Mafia de los medicamentos.

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El diputado nacional, Fernando Sánchez (Coalición Cívica ARI, Frente Amplio UNEN) afirmó en la tarde de ayer en referencia al apartamiento del juez Norberto Oyarbide de la causa de la mafia de los medicamentos, por parte de la Sala Dos de la Cámara Federal, que “Oyarbide debería estar preso por haberse robado parte de la causa de la mafia de los medicamentos y de los aportes del narcotráfico a la campaña del Frente para la Victoria de 2007, para asegurar la impunidad de los funcionarios del Gobierno involucrados”.

“Oyarbide ha hecho barbaridades inéditas para poder mantener impunes a los funcionarios del kirchnerismo que están siendo investigados en la causa de la mafia de los medicamentos, en las importaciones de efedrina y en la de los aportes por parte del narcotráfico a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner en 2007. Se apropió de parte de una causa y dictó el sobreseimiento de tres funcionarios a cargo de la recaudación de la campaña, cuando el expediente ya le había sido quitado y estaba en poder de otro juez”, señaló Sánchez. “Un funcionario de esta calaña debería estar en prisión y bien lejos de los Tribunales”, añadió.

“Oyarbide es uno de los engranajes fundamentales para que el kirchnerismo haya podido lograr impunidad, también en la causa de los medicamentos, en la de la mafia de la efedrina y en la que se investiga los aportes del narcotráfico a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner en 2007”. “Este juez ha sido el que ha realizado el trabajo sucio para que los funcionarios del Gobierno Nacional hayan podido permanecer impunes en casos como el del plan de viviendas Sueños Compartidos, tanto como en la mafia de los medicamentos. Es inaceptable que este hombre siga siendo juez de la Nación”, agregó.

El 20 de agosto de 2008, Sánchez realizó una denuncia penal para que se investigue la actuación de funcionarios públicos involucrados en la recaudación de aportes privados para la campaña presidencial de la Alianza Frente para la Victoria, que llevó como candidata a presidente a Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones de 2007. Los responsables legales de aquella campaña fueron Hernán Diez y Sebastián Gramajo, aunque quién recaudaba era Héctor Capaccioli, en ese momento a cargo de la superintendencia de servicios de salud.

En la denuncia se solicitó que se investigara a cinco empresas del rubro de la salud que aparecían entre las empresas que más habían aportado la campaña del FPV. Estas companies eran, Inter Medicina S.A, Droguería Urbana S.A., Multipharma S.A, Bristol Park S.A. y Global Pharmacy Ser S.A. Se señaló que los aportes de empresas relacionadas con servicios de salud/medicina representaron el 35,4% del total de los ingresos privados de la campaña.

La denuncia destacó que entre los aportantes había prestadoras de servicios asistenciales reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo en ese momento de Héctor Capaccioli, recaudador de la campaña Cristina Fernández de Kirchner 2007. También se destacó que la empresa Seacamp S.A., del fallecido Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, había sido aportante de $ 200.000.