CON MUCHO DOLOR por Juan José Campanella.

Una sensación de impotencia, de frustración y abatimiento nos noqueó.
Ya parece no quedar nada del orgullo de ser argentino. Y no es la economía.
Ni siquiera el caso Ciccone.
Ni de los hermanos Schoklender.
No se trata de Moreno y su avasallamiento tercermundista.
Ni de Ley de Medios.
El problema no es el tren de Once y los 52 hermanos que murieron... lamentablemente.
Ni tampoco el uso de las reservas.
No se trata del paro de los maestros, ni de las mentiras del Indec ni de la pesificacion.
El problema es otro.
Estamos perdiendo en silencio a nuestra Argentina.
La metamorfosis es brutal.
El país que tenemos hoy no es el que imaginamos, y el país de mañana será mucho peor de lo que imaginamos.
No hay respeto.
No hay educación.
No hay diálogo.
La búsqueda de la excelencia se abandonó por completo.
Nos acostumbramos al atropello del poder político, al patoterismo.
Al corto plazo sin una visión de país que nos ilusione. Que nos enamore.
Que queremos?
Volver a sentir orgullo de ser argentinos
Viajar seguros
Ver un desarrollo cultural sostenido
Transitar por las calles sin piquetes
Escuchar a un presidente conectado con el mundo
A decidir qué comprar.
Qué libros leer.
Respetar al maestro.
Los delincuentes presos.
Estadistas conduciendo al país.
Economistas manejando la economía .
Calma y paz.
No al odio y la crispación.
Los tres poderes funcionando.
Comprar dólares. O no.
Recibir cosas del mundo y poder enviar cosas al mundo.
Si querés lo mismo, circulá este mail.
En paz.
Argentina . te quiero !!!
Y no quiero perderte.

Juan José Campanella

Reseña de los principales fundamentos de la sentencia dictada en la causa Nº 857/07, “Cantarero, Emilio Marcelo y otros s/ cohecho”.

