informes criminológicos (todos ellos responsabilidad de agencias dependientes del Poder Ejecutivo),  les asigna responsabilidades directamente al juez que lo liberó…Y esto tiene consecuencias prácticas: Los abogados que defendemos a condenados vemos innumerables excusas para no otorgar beneficios (contemplados en la ley) a nuestros defendidos, indiferentemente del concepto que se tenga en los análisis periódicos que realiza el servicio penitenciario. Lo mismo ocurre en otras instancias del proceso: La prisión preventiva, (de supuesta aplicación excepcional según las leyes, la Constitución y los Pactos de DDHH), se aplica de forma automática, sobre todo en la Provincia de Buenos Aires, aplicación automática que no lleva mucho tiempo de fundamentación a los jueces de “Garantías”: Se invocan supuestos peligros de fuga sobre los hechos que…deberían ser probados en juicio. Razonamiento circular, que es difícil entender…. Esta tendencia está en línea con la dirigencia política: En la provincia de Buenos Aires, hasta su gobernador dice -sin inmutarse- que ‘eliminará las excarcelaciones’. ¿Sabe que está operando en contra del principio constitucional de inocencia? ¿Le dice alguien que se está arrogando funciones judiciales? ¿Eliminará también el gobernador el debido proceso, o la debida defensa en juicio para conseguir llenar el vacío de las víctimas (y el voto de estas)? ¿Cuál es el límite?

Además de no olvidar –lo repito ahora- que nuestro sistema penal es garantista por decisión de los constituyentes de 1853, no estaría de más recordar que esta [supuesta] tensión entre ‘garantismo’ y ‘eficiencia’ del sistema penal ya fue ‘resuelta’ por la última dictadura, y bien no nos fue…como tampoco nos está yendo bien ahora…
 

‘Last but not least’, debo decir que la puerta giratoria, existe…pero para determinados casos de delincuencia…El último blanqueo dispuesto por el Poder Ejecutivo, ¿no es una amnistía descubierta para algunos tipos de delitos como evasión tributaria, lavado de dinero, contrabando, encubrimiento y hasta tráfico de drogas? ¿Cómo reaccionaría la sociedad si un ladrón obtuviera su libertad sólo con devolver lo robado? ¿Y en los casos de tentativa, donde ni siquiera ha robado nada? ¿No estaremos pidiendo del Derecho Penal un control social que no nos animamos a pedir por otros medios?

Diario Judicial.

Si hacemos un balance de los últimos 50 años de esta Argentina, las dos décadas más violentas y siniestras las protagonizaron los mismos imbéciles.

El Nunca Menos de los siniestros imbéciles de siempre

Un imbécil es alguien que molesta haciendo y/o diciendo tonterías. Una persona poco inteligente, alguien a quien de ningún modo se le puede dar a conducir algo, porque invariablemente lo va a estropear. Nunca tendrá menos pericia dirigencial, que cuando lo dirijan imbéciles. En los 70, cuando eran jóvenes, leyeron 5 libros y se sintieron semidioses. Trajeron la violencia a un país que no sabía demasiado acerca de vivir en permanente estado de beligerancia interna. Trajeron bombas, asesinatos y secuestros extorsivos. Trajeron la barbarie con un endeble y cambiante discurso político detrás. Y pretendieron que un pueblo de gente tranquila y trabajadora, gente amante de la familia y de la amistad, gente con problemas pero civilizada, debiera adscribir a su demencial propuesta. 35 años después retornaron, ya viejos, y tuvieron la astucia de hacerse con el poder. Otra vez exhibieron un discurso endeble y cambiante, pero continuaron enamorados de la violencia. Se pelearon con todos, se burlaron de todos, desafiaron a todos. Tuvieron una etiqueta despectiva para cada uno de los que pensaban distinto a ellos. Consiguieron dividir y subdividir a la sociedad como nadie lo había hecho antes. Y se pasaron una década destilando e inoculando el veneno de su odio. Les liberaron calles, plazas y rutas a los criminales, y dijeron que la violencia y el crimen eran, apenas, sensaciones. Hablaron de garantismo y usaron los derechos humanos para terminar haciendo que el decente fuera culpable de la criminalidad de los asesinos. Demostraron una ignorancia supina para el asunto de gobernar una nación, y terminaron tratando de llevarse por delante a la república para instaurar un régimen corrupto desde la piel al tuétano, donde gobernaron mediante los más absurdos y vulgares personajes que la historia recuerde. Los soberbios imbéciles nos convirtieron el país en un sitio verdaderamente de mierda, y hay que decirlo con claridad. Nos volvieron la letrina del mundo. Damos vergüenza. Si hacemos un balance de los últimos 50 años de esta Argentina, las dos décadas más violentas y siniestras las protagonizaron los mismos imbéciles. Porque de jóvenes, cuando eran imberbes, la soberbia de creerse superiores al resto los llevó al desastre, y porque cuando regresaron mostraron que el tiempo les pasó en vano. Porque no habían aprendido absolutamente nada. No sé hasta cuando la Argentina deberá soportar la desgracia de padecer a estos tipos siniestros. No tengo idea. No consigo comprender cómo es posible que haya alguien que vaya y los vote, honestamente me resulta inverosímil. No sé tampoco cómo terminará este asunto de los imbéciles con poder. Supongo, igual que Usted, que esto terminará inevitablemente mal. Lo único que sí sé es que, de la forma en que ellos lo plantean, es absolutamente imposible vivir en paz. Es genuinamente utópico pensar en algo diferente al caos generalizado, porque esa es su naturaleza, así es como ellos son, y esas son las aguas que mejor navegan. Aman la crispación y la pelea. Son profesionales de la exasperación. Llevan todo al límite de quiebre; desde la convivencia, a la ley; desde la política más básica y elemental, a las relaciones internacionales. Rompen todo; son elefantes ciegos corriendo dentro del Emporio de la Loza... Improvisados, vulgares, mentirosos, inexpertos, absurdos, bárbaros, engreídos... Imbéciles. Uno se sigue preguntando si verdaderamente hacía falta tener que pasar por esto para aprender cuales son todas las cosas que no se deben hacer. Nunca menos respeto, nunca menos diálogo, nunca menos humildad, nunca menos tolerancia, nunca menos capacidad, nunca menos unión, nunca menos ejemplo, nunca menos pericia, nunca menos legalidad, nunca menos equilibrio, nunca menos verdad, nunca menos educación, nunca menos solidaridad, nunca menos justicia, nunca menos país. La verdad es que nunca fuimos menos que esto.RV.