30.000 desaparecidos ¿realidad o mito?
¿Por qué hay quienes afirman que en la Argentina, en los años ’70, el Estado hizo desaparecer a 30.000 personas, mientras en los registros oficiales, a casi cuarenta años de los hechos, apenas se conoce el nombre y apellido de menos de la tercera parte de esa cifra? ¿Por qué razón no se divulga la identidad de más de 21.000 víctimas?
Estos interrogantes originaron la investigación hoy convertida en libro. A partir de ellos, fue necesario familiarizarse con los listados oficiales de “víctimas del Estado” -informes CONADEP 1984 y Secretaría de DDHH 2006-, para poder indagar sobre la suerte de algunas de las personas registradas en ellos.
Esos listados se confrontaron, invariablemente, con fuentes de innegable simpatía por las guerrillas que actuaron en la Argentina en los ’70 -cuando no con las propias publicaciones de ERP y Montoneros- y del cotejo surgieron divergencias manifiestas. Efectivamente, en una llamativa cantidad de casos, los informes gubernamentales difieren por completo de las otras versiones.
Profundizar, documentar, ordenar los datos obtenidos y al mismo tiempo, tratar de hallar explicación para estas notables diferencias fue, a partir de entonces, el motor de la investigación.
En nuestro país existen dos listados oficiales de “víctimas del Estado”. Uno, de 1984, publicado por la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El otro, elaborado durante el gobierno de Néstor Kirchner, por la Secretaría de Derechos Humanos -veintidós años después (2006)-, que según su prólogo “revisó, corrigió, amplió y actualizó” el Informe de 1984.
Otro dato relevante es que, desde 1983 y hasta 2011, nunca por más de veintiocho años, se interrumpió la posibilidad de denunciar ante la Secretaría de Derechos Humanos, la desaparición o muerte de una persona a manos del Estado en los años ‘70. En el Informe de 1984, cuya elaboración llevó casi un año, son denunciadas como desaparecidas 8.961 personas, mientras que en el Informe de 2006, transcurridos más de veinte años durante los cuales se pudieron receptar nuevas denuncias, esa cifra disminuyó a 7.089. Sin embargo, fueron agregados 1.279 muertos; con lo que, según el gobierno de los Kirchner, las víctimas globales del Estado en los años ‘70 suman 8.368 personas; lejos de las 30.000 víctimas invocadas.
En este último Informe, todas ellas son registradas como “víctimas del accionar represivo ilegal del Estado”, desde 1969 hasta 1983; es decir, mientras transcurrían sucesivamente, los gobiernos de Juan Carlos Onganía, Roberto Marcelo Levingston, Alejandro Lanusse, Héctor Cámpora, Raúl Lastiri, Juan Perón, Isabel Perón, Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Bignone.
De la confrontación entre el documento oficial de 2006 y las fuentes documentales antes referidas, surgieron los nueve capítulos que componen este libro. Cada uno de ellos analiza y ejemplifica los distintos “tipos de irregularidades” que pueden encontrarse en este último listado oficial de “víctimas del Estado”.
Se inician con la novelización de uno de los hechos reales investigados. No todos conocieron aquellos años de plomo y su clima; no todos los que los vivieron recuerdan. Por ese motivo, la novelización se incorpora con la finalidad de traer aquellos días al presente. En cada capítulo, a su vez, se encuentra la prueba documental de los casos allí agrupados que muestra las contradicciones de la historia con el Informe oficial.
En el primero, “Los aparecidos”, se analiza la llamativa circunstancia de que al Informe de 2006 le “faltan” más de 2500 víctimas que estaban registradas como desaparecidos en el Informe de 1984; o inversamente, al Informe de 1984 le “sobran” más de 2500 víctimas o desaparecidos, comparándolo con el de 2006.
El capítulo siguiente, “¿Represión ilegal?”, presenta casos de guerrilleros que, durante un gobierno constitucional -integrando organizaciones declaradas ilegales por dicho gobierno-, fueron abatidos en enfrentamientos con fuerzas legales y sin embargo, en el Informe 2006, la Secretaría de DDHH los registró como “víctimas del accionar represivo ilegal del Estado”.
En el tercer capítulo, “¿Quién los mató?”, se consideran varios casos de personas que murieron a manos de las organizaciones guerrilleras, pero cuya responsabilidad el Informe 2006 adjudica al Estado.
El siguiente capítulo, “La orden era matarse”, considera los ejemplos de aquellos integrantes de las guerrillas que decidieron suicidarse, cumpliendo directivas expresas de sus organizaciones y por cuyas muertes, sin embargo, el Informe 2006 también responsabiliza al Estado.
En el capítulo cinco, “En otros frentes”, son presentados varios de los casos en que el Informe 2006 adjudica al Estado argentino las muertes de determinadas personas que en realidad, sucedieron en otros países, causadas por agentes estatales de esos países y por acciones desarrolladas por aquellas personas fuera de nuestro territorio.
El sexto capítulo, ¿Adónde están?, expone casos de personas incluidas como desaparecidas en el Informe 2006, a pesar de que el Estado en su momento, anunció públicamente su muerte en combate; sus familiares conocieron tal circunstancia y hasta dieron sepultura a sus restos mortales.
El séptimo capítulo, “¿Quién los ocultó?”, describe casos de integrantes de las guerrillas que al morir fueron enterrados clandestinamente o incinerados sus cuerpos por sus propias organizaciones, pero cuya desaparición el Informe 2006 atribuye al Estado.
En el capítulo octavo, ¿”Que falló?”, se consideran casos de integrantes de las guerrillas que murieron por impericia en el manejo de explosivos o armamento que manipulaban y sin embargo, el Informe 2006 vuelve a responsabilizar de su muerte al Estado.
En el último capítulo, “Cualquiera”, se describen, entre otros, casos de personas que figuran en el Informe 2006 como desaparecidas pero que están vivas; de otras también registradas como desaparecidas pero que fallecieron por causas naturales y en libertad; de desaparecidos mellizos; de desaparecidos registrados como tales pero que fueron víctimas de delincuentes comunes y de los cuales, además, se conoce el destino de su cuerpo.