Sobornos: el balance del fallo

Reseña de los principales fundamentos de la sentencia dictada en la causa Nº 857/07, “Cantarero, Emilio Marcelo y otros s/ cohecho”, del registro de este Tribunal oral en lo Criminal Federal Nº 3.
La innegable trascendencia política de los sucesos que constituyeron el objeto de este proceso, que afectaron gravemente la credibilidad acerca del sano funcionamiento de las instituciones de la República y la honra de sus funcionarios, que fueran presentados a la sociedad, de manera irresponsable y sin fundamentos, por conocidos actores políticos de la época, alentados, de igual modo, por el Dr. Carlos Liporaci, primer juez de la causa, y que llegaron a constituirse en una verdad revelada e incontrastable, imponen al Tribunal, previo a la entrega de los fundamentos el 31 de marzo de 2014, la necesidad de precisar, aunque mínimamente, algunas cuestiones relevantes que fundamentan la decisión adoptada. Así, entre otras, merece resaltarse que:
1. La prueba producida en el debate y las demás constancias del proceso permitieron acreditar, sin lugar a dudas, que los hechos imputados a lo largo de este proceso a Fernando de la Rúa, Fernando Jorge de Santibañes, Mario Alberto Flamarique, Augusto José María Alasino, Alberto Máximo Tell, Remo José Constanzo, Ricardo Alberto Branda y en los que dijo haber participado Mario Luis Pontaquarto, no existieron. No existió una reunión en la Casa Rosada con el objeto de acordar el pago de un soborno; no existió una reunión entre De Santibañes y Pontaquarto el 18 de abril de 2000 al mediodía para convenir la entrega de dinero; no es cierto que Pontaquarto concurriera a la Secretaria de Inteligencia ese día, en horas de la tarde o noche, para retirar $5.000.000; no es cierto que faltare esa suma de dinero de la entonces SIDE. No es cierto que Pontaquarto llevara y guardara en su casa esa suma entre el 19 y 26 de abril de 2000. Tampoco lo es que dejara ese dinero en una habitación del Hotel Howard Johnson durante la jornada del 26 de abril, para retirarlo luego de la sesión parlamentaria de ese día, ni que lo llevara al domicilio de Emilio Marcelo Cantarero en horas de la noche, ni que hubiera entregado a José Genoud la suma de $700.000 en la mañana del día siguiente, en el despacho que éste ocupara en el Senado de la Nación.
La única fuente de esta disparatada versión, construida sobre la base de un anónimo difamatorio que circulara en el Senado de la Nación para el mes de agosto del 2000, y que el ex vicepresidente Carlos Alberto Álvarez difundió en una reunión de autoridades de bloque, son los inconsistentes y autocontradictorios dichos de Mario Luis Pontaquarto, que no resisten el cedazo de la sana crítica racional, ni de la prueba.
2. Si bien Mario Luis Pontaquarto procuró sostener, en términos generales, un mismo discurso desde el inicio -esto es, que el presidente de la Nación acordó el pago de un soborno, a través de la Secretaría de Inteligencia, para que diversos senadores de la Nación votaran afirmativamente el proyecto de ley de reforma laboral-, la inverosimilitud de los pormenores que conforman dicho relato y la circunstancia de que el presunto arrepentido se contradijo, desdijo y corrigió sistemáticamente, con el objeto de adecuar su historia a los datos objetivos que surgían a medida que se producía la prueba, y no a imprecisiones ocasionadas por el paso del tiempo, como pretendieron justificar los acusadores, lo cual ha dejado en evidencia su completa falsedad.
Ante la formulación de las acusaciones del Ministerio Público Fiscal y la Oficina Anticorrupción, querellante en la causa, que, en la imposibilidad de afirmar la existencia de los hechos, se expresaron a lo largo de sus alegatos en términos de mera probabilidad, el Tribunal analizó exhaustivamente el relato del presunto arrepentido, con el objeto de desentrañar la posibilidad misma de los hechos; ello reveló numerosas inconsistencias que impiden, incluso, construir una única historia coherente.
Entre otras se destacan:
a) En cuanto a la supuesta reunión que se habría desarrollado el 30 de marzo de 2000 en el despacho del presidente de la Nación, con la presencia de Fernando de la Rúa, José Genoud, Augusto José María Alasino, Alberto Máximo Tell y Mario Luis Pontaquarto .
a.1) En las sucesivas presentaciones y a medida que se iba comprobando la imposibilidad de su relato, Pontaquarto modificó la cantidad de personas que lo acompañaron, el número de vehículos en que se trasladaron, y la distribución de aquellas en los autos, cambiando, incluso, su propio rol, que tanto podía ser el de chofer como el de acompañante.
a.2) Describió al edecán presidencial modificando, en cada intervención, las características del uniforme, para terminar reconociendo con absoluta certeza a la única persona que no prestó servicios ese día.
a.3) Realizó un croquis del despacho presidencial y efectuó una descripción de su interior que no se compadece con aquella de la época en que dijo haber estado. A su vez, no pudo dar cuenta del recorrido que necesariamente debía realizar para acceder al lugar, ni de la presencia de la custodia de granaderos que se destaca cuando se encuentra el presidente en la Casa Rosada.
b) Sobre el encuentro que Pontaquarto habría mantenido con De Santibáñes el 18 de abril de 2000, en el que se habría acordado la entrega del dinero
.b.1) Pontaquarto no sólo fue impreciso con respecto al modo en que se concertó la supuesta reunión, sino que, además, modificó su horario en sucesivas declaraciones, llevándolo de las 11 hasta las 14 horas.
b.2) Al referirse al despacho del secretario de Estado, en el que dijo haberse reunido con De Santibáñes, describió detalladamente el que utilizaron los sucesores del nombrado y que presentaba sustanciales diferencias con el suyo.
c) Respecto del retiro de $5.000.000 de la Secretaría de Inteligencia, que habría efectuado Pontaquarto el 18 de abril de 2000, así como su regreso al Senado y el traslado del dinero hasta su domicilio.
c.1) En cuanto al horario en que dijo haber retirado el dinero de la Secretaría de Inteligencia, que, inicialmente, fijó a las 21:00 o 22:30, lo fue modificando a medida de que la prueba lo contradecía, para terminar estableciéndolo a las 18:30 -hora ésta que lo aproximaba a la que, de manera conjetural, había determinado el juez Rafecas-, no obstante que ese horario resultaba absolutamente incompatible con los datos de contexto que el mismo Pontaquarto brindó como referencia para determinarlo, entre los cuales señaló, la movilización sindical producida frente al Congreso de la Nación y la lesión que sufrió, en dicho evento, Julio Piumato, que, conforme se acreditó, acaeció pasadas las tres de la madrugada del día siguiente.
c.2) En sus sucesivas intervenciones, a medida que se iba agregando prueba, modificó el número de las personas que dijo que se encontraban en el estacionamiento del organismo de inteligencia, que varió entre una y ocho.
c.3) Fue impreciso en sus sucesivas declaraciones al referirse al piso del edificio de la Secretaría de Inteligencia de donde habría extraído el dinero, refiriendo ante el juez que podía ser el segundo o tercero, ante la prensa el tercero o cuarto y, finalmente, al momento de practicar el reconocimiento de lugares en dicho edificio, y ante la concreta referencia del personal de la SIDE, concluyó señalando el octavo piso.
c.4) En cuanto al lugar de donde se extrajo el dinero del soborno, afirmó haber visto la puerta de un tesoro, similar a “la de los bancos”; no obstante, luego de haber sido llevado allí en el marco de la diligencia judicial antes referida, tras constatar la inexistencia de un tesoro como el descripto, se corrigió, señalando que lo había confundido con una viga de metal.
c.5) Aseguró haber recibido $5.000.000 distribuidos en fajos de billetes de cien y cincuenta pesos, contenidos en una valija, un maletín y una caja de cartón, que en numerosas ocasiones manipuló y trasladó, sin que el peso de la carga, superior a los 50 kg., le resultara relevante ni destacable.
c.6) Se contradijo en cuanto al momento en que conoció el contenido de la caja, el maletín y la valija que le habrían entregado en la Secretaría de Inteligencia, al señalar, sucesivamente, que se los dieron cerrados; que se le exhibió el contenido del maletín y la valija, mientras que la caja estaba cerrada con cinta adhesiva; que pudo ver el dinero que contenía la caja, pese a estar embalada; finalmente, que nunca se le exhibió el contenido del maletín.
c.7) Pese a que siempre afirmó que el proyecto de ley laboral sería tratado el 19 de abril, nadie había previsto el lugar en que se conservaría el dinero hasta el momento del pago; por lo que, según sus dichos, los $5.000.000 permanecieron en el baúl de su automóvil, cuya cerradura, conforme admitió, no funcionaba correctamente.
c.8) Al explicar qué hizo ese día, luego de retirar el dinero, ensayó diversos relatos, con distintos recorridos, todos ellos incompatibles con el resto de la prueba reunida, que permite ubicarlo en lugares y horarios diferentes a los que enunció.
c.9) Aportó versiones manifiestamente encontradas acerca del estado anímico que le habría generado la situación de transportar semejante cantidad de dinero a su domicilio, así como de la conducta que habría asumido en consecuencia, con respecto a su guarda. En este sentido, pasó de temer por su vida y dejar el botín en el baúl del auto, a no sentir miedo y bajar el dinero para ingresarlo a su hogar, esparcirlo sobre su cama matrimonial, a la vista de su esposa y, finalmente, guardarlo en un vestidor.
d) Respecto de los hechos que habrían acaecido en la jornada del 26 de abril de 2000.
d.1) Brindó versiones diferentes acerca del momento y el modo en que habría dejado el dinero en el Hotel Howard Johnson y las circunstancias en las que lo retiró.
d.2) En sus distintas intervenciones modificó sustancialmente el horario en que dijo haber llevado el dinero al departamento de Cantarero. En este punto, condimentó cada relato con explicaciones de sucesos y referencias de contexto absolutamente incompatibles entre sí.
d.3) En cuanto a la supuesta separación del dinero que dijo haber entregado a Genoud, no sólo brindó diversas versiones acerca del momento y el lugar en que lo efectuó, sino que, además, no supo dar cuenta de cuál de los bultos extrajo la suma de $700.000.
d.4) Presentó versiones contradictorias acerca del modo en que habría accedido al departamento de Cantarero, a cada una de las cuales rodeó de circunstancias especiales que lo
llevaban a recordar el episodio de tal modo. Así, afirmó haber ascendido por escalera a un piso que no recordaba –lo que significa ascender siete pisos cargando bultos con un peso superior a 50 kg.- diciendo “recuerdo no haber ido por el ascensor y fuimos por la escalera de servicio”, para luego referir, enterado de que el departamento del ex senador salteño se ubicaba en el séptimo piso, que subieron por el ascensor, precisando que “sería una locura pensar que subimos
por la escalera con tres bultos como los que llevábamos”.
e) Acerca de la supuesta entrega de $ 700.000 a José Genoud durante la mañana del 27 de abril de 2000.
Brindó diversas versiones acerca de las circunstancias en que se habría encontrado con Genoud, así como de las personas que habrían estado presentes en esa ocasión. Sin perjuicio de que las inconsistencias señaladas tornan inverosímil el relato de Pontaquarto, por lo que resulta inadmisible su utilización como la base de una acusación penal, se agrega que durante el juicio se produjo prueba que acredita la inexistencia de todos y cada uno de los extremos referidos por él. En este sentido, corresponde señalar, someramente, las siguientes circunstancias:
- Ninguno de los testigos que concurrió al debate vio a Genoud, Pontaquarto, Alasino y Tell el 30 de marzo de 2000 en la Casa de Gobierno (edecanes, secretarios, personal de la unidad presidencial, empleados administrativos o periodistas).
- No existen constancias del ingreso de aquellas personas a la Casa Rosada, aun cuando sí quedó registrado el acceso de otros funcionarios de igual jerarquía.
- La prueba telefónica producida durante el debate dio cuenta de la imposibilidad de que se produjera la reunión, en el horario precisado por las acusaciones.
- Se demostró que el 18 de abril de 2000, en el momento en que Pontaquarto dijo haber estado reunido con De Santibáñes, éste compartió un almuerzo con otras personas.
- El peritaje contable realizado sobre documentación de la Secretaría de Inteligencia demostró que no hubo una salida irregular de $5.000.000 y que un egreso de tal envergadura hubiera impedido el normal funcionamiento del organismo.
- Se acreditó que para la fecha en que Pontaquarto afirmó que se había fijado el monto del supuesto soborno, el director de Finanzas de la SIDE, única persona que, según se probó, tenía la llave de acceso a la bóveda y conocía sus claves, se encontraba en la provincia de Córdoba, donde permaneció hasta varios días después de aquél en el que supuestamente se retiró el dinero.
