Domingo Cavallo |
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Me preocupan incluso más que las declaraciones disparatadas de Lorenzino, Kicillof y Moreno. Lorenzino no tiene la profesionalidad que se requiere para ser Ministro de Economía y además la Presidenta espera que defienda lo indefendible, como sostener que la inflación está bien medida por el INDEC. Kicillof es marxista y como tal, descree totalmente de la economía de mercado. Sus opiniones se enderezan a apuntalar un avance hacia una economía centralmente planificada y totalmente dirigida por el Estado, por lo que hay que entenderlas dentro de esa ideología. Moreno cumple una función de matón y asusta empresarios, táctica imprescindible para que puedan prolongarse un poco más en el tiempo los innumerables desequilibrios que han creado las políticas del Gobierno desde 2002 en adelante. Pero ninguno de ellos es un economista profesional calificado para ser Ministro de Economía en un buen gobierno.
Me preocupan más las tácticas que utilizan para progresar en política los buenos economistas profesionales que aspiran a ser altos funcionarios del Gobierno que suceda al de Cristina. Y no me gusta hablar en abstracto, por lo que voy a hacer nombres. En este post me voy a referir a las opiniones de Alfonso Pratt Gay en los documentales de la periodista griega Eleni Varvitsiotis. En un próximo post, me voy a explayar sobre la actuación del FMI. No porque el FMI se postule para dirigir la economía en el futuro, sino porque seguramente, para recuperar el crédito público, los futuros gobiernos recurrirán nuevamente a la institución financiera internacional. Y, finalmente, en un tercer post de esta serie, me voy a referir a las opiniones de Roberto Lavagna.
Cuando la periodista griega le pregunta a Alfonso Pratt Gay sobre cómo se manejó la economía desde 1999 en adelante, el economista que probablemente va a ser Ministro o Presidente del Banco Central en un futuro Gobierno del FAP, dijo, suelto de cuerpo, que el Plan de Convertibilidad fue la principal causa de la crisis y que, desde 2000 en adelante, no se avanzaba a resolver los problemas sino solamente a ganar tiempo para un desenlace que era inevitable.
Acá va la traducción de la afirmación que hace la periodista, seguida de las palabras de Alfonso Pratt Gay:
Periodista: “El economista Alfonso Pratt Gay, ahora congresista de la República Argentina y ex gobernador del Banco Central entre 2002 y 2004, tiene una postura crítica hacia el sistema de convertibilidad de Cavallo y lo considera en gran parte responsable de los acontecimientos posteriores en Argentina.”
Alfonso Pratt Gay: “Todo el programa económico de los años 90 se basaba en la idea de que un peso tendría el mismo valor que un dólar para siempre. Y cuando empezó a no ser viable, a continuación, todas las decisiones políticas persiguieron simplemente ganar tiempo para no decirle a la gente que esta estrategia era básicamente errónea y falsa”.
Esta respuesta me sorprendió, porque no se corresponde con la opinión que Alfonso Pratt Gay me trasmitió en abril de 2001, cuando estando yo en Londres se ofreció para ser Vicepresidente del Banco Central y decía compartir mi misma visión sobre la problemática que enfrentábamos en Argentina. No sólo lo propuse para ocupar ese cargo, sino que me acompañó a una reunión con el Presidente del Banco de Inglaterra, Sir Mervin King, en la que discutimos precisamente la estrategia que yo tenía en mente para superar la crisis, estrategia que, por supuesto, no incluía el abandono de la convertibilidad.
Alfonso Pratt Gay no fue designado Vicepresidente del Banco Central en esa oportunidad porque mi propuesta, avalada por el Presidente De La Rúa, fue rechazada por el Senado de la Nación con el argumento de que él venía de trabajar en JPMorgan. Del Senado no hay que esperar mucha coherencia. Fue esa misma institución la que pocos meses después dio aprobación a la propuesta de que Alfonso fuera Presidente del Banco Central. Pero de un economista profesional, sí cabe esperar coherencia. Y eso es precisamente lo que me preocupa de la contestación que Alfonso le dio a la periodista griega.
Me preocupa, no sólo porque ahora critique enfoques que en el 2001 decía compartir, sino porque le trasmitió a los griegos una opinión que contribuye a abonar la teoría de la inevitabilidad de que Grecia “dracmise” su economía, convirtiendo compulsivamente a los depósitos en euros del pueblo griego en dracmas destinados a sufrir una fuerte desvalorización y a reintroducir la inflación en Grecia acompañada de un agravamiento de la crisis, de por sí muy profunda, que está sufriendo esa Nación.
