¿Cuánto ayudan?.

PRECIOS CUIDADOS

(AW) En su quinta edición lanzada a principios de año, el programa revela una vez más aumentos en los productos más sensibles para la población más vulnerable. El 10% de los trabajadores cobra menos de $1.500; 25% cobra menos de $2.800; la mitad de la población gana $4.500 por mes; 3 de cada 4 trabajadores cobran menos de $7.000 y tan sólo 1 de cada 10 cobra más de $10.000. Una manera de evaluar como las subas puntuales de los distintos productos del programa “precios cuidados” afecta al gasto en alimentos es estimar una Canasta Básica Alimentaria (CBA)con estos precios.   La CBA de “precios cuidados”, estimada en base a 41 productos y utilizando los precios del programa “precios cuidados”,muestra un aumentode 26,61% durante el 2014. La misma canasta de 41 productos pero valuada con los precios del Índice Barrial de Precios (IBP) del Conurbano, la cual llamamos CBA del “IBP 41 productos”,aumentó durante el mismo año un 23,4%.[i][ii][iii]   Analizando la evolución de las dos canastas, pero discriminando por categoría de producto según sea un producto de almacén, de verdulería o de carnicería, tenemos los siguientes resultados. Los productos de almacén de la CBA de “precios cuidados” aumentó en el 2014 un 31,56%, los de verdulería un 19,75% y los de carnicería un 19,58%. En cambio para la CBA del “IBP 41 productos”, los productos de almacén aumentaron 19,39%, los de verdulería un 13,36% y los de carnicería 40,43%.   Por su parte, la CBA del Índice Barrial de Precios, según la canasta de 50 productos, acumuló durante el 2014 un aumento en promedio del 29,4% entre los distritos donde se estimó el índice. Un aspecto a destacar es que el IBP Conurbano fue el índice con menor aumento acumulado (con un 25,2% en el año), mientras el IBP Mar del Plata fue el de mayor registro en ese período (34,1%). Le siguieron Salta con 31,7%, Tucumán cercano al promedio con 29,3% y Chaco y Corrientes con 28,3% y 27,7%, respectivamente. En el interior del país, durante el año pasado la realidad en términos de precios de los alimentos resultó muy dispar a la registrada en el Conurbano.   Con los precios del IBP el valor de la CBA a diciembre de 2014 se ubicó en promedio en $2.801 para una familia tipo (dos personas mayores y dos menores) y el de la Canasta Básica Total (CBT) en $6.359. Estos valores, que definen las líneas de indigencia y de pobreza según los ingresos familiares, se ubicaban un año atrás en $2.166 y $4.916, respectivamente.   Los resultados de la CBA del IBP, del “IBP 41 productos” y de “precios cuidados” también se pueden comparar con los resultados del índice de precios del INDEC, el IPCNu. Mientras el índice oficial IPCNu mostró un aumento anual de 23,9%, si se analiza el rubro alimentos y bebidas el aumento anual durante el 2014 fue de 19,7%. Claramente, este último dato difiere sustancialmente con los aumentos anuales de la CBA del IBP, del “IBP 41 productos” y de “precios cuidados” (29,4%, 23,4% y 26,61%, respectivamente). Estas comparaciones ponen en duda la credibilidad del IPCNu, cumpliéndose un año desde su primera publicación.[i] La Canasta Básica de Alimentos del “IBP 41 productos” y la Canasta Básica de Alimentos de “precios cuidados” se estimó teniendo en cuenta los precios de 41 productos, de los cuales 27 son artículos de almacén y bebidas, 9 de verdulería y 5 de carnicería. Las ponderaciones de cada producto para calcular estas canastas se basó en las ponderaciones de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) del Indec, que son las mismas que se utilizan en la canasta original del IBP. Si bien la CBA del IBP consiste de 50 productos, por cuestiones de armonización de los productos disponibles en el programa “precios cuidados”, se debió restringir las canastas a 41 productos. La CBA del “IBP 41 productos” se calculó en base a los precios del IBP Conurbano. [ii]Al igual que con la metodología del IBP, se tomó como precio de referencia para cada producto el menor precio entre los productos disponibles de una misma variedad. [iii]El aumento de la CBA del “IBP 41 productos” durante 2014 mide la evolución de los precios entre diciembre de ese año en relación a diciembre de 2013. Los valores tomados para la CBA de “precios cuidados”durante 2014 toma los precios difundidos por el programa durante la primera semana de enero de 2014 y los de enero de 2015.