- Con base en los listados de llamadas telefónicas del 18 de abril de 2000, Pontaquarto no puede ser ubicado en un lugar próximo a la Secretaría de Inteligencia, tanto en horas del mediodía como de la tarde; es más, en los horarios fijados para ambos eventos por la acusación fiscal, registra llamados atendidos en el teléfono instalado en su despacho del Senado de la Nación.
- Por otra parte, los mismos listados lo ubican en el transcurso de la tarde y noche de aquel día en distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires, que no se corresponden con el periplo descripto por el supuesto arrepentido.
- No existieron los llamados que Pontaquarto dijo haber recibido de parte de Remo Constanzo durante la sesión parlamentaria del 26 de abril de 2000, ni los inmediatamente posteriores. Tampoco existieron los que dijo haber recibido del nombrado Constanzo, por un presunto faltante de dinero, al día siguiente. A su vez, los teléfonos que el propio Pontaquarto pretendió asociar a estas últimas llamadas resultaron corresponder al domicilio de su actual pareja, con quien, en ese entonces, mantenía una relación informal.
- En los momentos en que Pontaquarto dijo haberse encontrado con Genoud el 26 y el 27 de abril de 2000 -en este último caso, para llevarle el dinero del soborno-, éste se encontraba con otras personas que, además, nunca vieron al supuesto arrepentido y desmienten su versión.
- La totalidad de los casi cuarenta ex senadores que se escucharon durante el juicio, negaron, más allá de la postura oportunamente adoptada frente al proyecto de ley, haber tenido conocimiento de elemento alguno que les permitiese afirmar que se pagaron sobornos, incluso, muchos le atribuyeron el carácter de maniobra política y algunos se la endilgaron al ex vicepresidente de la Nación, Lic. Carlos A. Álvarez.
- Durante el debate se recibió declaración a veintitrés testigos que habitualmente cumplían tareas en la unidad presidencial, ya sea trabajando directamente en el área o no (edecanes, secretarios, personal administrativo, mozos, periodistas), ninguno de los cuales vio allí a Pontaquarto, así como tampoco advirtió o supo que se hubiese llevado a cabo una reunión como la relatada por él.
- Ninguno de los sesenta y seis testigos de la Secretaría de Inteligencia que declararon advirtió la presencia de Pontaquarto en dicho organismo, en las circunstancias por él relatadas.
3. Por todo ello, constituye una afrenta que el sistema de enjuiciamiento penal permitiese el avance de la causa hasta esta instancia, adonde se trajeron a quienes fueran, a la fecha de los hechos, presidente y senadores de la Nación, un ministro y un secretario de Estado, sobre la base de una versión de los hechos inverosímil, contradictoria y mendaz. Asimismo, que la fiscalía y la Oficina Anticorrupción se hayan montado sobre ella para acusar, circunstancia que les impuso la utilización del modo potencial, pues, por lo visto, la prueba no les permitió ser asertivos. Al igual que el juez a cargo de la instrucción, los acusadores acudieron a su imaginación y supusieron diálogos entre imputados, o entre éstos y testigos, para justificar sus afirmaciones. De tal modo, con el objeto de reconstruir lo sucedido hace trece años, los requirentes se valieron de la información que surge de los listados de llamadas telefónicas, en cuanto de ellas se desprenden las comunicaciones emitidas y recibidas por un teléfono móvil y la antena por la cual se cursaron; a partir de allí, además de la ya enunciada invención de diálogos y dar por sentado que la comunicación se concretó entre titulares de línea, pretendieron establecer la ubicación de los interlocutores en el espacio. No obstante, quedó acreditado durante el debate que dicha información, que las empresas de telefonía procesan con fines de facturación y no de localización, carece de la fidelidad necesaria para conocer el asiento exacto desde el cual una persona cursó una llamada.
4. La prueba producida en el debate y las constancias del proceso permitieron comprobar una sustancial violación a las reglas del debido proceso y la defensa en juicio, al quedar demostrada la parcialidad de algunos de los jueces que intervinieron en la instrucción, en particular del Dr. Daniel Rafecas, con la anuencia de los Dres. Delgado y Freiler, quienes estaban encargados de controlar la legalidad del proceso. Al respecto, cabe destacar que se limitó arbitrariamente el ejercicio del derecho de defensa de los imputados: impidiendo su intervención en el interrogatorio de testigos; denegando la prueba sustancial de descargo; y omitiendo su convocatoria para participar en procedimientos irreproducibles. A su vez, se advirtió una marcada parcialidad en la recepción y valoración de la prueba: se interrogó de manera intimidatoria a algunos testigos; se persiguió sistemáticamente a todo aquel que no ratificara la hipótesis acusatoria; se manipuló la prueba para arribar a conclusiones preestablecidas, llegando, incluso, a la fantasiosa reconstrucción de hechos a partir de diálogos imaginados sinsustento en la prueba; se siguió a ultranza los dichos de Mario Luis Pontaquarto sin emplear el más mínimo sentido crítico, soslayando, incluso salvando, sus numerosas contradicciones, cambios, rectificaciones y agregados de último momento. En esa línea, se denostó a algunos de los imputados, funcionarios de un gobierno democrático, al compararlos, por sus supuestos métodos, con “los horrores vividos durante la última dictadura militar” (sic). Además, saltan a la vista graves irregularidades formales, tales como: pseudocareos impropiamente realizados; la intervención del juez instructor junto con los abogados Ribas y Wortman Jofré, más Daniel Bravo, en la presentación de la mendaz declaración de Sandra Patricia Montero; la desnaturalización de las directivas de la Cámara Federal, omitiendo reconstrucciones y sustituyendo el peritaje por ella ordenado, con otro de nula relevancia técnica; la concesión de ventajas indebidas a la querella, permitiendo su asistencia a las declaraciones testimoniales a las que se había denegado el acceso a las defensas; la intermediación para que los imputados aceptasen que la querella presencie sus declaraciones, retransmitiendo, cuando éstos se negaron, las preguntas que la Oficina Anticorrupción pretendía formular. Tampoco pasó desapercibido el desempeño del Procurador Fiscal, Dr. Federico Delgado, quien sustituyó el examen riguroso de la prueba reunida en el proceso, por una profusión de citas literarias y sociológicas y un particular análisis político, que lo llevó a sostener en su requerimiento que “la puntillosa explicación de los hechos que proporcionó el nombrado debió ser corroborada a niveles de exigencia altísimos” (sic).
5. Resultó por demás oscuro, también, el modo en que llegó Mario Pontaquarto a declarar a los tribunales el 12 de diciembre de 2003. Según surgió del debate, previo a hacerlo se entrevistó en la Casa Rosada con el entonces jefe de gabinete, Dr. Alberto Fernández, reunión a la que habría concurrido acompañado por quien luego sería su abogado, el Dr. Wortman Jofré. Previo a ello, conducido por Daniel Bravo se entrevistó en el Palacio Municipal con el entonces jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Aníbal Ibarra. A juicio del Tribunal, debido a las imprecisiones y vaguedades en que incurrieron los nombrados al declarar, no quedó nada claro el motivo ni la necesidad de esas reuniones, de manera previa a la confesión. Por el contrario, la existencia de un precio, la presencia en el episodio de autoridades políticas, como así también un curioso y concomitante sumario administrativo labrado en la Secretaría de Inteligencia, constituyen episodios que, como denunciaron las defensas, pudieron dar lugar a la preconstitución de prueba, con el objeto de manipular la dirección de la investigación. Por lo tanto, tal circunstancia debe ser investigada a los fines de esclarecer la posible comisión de un delito de acción pública.
6. Como puso de resalto de defensa oficial, quedó patentizada en el debate la mendacidad del Dr. Aníbal Ibarra, quien al deponer por escrito ante la instrucción, manifestó cuanto sabía sobre el tema en once lacónicas líneas, pero ante estos estrados se despachó a gusto, recordando con minuciosidad todo el episodio. Sorprendentemente, al finalizar contó que la última vez que había visto a Pontaquarto había sido el sábado anterior a su declaración en el debate, cuando éste fue a su casa para entregarle las entradas que le mandaba Daniel Bravo, para asistir al partido de fútbol que se disputaría, al día siguiente, en el estadio del Club Atlético River Plate.
7. El Tribunal debió valorar las irregularidades denunciadas por la defensa oficial en punto a la intervención del Dr. Hugo Wortman Jofré en la contratación de Mario Luis Pontaquarto por parte de Capital Intelectual S.A. (revista TXT) y su posterior desempeño como defensor del nombrado en esta causa, y resolvió remitir testimonios al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
8. Este proceso implicó un costo económico para el Estado y para las partes, que debe ser solventado. En ese orden, cabe resaltar que la actividad requirente de los organismos del Estado debe guiarse por principios rectores distintos al del querellante particular, por lo cual, no corresponde que, en miras a obtener un resultado de condena, se eche mano ligeramente de cualquier elemento que pueda avalar la mera sospecha, pero que razonablemente no pueda superar un examen crítico, que garantice la objetividad de sus conclusiones. Guarda una sustancial diferencia con ellos la figura del acusador particular (la víctima), que impulsa su conducta movido por la afectación personal o las emociones, buscando una satisfacción individual de justicia. Los agentes del Estado, por su parte, deben actuar en base a principios éticos y normativos diferentes, destinados a lograr el objetivo constitucional de afianzar la justicia. Ahora bien, la actuación del Ministerio Público y de la Oficina Anticorrupción a lo largo del proceso careció de esta objetividad, al punto de formular sus acusaciones en términos de mera posibilidad, en base a los cuales, llegaron a solicitar condenas que se tildó de “ejemplares” e, incluso, a requerir la absolución de dos de los imputados valorando en sentido diversos las mismas pruebas con las que sostuvieron su sujeción al proceso durante largos años.
En estas condiciones, la actividad del acusador particular, desplegada en sintonía con la fiscalía, que llevó a este extremo el proceso, impone que se haga cargo de los costos económicos que éste aparejó. Sobre el punto, vale recordar que no puede adoptarse igual temperamento respecto del Ministerio Público Fiscal, con motivo de la exención establecida en el art. 14, último párrafo, de la ley 24.946.
9. El Tribunal consideró que debía resolver una causa de suma trascendencia, en la que la única prueba giraba en torno a los dichos de un embaucador que involucró a terceras personas en la comisión de un delito, viéndose afectada la vida de éstas y sus familias durante los diez años que transcurrieron desde su presentación como supuesto arrepentido. El caso se asemejó al de la causa nº 487/00 “Telleldín, Carlos Alberto y otros s/ homicidio calificado [atentado a la A.M.I.A]”, sentencia del 29 de octubre de 2004, registrada bajo el nº 1/04, en que, como en éste, la mendacidad de un imputado produjo, además de irreparables perjuicios a sus consortes de causa, una grave afectación moral de toda la comunidad. En aquél se jugó con el dolor de los familiares de las víctimas, en tanto que en la especie se puso en jaque el funcionamiento del sistema republicano, piedra angular de nuestro sistema constitucional. Al respecto el Tribunal recordó lo expresado por el Dr. Andrés D’Alessio, al dictaminar como Procurador General de la Nación en la causa “Agüero Corvalán, Jorge Ramón y otros s/ delito contra la propiedad”, dictamen del 15 de agosto de 1989, en cuanto a que “la garantía que consagra el artículo 18 de la Constitución Nacional no comprende el derecho ‘de declarar libremente el imputado con relación al hecho delictuoso’ sino que solo ampara la decisión de someterse a ese acto procesal”. Agregó, que “[l]a norma que prohíbe que sea obligada a confesarse autor de un delito no importa, como necesaria consecuencia, el derecho del procesado a mentir, solución esta última que si bien ha sido implícitamente adoptada por nuestro derecho procesal no reconoce base constitucional, sino que constituye un aspecto reservado al criterio del legislador quien, por ende, puede modificarlo sin mengua alguna de la norma fundamental”. Ello lo llevó a reflexionar acerca de la necesidad de repensar este sistema de investigación penal que, tal como lo señalara la defensa oficial, tolera el uso perverso de una garantía constitucional esencial -de no autoincriminación- de modo que se calumnie impunemente a personas inocentes al amparo del art. 296 del Código Procesal Penal de la Nación; situación que, al mismo tiempo, conlleva importantes demoras en la duración del proceso, a la vez que, como en el caso que nos ocupa, obliga a los imputados a la diabólica tarea de demostrar su inocencia.
Secretaría, 23 de diciembre de 2013.