Su cambio de opinión también es peligrosa para la Argentina del futuro, porque sugiere que el déficit fiscal no se puede eliminar reduciendo gastos, incluidos intereses sobre la deuda, como lo disponía la Ley del Déficit Cero, sino que es inevitable recurrir a una explosión devaluatoria e inflacionaria como la que se provocó en 2002. Aplicado a la situación que hoy vive la Argentina, donde el Gasto público supera al de 2001 en más de un 10% del PBI, la postura de Alfonso Pratt Gay significa que para volver a porcentajes financiables sin inflación será necesario antes provocar una hiperinflación, Rodrigazo de por medio. Que el Rodrigazo y la hiperinflación puedan ocurrir como consecuencia de la ineptitud y la falta de escrúpulos del Gobierno de Cristina Kirchner, es una posibilidad que no podemos descartarb, pero que pueda llegar a ser la fórmula de ajuste de un próximo gobierno del FAP, es una tragedia.
Alfonso Pratt Gay dijo que las políticas que se aplicaron en 2000 y 2001, sólo pretendían ganar tiempo pero no resolvían los problemas. Se refirió a los esfuerzos por bajar el déficit fiscal y evitar un default desordenado de la deuda, manteniendo el régimen monetario. Preguntado sobre la Ley del Déficit Cero, respondió: “Al igual que con otras decisiones de ese año, la ley de déficit cero fue en vano, porque en ese momento había un enorme déficit fiscal y no se puede borrarlo de la economía simplemente escribiendo una ley.”
Para entender por qué esta opinión me parece sumamente injusta y peligrosa para el futuro, hay que recordar que el gasto público, excluido intereses de la deuda nacional y provincial, había bajado 2 mil millones de dólares anuales en el año 2000 y estaba bajando otros 3 mil millones de dólares anuales en el año 2001, en base a grandes esfuerzos que se hicieron con transparencia y previa discusión en el Congreso Nacional. Justamente, la ley del déficit cero, aprobada con apoyo de las provincias, permitía al Poder Ejecutivo Nacional y a los gobiernos provinciales, disponer reducciones en todo tipo de gastos, incluidos los salarios públicos y las jubilaciones.
Tal como se aplicó la Ley desde agosto hasta diciembre de 2001, la reducción aplicada a salarios públicos y jubilaciones superiores a los 500 dólares mensuales fue de un 13 %. Abandonar la aplicación de esta ley y recurrir a la pesificación y devaluación de enero de 2002, significó bajar el gasto público de una manera brutal, disponiendo engañosamente, a través de la inflación, recortes de prácticamente el 30 % del poder adquisitivo de los salarios públicos y las jubilaciones, especialmente las menores a 500 dólares, que son las que más sufrieron el impresionante aumento de precio de los alimentos que siguió a la devaluación post-convertibilidad.
Con la reducción sincera y legal del 13 % de los salarios y las jubilaciones de más de 500 dólares, se iba a alcanzar el déficit cero en 2002, porque el resto de los ahorros necesarios vendrían por recortes significativos en la factura de intereses. Este es un tema crucial que Alfonso Pratt Gay omite mencionar en sus análisis de la crisis del 2001.
Como la factura de intereses de la deuda nacional y provincial ascendía a 12 mil millones de dólares en 2001 (cifra que había aumentado mucho a causa de los altos intereses que estaban pagando a la banca local las provincias), con la re-estructuración ordenada de la deuda se estaba reduciendo esa factura a 5 mil millones año.
Ya al 30 de noviembre, con el cierre de la primera etapa en la que se habían logrado transformar en un Préstamo Garantizado más de 55 mil millones de dólares de capital, se había logrado una economía de intereses de 4 mil millones año. Esta primera etapa de la re-estructuración nos daba además los votos para imponer “cláusulas de salida consentida”, con lo que estábamos listos para lanzar el 15 de enero de 2002 la segunda etapa, en la que esperábamos obtener una reducción adicional de 3 mil millones de dólares sobre los 45 mil millones de capital que no se habían convertido en Préstamo Garantizado. Hubieran participado el 100% de los bonos en circulación, porque las “cláusulas de salida consentida” tenían el efecto de dificultar la recolección posterior de los bonos que no se presentaran, dado que se podía cambiar, incluso, la jurisdicción en la que debían plantearse los eventuales reclamos judiciales.
Con la reducción de los gastos antes de intereses de 5 mil millones de dólares anuales más una reducción de 7 mil millones de dólares de la factura de intereses, el déficit cero no era una quimera sino que se hubiese alcanzado en 2002 sin haber tenido que recortar salvajemente el gasto público en términos reales como lamentablemente se lo hizo con la pesificación y la gran devaluación que fue su consecuencia.
Tanto para la Grecia del presente como para la Argentina que le va a tocar gobernar a quien gane las elecciones de Octubre de 2015, es fundamental que se entienda que es mucho menos costoso, tanto desde el punto de vista económico como social, producir los ajustes fiscales en forma legal y transparente, que recurriendo al engaño de la explosión inflacionaria. El resignarse a creer que es imposible eliminar el déficit fiscal a través de autorizaciones del Congreso para reducir gastos que subieron demasiado y re-estructuraciones ordenadas de deudas que se han tornado impagables, lleva a la triste recomendación de abandonar el objetivo de la estabilidad monetaria y provocar una explosión inflacionaria por emisión descontrolada de una moneda con la que, según un mentiroso eslogan político, se logra recuperar la “soberanía monetaria”.
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