Una oportunidad perdida para revertir la macrocefalia porteña.

Me alegró mucho leer este artículo de Jorge Vasconcelos, que retoma un tema muy caro a la tradición del IERAL de la Fundación Mediterránea. Acá transcribo el resúmen:

“Un problema político, económico y social de primer orden en la Argentina es la desproporcionada significación que tienen la capital federal y el conurbano bonaerense en relación al resto del país. En los últimos 100 años, en el plano económico, tanto el modelo “agroexportador” como el de “sustitución de importaciones”, no hicieron más que reforzar la llamada macrocefalia porteña. En cambio, en lo que va del siglo XXI hay dos fenómenos que podrían haber permitido que el interior del país adquiera una fortaleza económica inédita: por un lado, el despegue de países vecinos, con los que muchas regiones tienen conexión directa, caso de Perú (aunque no haya frontera común), Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y el mismo Brasil. Por otro lado, la revalorización de los productos basados en recursos naturales, desde la minería a la agricultura, que representan una ventaja comparativa de la mayoría de las provincias. En ambos casos, el mejor momento parece haber quedado atrás, pero seguramente la próxima década seguirá ofreciendo oportunidades, por lo que tener un buen balance de lo sucedido ayudará a evitar la repetición de errores.”

Domingo Cavallo.

Congelamiento de precios e inflación.

Acuerdos de precios y lucha contra la inflación

El congelamiento de precios logrado por un acuerdo entre el gobierno y los supermercados, al que luego adhirieron las cadenas de comercialización de electrodomésticos y productos electrónicos, constituyen el explícito reconocimiento gubernamental a la inflación. Por Julio C. Gambina

Por ANRed - L (redaccion@anred.org)