Enrique Guillermo Avogadro

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Despidamos el año con algunas esperanzas.

El año en que el “relato” murió

El año en que el “relato” murió

“La igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento como para comprar a otro, que ninguno tan pobre que se vea necesitado de venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Como una ominosa metáfora de la actualidad, el suelo sobre el cual fue construido ese monumento a la corrupción y a la impunidad, el faraónico mausoleo que alberga los restos de don Néstor (q.e.p.d.) en Río Gallegos, ha cedido, y la estructura entera corre peligro de derrumbe.

Entre los meses de agosto y octubre, la marcha triunfal del Gobierno comenzó a flaquear, más allá de los discursos altisonantes que la Presidente nos propinó antes de que su salud la hiciera retirarse a cuarteles de invierno, de la mano de una ciudadanía que, mayoritariamente, dejó de creer en el “relato” oficial. El guante del reiterado desafío –“si quieren el poder, formen un partido y ganen las elecciones”- que la Reina y sus aplaudidores lanzaban contra los no kirchneristas, fueran éstos industriales o medios de prensa, fue recogido por Kolynos Massa en la Provincia de Buenos Aires, y llevó a la Casa Rosada a la peor derrota política de la década.

Una de las principales –y, como otras, absolutamente falsa e hipócrita- bandera de ese “relato”, la política oficial de derechos humanos, contrastó con la inexplicable insistencia presidencial en ascender al Gral. Milani al grado máximo del escalafón; a ese tema me referí, in extenso, en la última nota, pero el allanamiento que sufrió el Espión esta semana en sus oficinas, más allá de su inutilidad, sirvió para dejarlo en el más absoluto ridículo.

El fin de año trajo, como es habitual cuando aquí la temperatura sube, cortes de energía que dejaron a vastas zonas de la ciudad de Buenos Aires y su Conurbano a oscuras y sin agua. El Gobierno intentó transferir toda la responsabilidad a las empresas concesionarias de la distribución, que ya están intervenidas por el Estado, y llegó a amenazarlas con la resolución de los contratos, tratando de ocultar la verdad: éstas trabajan a pérdida, producto del insano congelamiento de tarifas vigente hace diez años; los subsidios –que, en lugar de ser a los consumidores de menores recursos, se da a las compañías de servicios públicos (distribuidoras y generadoras, líneas de transportes, etc.)- sólo cubren los gastos operativos y, por supuesto, los “retornos”; no permiten dedicar un centavo a las inversiones necesarias para mantener una cierta normalidad en las prestaciones. Llegó al absurdo el Ministro Julio DeCobrado, al decir que la insuficiencia en el suministro eléctrico se debía a un crecimiento inusual de la economía, o sea, ¡nos quedamos sin luz porque nos va muy bien! Como digo siempre, es obvio que podemos soportar que nos tomen por imbéciles pero que, además, nos toquen el hombro y nos llamen así ya me parece demasiado.

Desde ya, no ayuda a la imagen presidencial –como no lo hizo, precisamente, su murguera aparición durante los saqueos- que haya decidido salir de escena y refugiarse, en silencio, en su “lugar en el mundo”; llegó al extremo de omitir el tradicional saludo navideño a la sociedad. En los piquetes, muchos de los entrevistados se lo hicieron saber a los gritos, remedando los reclamos de los familiares de Cromagnon, de Once, de las inundaciones de La Plata.

Mal que les pese a los críticos de las décadas pasadas, en especial la de los 90’s, los argentinos habíamos accedido a un moderno sistema telefónico móvil, a una capacidad industrial inédita, a un parque de generación suficiente para atender nuestras necesidades y nuestro crecimiento, a un enorme horizonte de reservas de gas y petróleo y disponíamos de una infraestructura de transporte que, si bien no era en absoluto ideal, al menos era diez años más joven.

Pero lo que, innegablemente, se transformó en la lápida que cubrirá la tumba del “relato” en la que, más temprano que tarde, será enterrado el kirchnerismo -y, tal vez, hasta el PJ-, en el marco de este proceso de “estanflación” que estamos viviendo, lo constituyó el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (OSDA), dependiente de la Universidad Católica Argentina. Después de años (2002/2006) de inédito crecimiento, y de una década durante la cual el Gobierno recaudó la escalofriante suma de novecientos mil millones de dólares (sí, US$ 900.000.000.=), los números y los hechos hablan por sí solos.

Hoy, más de diez millones de personas (25% de los argentinos) son pobres, no tienen empleo formal, ni educación, ni vivienda digna ni salud pública. Alrededor de tres millones están mal nutridas; el 10% no tiene agua corriente y el 30% no tiene cloacas. En materia de educación, las cifras son escalofriantes: 37% de los jóvenes no termina el secundario y el 20% es “ni-ni”, es decir, no estudia ni trabaja; ello implica que no tendrán inserción alguna en el mercado. El 12% de los chicos de entre 5 y 17 años desarrolla algún tipo de actividad laboral, y el 20% de los hogares argentinos necesita de subsidios oficiales para sobrevivir y, de ellos, el 25% no llega a acceder a la canasta alimentaria básica. El índice Gini, que mide la diferencia entre los más ricos y más pobres, ha empeorado sensiblemente, y la violencia y la droga, como se ha visto hace pocos días, ocupan gran parte del universo estudiado.

El OSDA dice que la inflación y la falta de creación de empleo formal ha llevado la pobreza, este año, a superar el 25%. Las mediciones del INDEC son desmentidas no sólo por diferentes entidades que estudian el tema social sino por la misma realidad; según FIEL, por ejemplo, el precio de la canasta básica de una familia tipo no baja de los $ 3900 mensuales ($ 2200 para alimentos), un ingreso por debajo del cual deben ser considerados pobres, mientras que el INDEC establece ese parámetro en $ 1750 (¡sólo $ 769 para comer!).

La mera comparación entre el nivel de vida de los pobres e indigentes con la de los mayores recursos está generando un caldo de cultivo más que apto para el desarrollo de todos los virus que resultan letales para cualquier sociedad, como lo prueban los hechos de violencia y muerte que han enlutado al país en los últimos días. De todo ello, no sólo es responsable el kirchnerismo sino todos los gobiernos populistas que lo precedieron, que recurrieron a la descarada compra de votos mediante los subsidios indiscriminados y los planes sociales distribuidos por los punteros de turno.

Por los “dibujos” que realiza el organismo oficial, la Argentina dijo que crecerá entre 5 y 6% el año que viene, y eso hará que nos veamos obligados a pagar una monstruosa cantidad (entre US$ 4000 y US$ 5000 millones) a los tenedores de bonos atados al PBI, que sólo quienes sabían que podían modificar las cifras compraron. Ese pago no debiera realizarse, ya que ni los más entusiasmados optimistas creen que se pueda crecer más del 2%, y sólo confirma que, aquí, el nivel de corrupción imperante ya constituye un verdadero genocidio, un delito de lesa humanidad.

La inflación, ese impuesto no legislado que pagan los más pobres, como definió Milton Friedman, carcomió hasta el hueso la encarnadura del voto cautivo que tanto rédito le dio al Gobierno durante estos diez años, y el problema se agravará el año próximo porque se insiste en incrementar el gasto público y la emisión desaforada. Si el 2013 deja algunos puntos de arrastre en la suba de precios, llegaremos a diciembre de 2014 con porcentajes que se parecerán mucho a la espiralización, con la cual muchos de nosotros, los que contamos con más de cuarenta años, hemos convivido y que terminó arrasando a la sociedad entera.

Si tiene interés en conocer una síntesis de los fundamentos del tan polémico fallo que absolvió a Fernando de la Rúa y a todos los imputados por el caso de los sobornos en el Senado, otra novedad de la semana.

En fin, despidamos el año con algunas esperanzas, sobre todo que, entre el menú de candidatos que la dirigencia política ofrece, surjan algunos capaces de unirse y diseñar un plan social y económico de largo plazo, que proponga metas a alcanzar no el año próximo, ya que resultaría increíble, sino en los años venideros; para ello, restaurar la seguridad jurídica, de la mano de una Justicia seria, independiente y rápida, y la reparación del tejido social, tan destruido por esta década viciada, se convertirán en las herramientas prioritarias.

Sólo me resta expresarle mis deseos de la pronta superación de esta temporada de tanto calor y, para usted y los suyos, el mejor 2014 posible, que aquí, en la Argentina, no será mucho.

Bs.As., 29 dic 13

Caso Milani/ Entrevista a Eduardo Anguita.

ARGENTINA

El General en su laberinto:

De impugnaciones, ascensos y paz social.


La Tecl@ Eñe entrevistó al periodista Eduardo Anguita para conocer su opinión acerca del ascenso a teniente General del Jefe del Ejército, César Milani. Anguita realizó un extenso análisis que abarca el debate sobre el pliego de ascenso, la labor del CELs en cuanto a recabar información sobre impugnaciones para promociones militares, las denuncias que pesan sobre el Jefe del Ejército por la firma del acta de desaparición del soldado Agapito Ledo y sobre la importancia del sostenimiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia para la consolidación de la paz social. Anguita también revela datos hasta ahora desconocidos, obtenidos mediante una conversación personal del periodista con Milani hace veinte días atrás.


Por Conrado Yasenza*

(para La Tecl@ Eñe)


-Conrado Yasenza: ¿Cuál es su visión sobre el ascenso de Milani?¿Hubiese sido preferible retirar el pliego, esperar a que se desarrollara una investigación judicial más exhaustiva  y una vez dictado el fallo promover su ascenso o denegárselo?


-Eduardo Anguita: Me parece que tu pregunta está abierta a una respuesta razonable si uno toma las pistas de cuándo se empezó a discutir el pliego de César Milani, que fue alrededor de junio de éste año, y  que en julio se aceleró obviamente por la designación de Milani como Jefe del Ejército. Pero de ningún modo esto implica que tenga que darse simultáneamente el ascenso. No necesariamente debe ocurrir eso. Alguien puede ser general de división y al mismo tiempo puede estar a cargo de la Jefatura Mayor del Ejército. Este es un primer detalle pero no menor. Lo que generó el debate no fue el cargo que desempeña Milani, porque esto es un resorte exclusivo del Poder Ejecutivo, sino con qué grado lo hace. Cuando la presidenta decide ponerlo a Milani al frente del ejército de inmediato se promovió el ascenso. Esta propuesta delineó una suerte de novedad, y digo novedad porque su expediente ya había sido bajado en otras oportunidades, en ocasión de otros ascensos porque estos necesitan que el Ejecutivo avale su legajo y que el legajo sea observado por organismos pertinentes. Cuando digo organismos pertinentes me refiero a que dentro del Ministerio de Defensa está el organismo de Derechos Humanos y existe otra área que sería la Jefatura de personal o como quiera llamarse, no recuerdo el nombre exacto, pero hay un área que tiene que ver con el desempeño profesional que permite evaluar si cuenta con las condiciones suficientes para ejercer el grado máximo. Dentro del organismo de Derechos Humanos del ministerio de defensa se evalúa si hay elementos que pudieran impedir esa promoción. Hay que recordar que a esta área se le dio vital importancia durante la gestión de Nilda Garré. ¿Qué se hace ahí? Digamos que se recaba información, vía la Secretaría de Derechos humanos y vía el área de jurídicos del Ministerio de Defensa, para ver si los militares promovidos para su ascenso tienen causas o han sido nombrados en alguna causa sobre Derechos Humanos, y digo nombrado porque no necesariamente debe estar imputación o procesamiento. Quiero referirme al CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) Desde hace muchísimos años, mediados de los 90 sin duda, el CELS es una de las organizaciones que ha sido convocada sistemáticamente en materia de Derechos Humanos y promociones militares, porque independientemente que haya sido convocada o no, el organismo realiza sus propias referencias. Hasta acá, nada decisivo pero sí importante porque esto fue en julio de 2013, pero hay una historia que demuestra que durante 15 años hubo infinidad de personas que no pasaron porque de pronto el ejecutivo vio la inconveniencia de meterse en problemas con las organizaciones de derechos humanos, y donde el CELS  desaconsejó en muchas oportunidades  la promoción de determinados militares. Esta historia, estos antecedentes, no se tuvieron  en cuenta y esa fue la combinación que resulto explosiva. En primer lugar, cuando a Milani lo promueven salta inmediatamente una situación que, por lo menos a efectos de lo que era el poder ejecutivo, la secretaria de derechos y el Ministerio de Defensa, no se había tenido en cuenta, y que era un dato muy importante: Es la denuncia que realizó Ramón Alfredo Olivera, ex detenido en forma ilegal, cuyo padre también había sido detenido de manera ilegal. Olivera denuncia su detención en Agosto de 1984 ante la Comisión Provincial de la Memoria en la Provincia de La Rioja, cuando Carlos Menem era gobernador. La explicación que yo encontré  en organismos oficiales sobre esa denuncia es que esa información, que el propio Olivera afirmó en un canal de televisión, no había sido glosada en la Secretaria de Derechos Humanos.  Y qué quiere decir que no ha sido glosada. Bueno, que figuraba en expedientes que no habían sido chequeados. Démosle la posibilidad, sobre todo al gran Eduardo Luis Duhalde, que se le haya escapado una cosa así. Bueno ésta es la primera anomalía que surge una vez que Milani asume como Jefe del Ejército. Pero de inmediato surge otra anomalía mucho más delicada.  Un  viernes de julio Milani concurre en forma 


espontánea al Juzgado Federal N°1 de la Provincia de Tucumán porque se había dicho que Marcela Brizuela de Ledo, la madre del soldado Agapito Ledo, se había mostrado altamente preocupada ante la designación ya que Milani había sido nombrado en el libro ?El escuadrón perdido? por la desaparición de su hijo, concretamente había sido nombrado junto con el capitán Esteban Sanguinetti que estaba al frente de un grupo de soldados del Batallón de Ingenieros  141  de la Rioja,  que estaba haciendo maniobras en el sur de Tucumán, en la localidad de Monteros. El libro de José Luis  D'Andrea Mohr, publicado a  mediados de  los  años `90, 