La escalada de precios afecta el poder adquisitivo de la moneda, perjudicando a los sectores de ingresos fijos, entre ellos, aquellos que se encuentran en las escalas más bajas. Puede mencionarse a la gran masa de jubilados, que, solo considerando los 6 millones de pasivos del sistema nacional, 2/3 de ellos perciben la mínima, menos del 50% de la canasta necesaria para una vida digna. Ni hablar del 35% de trabajadores no regularizados, que adicionan al problema de la capacidad de consumo deteriorada por bajos salarios, la ausencia de seguridad social y laboral. Interesa el tema inflacionario también a los trabajadores regularizados, ya que las patronales y el gobierno apuntan a concretar ajustes salariales en torno al 20% en el proceso de paritarias en curso. El problema es que los precios aumentan cotidianamente, mientras que la actualización salarial, si existe, procede al momento del acuerdo paritario para ir deteriorándose con el tiempo. Los ajustes de salarios en las convenciones colectivas son apenas un correctivo de lo perdido en el periodo anterior y ante la inflación diaria el deterioro de la capacidad de compra del salario es una constante, por eso se intentan estos congelamientos, que abarcan una parte de la canasta de consumo habitual de la población. Insistamos, la inflación afecta a quienes perciben ingresos fijos, es decir, a la mayoría de la población. Ello implica, contrario sensu, una minoría no afectada por la aceleración de los precios. Esa población vive de rentas o de ganancias, derivados de emprendimientos o inversiones, en el área de la producción, los servicios, las finanzas, o la especulación. Con lo cual, la mayoría de la población, unos 2/3 del total, no tiene defensa ante la inflación, salvo la administración de la penuria o la escases en función de los ingresos de cada quién. La minoría enriquecida no define su gasto en función del alza de los precios. No se frena el gasto tradicional, ni el suntuario, de un tercio de la población. Este sector, minoritario, pero numeroso, unos 13 millones de personas, que pueblan los lugares turísticos en vacaciones o feriados largos (que ahora abundan en la Argentina), son el principal beneficiario del mecanismo redistributivo que supone el fenómeno de la inflación. Se pretende señalar que no todos pierden con la inflación, al contrario, la inflación es un mecanismo redistributivo del ingreso y la riqueza socialmente creada. Es como lo hemos sostenida varias veces, un mecanismo de poder. ¿Puede la política económica frenar la inflación? Convengamos que no es sencillo, especialmente por ser una cuestión de poder. ¿Los acuerdos de congelamiento sirven? Solo por el tiempo de vigencia del acuerdo, siendo una gran incógnita el día después, salvo nuevos y seguidos acuerdos, que, como expresa el “congelamiento”, suspenden la discusión por el tema de fondo, que es el alza de precios como mecanismo de defensa de la ganancia empresaria. Para resolver el tema de la inflación se necesita confrontar con el poder, con los fijadores de precios. Es una decisión política que va más allá de cualquier acuerdo de precios, una estrategia ya utilizada por la actual gestión y otras administraciones nacionales, no siempre con éxito. Para tener éxito en el control de los precios y la inflación se requiere la participación popular consciente, especialmente de los trabajadores sobre el sector con capacidad de elevar preciso en el mercado, en general, los sectores económicos de mayor concentración del capital. Ese protagonismo social es parte de la tarea de constituir un sujeto popular muy amplio que intervenga en el control de precios donde éstos se forman. Ello supone capacidad de los trabajadores para intervenir en el establecimiento de los costos y los precios, lo que implica acceso a los registros contables y a los mecanismos de la producción, el financiamiento y la comercialización de los bienes y servicios. Es algo que seguramente no aceptará el sector empresario, acostumbrado como viene a una lógica de impunidad ante el debilitamiento sindical y político de los trabajadores. Esto que proponemos nunca se aplicó en la Argentina, siempre se confió en acuerdos de cúpulas empresarias y gobiernos, o buena voluntad de los propietarios de empresas. En la práctica, la supervisión de esos acuerdos queda en manos de los propios actores o de una debilitada burocracia estatal, con escasa o nula capacidad para hacer efectiva la medida. Al mismo tiempo se requiere modificar el régimen tributario y en lugar de asentar la recaudación en el IVA, reorientar la captura de fondos para el fisco sobre la base del impuesto a las ganancias, eliminando exenciones (a los jueces, por ejemplo) y gravando las rentas derivadas de las actividades bursátiles y financieras. La inflación expresa una relación social de poder y solo puede resolverse enfrentando el poder de aquellos que tienen capacidad de incrementar los precios con impacto diferencial en diferentes capas de la inflación. A solo modo de ejemplo podemos decir que el presupuesto estatal en salarios alcanzaba al 30% del gasto público hace 40 años, y el deterioro recurrente lo deja en la actualidad en un 10%. Nadie puede culpar al ajuste salarial como responsable de la inflación con datos como el referido, no muy distinto en el sector privado. En un largo periodo se demuestra la caída del ingreso de los trabajadores y las mejoras relativas de las ganancias del sector de la dominación. El argumento contra la actualización salarial supone pensar que es mejor que sea amplio el fenómeno de los trabajadores no regularizados, y ni pensar en la materialización del 82% móvil para los jubilados, ya que eso sería inflacionario en el argumento hegemónico. Un disparate argumental para mantener a gran cantidad de la población con insatisfacción de sus necesidades. En definitiva, el problema está en el modelo productivo y de distribución, que favorece a las clases dominantes en la apropiación del producto social del trabajo, y uno de los mecanismos de esa apropiación es la inflación. La inflación, o su contrario, la deflación, son mecanismos del poder que utilizan las clases dominantes para defender la rentabilidad del capital. Como siempre decimos, el problema es quién tiene el poder, y si los trabajadores y el pueblo, la mayoría de la población pueden intervenir en frenar el alza de precios y revertir la ecuación de beneficiarios y perjudicados en la Argentina.