menciona concretamente las circunstancias en que son secuestrados 129  soldados. Entonces la denuncia que hace la mamá de Ledo había tenido estado público, nadie puede argumentar desconocimiento. Milani se presenta entonces  de manera espontánea en el Juzgado de Tucumán como lo había hecho ya en La Rioja, pero en Tucumán ocurre algo muy curioso: Se presenta un día viernes y en ese momento me llama un periodista tucumano, con quien trabajo, Ramiro Rearte, director de Radio Nacional Tucumán, y me dice que está ahí Milani. Le pido a Rearte que intermedie para darme una entrevista, por supuesto mencionando mi apellido, porque Milani me ubica. Cuando Milani termina de hablar con el juez Daniel Bejas, habla con Rearte en una muy pequeña entrevista grabada que se publica luego en Miradas al Sur el domingo. En la entrevista se desvincula de cualquier acontecimiento que lo pudiera involucrar con lo que se llamaba la deserción del soldado Ledo, deserción que a los efectos de una mirada real era el secuestro y desaparición. Yo ese domingo publicó una nota muy severa sobre las cosas que se le imputan, o por lo menos lo que se considera inconveniente, sobre el caso  Milani y  además agregamos la entrevista que le hizo Rearte, dejando la posibilidad para que Milani haga un descargo. Previamente hice llamados a la fiscalía del Juzgado Federal de Tucumán para saber si había algo que pudiera involucrarlo desde el punto de vista judicial  y recibo por parte del fiscal Pablo Camuña el comentario de que no había nada .Cuando el domingo leo Página 12 me entero que Vertbisky publica un documento que era tremendo: Nada menos que el parte de deserción del legajo de 


Ledo firmado por el teniente César Milani. Al ver la publicación lo llamo a Pablo Camuña y él me dice: De dónde pensás que sacó Vertbyski esa información; yo le digo que no tengo idea, a lo mejor de alguien del Servicio de Inteligencia que lo eligió a él. Era público que había una pelea entre la SI, que es el Servicio de Inteligencia, organismo que depende del Estado (NdR: La ex  Secretaría de Inteligencia de Estado-SIDE) y el general Milani, jefe de Inteligencia del Ejército.  Esas son cosas que se comentan pero no hay pruebas de nada. Yo le respondí 

eso al fiscal Camuña porque fue lo primero que se me ocurrió, pero él insistió diciéndome nuevamente y ya en un tono algo socarrón: De dónde creés que lo saco Vertbyski. Me quedé pensando y dije, claro, se lo dio Usted. Yo pude sentir lo que experimenta cualquier periodista al que no le dieron la noticia, pero más allá de eso, por mi grado de involucramiento vi lo que en criollo sería la figura del lobo disfrazado de cordero. Camuña nunca me lo contesta pero el  que sí lo hace es el general Cesar Milani con quién tuve una conversación muy extensa hace 20 días. Lo llame por teléfono, fui a su despacho y hablé con él, y ahí le pregunté si había visto el documento firmado por él sobre la deserción de Ledo, y me dice que sí, que se lo mostró el juez Bejas. Entonces yo le digo: Pero Rearte lo entrevistó a la salida y no comento nada sobre eso, nadie sabía que ese papel había sido firmado por Usted. Yo tampoco sabía, me contestó Milani.


- CY: ¿MIlani le dio esa respuesta?


-EA: ?No sabe la cantidad de partes de detención que firmé en 40 años de servicio?. Esa fue su respuesta.


- CY: Demasiado candorosa, no le parece.


-EA: Yo le tendría que haber dicho: Usted tendría que ir a su propio legajo y ver cuántos partes de detención firmó para ver si hay otros soldados que realmente hayan desertado o que hubieran desaparecido. Pero ante una sola persona desaparecida, si Usted se entera un día viernes de Julio y me lo comenta a mí en el mes de Noviembre, bueno, me parece que un General Jefe de Inteligencia, y ahora Jefe Mayor del Ejército, es una persona con rango más que suficiente como para rever esa situación.


- CY: Pero Milani firmó el acta de deserción?


- EA: Sobre esa acta debo decirte dos cosas. Milani me dio una larguísima explicación bastante interesante en la que sostiene que lo firmó en la localidad de Famailla, a una distancia en kilómetros bastante considerable de la localidad de Monteros. Vale decir que él no estaba en Monteros en el momento del  secuestro y la desaparición del soldado Ledo. Milani me insistía remarcando deserción ? no desaparición - como si estuviese hablando frente a un juez, anteponiendo el lenguaje leguleyo a los hechos que son evidentísimos. Él dice: Yo estaba en Famaillá a muchos kilómetros de Monteros y vino el sargento ayudante Morano, quién fue quién me informó, y como yo no tenía máquina de escribir lo hizo otra persona. Ahora bien, en el mes de Septiembre u Octubre el juez Bejas cita al entonces capitán Esteban Sanguinetti, Jefe del grupo de soldados del que fue secuestrado Ledo. Lo cita a declarar a Tucumán, le hace una larguísima indagatoria de varia horas y cuando termina la indagatoria Sanguinetti queda detenido con prisión preventiva. Lo detiene y cuatro días después le dicta la prisión, pero mientras tanto lo deja bajo arresto mediante un recurso que autoriza el código de procedimientos que permite que los primeros días quede en esa situación (que creo no puede exceder los 10 días corridos). La única concesión que le hace el juez Bejas a Sanguinetti es que fije la detención en la casa de unos conocidos en el barrio de Yerba Buena de Tucumán, es decir un permiso que desde el punto de vista procesal le permite estar en una situación más cómoda, aunque detenido. Sanguinetti en su extensa declaración dice que él le encomendó a Milani firmar esa acta de deserción, cuando no es necesario que lo firme un oficial, lo puede hacer cualquier suboficial. Por lo menos se abre un interrogante, porque Sanguinetti le dice al Juez que él ordenó que sea Milani el que lo firme.


Con toda esta larguísima explicación quiero dejar sentado lo siguiente: Tuvieron tiempo los senadores, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Defensa, las organizaciones de Derechos Humanos de ver todo esto. Pues bien, el CELS lo hizo. ¿Y que hizo el CELS últimamente? Le envió a Milani un listado de preguntas, que no son incriminatorias desde el punto de vista procesal, son preguntas de concepto y con las respuestas el CELS puede rever su rechazo inicial al pliego.


-CY: Un listado que incluso MIlani excedió en sus respuestas


-EA: Milani respondió y es público, figura en la página del CELS; es un descargo que al criterio del Cels y de quién te habla indica que es una persona inconveniente para dirigir los destinos del ejército. Las respuestas de Milani, desde el punto de vista de los conceptos profundos de los derechos humanos, evidencia criterios cerrados, no te diría de la doctrina de seguridad nacional, pero por lo menos cerrados desde el punto de vista de lo que es Memoria, Verdad y justicia. Sobre todo siendo una persona que está mencionada  en dos situaciones altamente irregulares y que lo podría incriminar judicialmente.


- CY: Las respuestas para un Oficial de Inteligencia son un tanto cándidas


- EA: Lo que te puedo afirmar es que las respuestas no indican que se declare un defensor acérrimo de los Juicios por los Delitos de Lesa  Humanidad, de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. Me parece que el debate se lo merecía y se taponó, se trató  de la noche a la mañana en la Comisión de Acuerdos del Senado, donde el oficialismo impuso su mayoría en el recinto sin esperar un debate público. Y también es verdad que hubo muchos senadores que tendrían que haber tenido otra actitud, tendrían que por lo menos haber planteado la duda.


Agrego dos datos más: Me resultó también inconveniente, con todo el respeto que me merece Hebe de Bonafini, la entrevista que se publicó en la revista de las Madres realizada por Hebe a Milani, y que luego fue emitida por la TV Pública. En la entrevista Milani, ante una pregunta de Hebe sobre si los militares pueden tener opinión política, responde que por protocolo no pueden tener opinión política pública, lo que no quiere decir que no  tengan convicciones políticas, pero no pueden hacerlas públicas por el lugar que ocupan en la defensa nacional. Milani, pese a eso, se manifestó identificado con el Proyecto Nacional. Yo creo que esto es altamente inconveniente porque si se me dice que él puede expresarse a favor del Proyecto Nacional, la pregunta que yo le hubiera hecho es por qué entonces un general diferente a Milani no va a poder expresarse en contra de ese proyecto. Porque si el principio rige para todos, rige especialmente para los jefes, y especialmente rige para aquellos que no tengan el paraguas del poder, es decir para que si en todo caso se va a proteger un derecho de expresión, sea un derecho de la persona que está ?más desprotegida? .Al defender los intereses de la Nación, una fuerza armada no puede estar sesgada por una bandería política.


Y por otra parte, si un jefe promueve una parcialidad política va de suyo que está estimulando, consciente o inconscientemente, a que otros jefes u oficiales de alto rango también expresen su bandera política.


-CY: Qué es un poco la historia del ejército argentino


-EA: Aquí hay un antecedente que se discutió en plena vigencia de la Doctrina de Seguridad Nacional, que fue en 1975 para la represión a la guerrilla, momento en  que Isabel Martínez designa al general Acdel Edgardo Vila. Entonces había un gran debate, porque Vila decía que el formaba parte del profesionalismo integrado, mientras que había otros generales, entre los que se encontraba Videla, que era quien lo seguía,  que decían que ellos defendían el profesionalismo aséptico. Era una pelea de un sector que estaba embanderado con el Operativo Independencia para torturar y matar con una fachada democrática, y un sector que representaba directamente la doctrina de la Seguridad Nacional, sin amortiguadores. Lo que digo es que ahora debemos tener las Fuerzas Armadas que establece la ley de Defensa,  que se votó en la época de Alfonsín y que reglamentó Néstor Kirchner en el 2007. Nosotros debemos regirnos por eso, y no que por una entrevista de Hebe de Bonafini a Milani demos por sentado este derecho que puede tener alguien a ser parte de un ejército del Proyecto Nacional. Porque entonces tenemos que dar un debate parlamentario serio para ver qué tipo de Fuerzas Armadas queremos. 


- CY: Ha habido posiciones fuertemente encontradas con relación al ascenso del General Milani. A su vez Milani ha manifestado que cree que hoy contamos con unas nuevas Fuerzas Armadas ¿Cree que hay una suerte de cambio, de renovación en las Fuerzas Armadas debido al desarrollo y sostenimiento de las políticas de Derechos Humanos?

-EA: El Debate público en torno al ascenso de Milani ha generado opiniones encontradas, inquietudes, diferentes visiones y lecturas de sectores políticos y de organismos de derechos humanos. Quizás el Gobierno haya salido mal de la cuestión Milani, quizá debería haber promovido un debate parlamentario más profundo. Ahora, si se observa la perspectiva del desarrollo de las políticas de la Ley de Defensa y las políticas de Derechos Humanos, nos encontramos con lineamientos acordes, coherentes. Pero además, el sostenimiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia implica saber que en la Argentina, entre civiles y personal de las fuerzas armadas y de seguridad, más de 1500 personas están o estuvieron involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado, y que 400 han obtenido sentencia y más de 300 se encuentran condenadas. En ese sentido, el eje cardinal de Verdad, Memoria y Justicia ha aportado a la paz social social.

Soldados y desalmados.

DE SOLDADOS....

 

De soldados y desalmados... por Gabriela Pousá

 Como ha venido sucediendo en la Argentina, nuevamente la coyuntura se erige protagonista. En ese sentido, pareciera que es la economía la madre de todos los problemas y explica el clima social de estos días. Sin embargo, nada cambiará esencialmente en el país si no se asume que la crisis va mucho más allá de los indicadores de coyuntura y la fría estadística. La génesis de pobreza que ha sido el objetivo de base de los gobiernos populistas no surge de economías maltrechas sino de la necesidad de crear rebaños que brinden lealtad ciega. El por qué los números no cierran halla primero su respuesta en la ética, y luego en la inoperancia de los funcionarios. Muy poco tiene que ver Marx, Engels o Keynes en nuestra decadencia. Cuenta Aristóteles que en Megara, "habiéndose apoderado del poder un partido populista, comenzó por declarar la confiscación de bienes contra algunas familias ricas y ya no le fue posible detenerse. Tuvo que hacer cada día una nueva víctima, y al fin llegó a ser tan grande el número de damnificados y despojados que formaron un ejercito paralelo al que, los demagogos, ya habían formado". En el año 2003, el kirchnerismo asumió la Presidencia con la prioridad de forjar poder no de gobernar la Argentina, ahí ya había un problema. Un magro 22% de votos servían para emprender una gestión administrativa pero no le garantizaban permanencia, y esa es y sigue siendo la meta. Desde entonces comenzó a gestarse la debacle que se vive en estos días. El matrimonio presidencial se auto proclamó como una suerte de autoridad moral por encima de todos los demás. Aparecieron reivindicando derechos que no estaban siquiera cuestionados, y ocupando un doble rol: de héroes sin magnas gestas, y de víctimas sin victimarios. En ese marco, como bien sostuvo Cristina, "los saqueos no fueron casualidad". Por supuesto que no. Desde Balcarce 50 se ha hecho mérito para llegar a ellos. Son una resultante de las palabras, actos y omisiones oficialistas. A diferencia del 2001, el hambre y la conspiración no fueron los primeros en tirar la piedra. Se les adelantó la descomposición del tejido social, por eso lo que causó más estupor fue el "todos contra todos". Las imágenes nos dejaron atónitos. Y ese es precisamente, el mayor daño que el kirchnerismo ha propiciado. La inflación podrá remediarse cuando prime la sensatez en la aplicación de políticas, y el mercado deje de ser eufemismo de Estado, pero la división de la sociedad es algo muchísimo más difícil de sanar. "Los hombres sienten que son un mismo pueblo cuando tienen una comunidad de ideas, de intereses, de afectos y de esperanzas. Eso es lo que constituye la patria. La patria es lo que uno ama", sostenía Fustel de Coulanges y agregaba que "la existencia de una nación es un plebiscito cotidiano". Hoy, hay cabal conciencia de no pertenecer al mismo pueblo. Nuevamente hay clases enfrentadas de forma malsana. Cada uno de nosotros nos hemos sentido tan ajenos a las hordas de saqueadores como a los dirigentes que, además, decidieron ignorar esos hechos y falsear la verdad. La comunidad de intereses es una anatema, y por haber sucumbido a la ley del menor esfuerzo, y a la tramposa comodidad del Estado paternalista que en apariencia nos facilitaba la vida, dejamos hace rato de participar de ese elemental plebiscito cotidiano. Optamos, conscientes o no, por ser meros habitantes y aunque echemos raíces, andamos como aves de paso no como ciudadanos. Aunque la obra sea para todos la misma, pocos son protagonistas, algunos son elenco o actores secundarios, y demasiados son apenas espectadores de una realidad que en su cotidianidad les resulta ficticia. Por eso es harto complicado lograr la unidad que conlleve a dar el paso trascendente desde esta maniquea "obediencia debida" a hacia el "punto final". Porque se equivoca quien cree que esta decadencia se puede remontar con los kirchneristas marcando la agenda y digitando la escena. Y no se trata de actitudes golpistas, sediciosas o "balas de tinta", se trata de entender que la base de esta dirigencia es arena movediza. Por consiguiente nada firme puede levantarse sobre ella. Llegaron con un cáncer y se ocuparon de hacer metástasis. Basta observar lo sucedido en la provincia de Formosa cuando una fundación como Conin intentó modificar algo desde un rol comunitario. A los pozos de agua que realizaron se los terminaron tapando y el problema no fue la inflación, ni el cepo ni el tipo de cambio. El problema fue y es la ausencia absoluta de moral o si se prefiere de humanidad. El egocentrismo reina. Lo mismo puede observarse con el fenómeno de los saqueos y hasta en los cortes de luz donde vecinos bloqueaban calles impidiendo pasar a sus pares. "Yo no tengo luz, vos no llegás a trabajar", parecía ser la sentencia endemoniada que no sirve siquiera para arreglar nada. "Mal de muchos, consuelo de tontos" reza el refrán, y la tontera se ha convertido en un deporte nacional. Vivimos o sobrevivimos sin un mínimo código de convivencia. Sin embargo, los argentinos no éramos así. Quizás fuimos ingenuos pero no perversos. Fuimos solidarios cuando se nos engañó vilmente con el fondo solidario de Malvinas, fuimos los que salimos corriendo a llevar colchones y víveres para los inundados... ¿Qué nos ha pasado? La respuesta es tan cruel como sencilla: nos pasaron diez años de ignominia por encima. Nos faltaron diez años de educación y de dignidad del trabajo. Nos sobraron diez años de modelos y ejemplos nefastos... Diez años haciéndose carne la concepción populista de la política con puestas en escena inauditas. La historia se ocupará de explicar el revés de la trama así como el tiempo está demostrando la falacia del relato. Basta recordar a un ex jefe del Ejército bajando un cuadro de un mandatario de facto, y observar que hoy es, ese mismo ex Jefe del Ejército, quien está siendo juzgado por peculado... Esa es justamente la gran paradoja de Cristina, su regreso a las fuentes destruidas. En mayo de 2003 destruyó las Fuerzas Armadas a las que ahora acude ante su paranoia conspirativa, como acude también al Episcopado después de haberlo desdeñado. La artífice de la transversalidad hoy se ampara en Perón y en Evita... El gobierno está retrocediendo sobre sus pasos no por arrepentimiento sino por necesidad. Le está pesando a Cristina el triste pacto con Irán, y está pagando caro el circo montado para expropiar YPF. Paradójicamente, las que ayer fueron sus banderas de triunfo popular ahora son sus mortajas, y los vítores y aplausos terminaron siendo lastres sobre sus espaldas. Pero es tarde para el perdón, no porque prevalezca el rencor sino porque no es genuina la intención. El "vamos por todo" aún no concluyó. Ese fue el mensaje preclaro que dejó el baile de la Jefe de Estado, el pasado 10 de Diciembre. La fiesta sobre cadáveres fue la radiografía exacta de la inmoralidad y la farsa que dejó sin maquillaje a la mandataria. Le lavó la cara. El ascenso de César Milani hizo el resto. Ahora la Argentina tiene un Ejército no subordinado a la Constitución Nacional como el descabezado hace diez años, sino al servicio del modelo nacional y popular, es decir, a su servicio. Y en rigor de verdad, nadie sabe para qué lo ha de usar...

El “think tank” kirchnerista “Carta Abierta” expresó hoy su rechazo a la utilización de las Fuerzas Armadas para resolver conflictos de seguridad interior.

 Además, reclamó por una “depuración y democratización” de las fuerzas de seguridad. 

Asimismo, calificaron de “extorsivo” su mecanismo de protesta dada “la capacidad de desestabilización que poseen”, materializada en los saqueos ocurridos hace dos semanas en todo el país.

“Expresamos nuestro rechazo a la tentación del uso de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) para intervenir en la política de seguridad interior”, señalaron.

Siguiendo la misma línea, exigieron por “una pronta reestructuración y depuración de las policías provinciales, emprendida y abandonada en distintas oportunidades en la provincia de Buenos Aires”.

Y agregaron “el estado actual de estas instituciones constituye una rémora del pasado dictatorial, incompatible con el proceso de democratización transcurrido en estos 30 años que legítimamente quisimos festejar”.

En cuanto al sector político convocaron al oficialismo y a la oposición a conformar “un Acuerdo para una Seguridad Democrática” como una “verdadera política de Estado”.

Finalmente, concluye “esta secuencia de alzamientos policiales provinciales y su coordinación creciente en escasos días dejó al descubierto su gran capacidad de desestabilización institucional y, por tanto, su margen para condicionar el funcionamiento democrático bajo la amenaza de abrir las puertas a un caos instigado que pone en jaque el propio entrelazamiento social”.

Graciela Ledo es la hermana de Alberto Ledo. La "causa Ledo" es una por las que fue denunciado el flamante jefe del Ejército, César Milani.

La hermana del conscripto Ledo reflexiona sobre Milani

Viernes 20 de Diciembre de 2013 17:58

''Hemos sido amenazadas hace 15 días''

JAI - Graciela Ledo, hermana de Alberto, un soldado desaparecido durante la dictadura militar, criticó con dureza el ascenso de César Milani: "Él participó en distintos allanamientos, desapariciones e interrogatorios. Estuvo presente cuando mi hermano desapareció; estoy segura que sabe cuál fue su destino".



Además, la hija de una de las referentes de Madres de Plaza de Mayo denunció que recibió amenazas hace dos semanas. 

"Sentí una gran decepción". Así se podría sintetizar lo que se cruzó por el corazón de Graciela Ledo cuando el senado de la Nación aprobó el ascenso del ahora teniente general César Milani. El actual jefe del Ejército está sospechado de haber sido cómplice y partícipe del secuestro y desaparición de su hermano Alberto durante la última dictadura militar.

Ledo no tiene ninguna duda sobre quién es Milani: "Participó en distintos hechos de allanamientos, desapariciones e interrogatorios. VIajó con mi hermano en el mismo contingente y estuvo presente cuando él desapareció". Además, reveló el rol que habría tenido el actual jefe del Ejército con respecto al paradero de su hermano: "Milani hizo el sumario de la supuesta deserción del Ejército de Alberto. Sabe cuál fue su destino". 

Ledo que es hija de Marcela, presidenta de Madres de Plaza de Mayo de la Rioja, denunció que ella y su familia fueron "amenazadas hace 15 días". "Nos dijeron que nos dejemos de joder con lo de Milani", agregó. La militante de derechos humanos contó en esta emisora que hizo la denuncia respectiva y que la misma recayó en un juzgado federal.

Otra de las denuncias más graves que hizo Ledo en diálogo con Radio Jai fue que Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, se negó a atender a su madre Marcela, cuando ésta buscaba apoyo para que Milani no sea promovido. En lugar de eso, Bonafini (a quien más de una vez el periodista Pepe Eliaschev calificó de "fascista y antisemita"), se sacó una foto con el jefe del Ejército. "Mi madre se siente muy decepcionada". 

Finalmente, Ledo aseguró que tanto ella como su madre no fueron llamadas por ningún medio oficialista para opinar sobre Milani y enseñó su enojo con varios senadores que, "en el afán de defender lo indefendible", sostienen que su posición es la típica de alguien de la oposición.

El rol del jefe del Ejército durante la última dictadura y su adscripción al modelo nacional y popular.

EL DEBATE POR MILANI
POR HERNÁN BRIENZA

El jueves por la noche, apenas unas horas después de la confirmación del nombramiento de César Milani como jefe del Ejército, en una cena de fin de año, un grupo nutrido de periodistas, militantes políticos, intelectuales, debatió sobre la conveniencia o no del nombramiento del general a pesar de las denuncias sobre violación de Derechos Humanos  durante la última dictadura militar. 

La importancia de la cuestión estaba presente en las dudas que, por primera vez, generaba un acto de gobierno en aquellos que simpatizaban, militaban, apoyaban la administración kirchnerista. Esa preocupación estaba dada por la sencilla razón de que las críticas a la designación de Milani pegan sin duda en el centro del discurso kirchnerista sobre los Derechos Humanos. 
Más allá de la patética argumentación de los senadores de la oposición, entre ellos, los hilarantes discursos de Gerardo Morales y Gabriela Michetti ?devenidos en paladines de los Derechos Humanos en los últimos quince minutos?, lo cierto es que el caso Milani abre un boquete en el discurso kirchnerista respecto del pasado reciente de los argentinos.
En la mesa del jueves las posturas diferenciadas eran las siguientes:
a) Los "irreductibles" que no aceptaban el nombramiento de Milani por considerar que cualquier tipo de participación en la dictadura militar imposibilita formar parte del staff de funcionarios kirchneristas. Encontraban una contradicción flagrante entre la política de Derechos Humanos de 2003 a la fecha y consideraban que no se estaba siendo fiel a esa política.
b) Los "integrados" que consideraban que si la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, había elegido a Milani como jefe del Ejército era porque no tenía otro cuadro militar y político que pudiera colocar en ese lugar. La argumentación se basaba en la confianza política a la mandataria: si a pesar de haber llevado adelante la política de Derechos Humanos que realizó, ella insiste con Milani es porque hay en esa designación mucha mayor importancia de la que la mayoría cree. 
Desde la "particularidad" y/o "excepcionalidad" de Milani como cuadro del proyecto nacional y popular hasta la decisión basada en la importancia estratégica que tiene Milani en las relaciones entre las Fuerzas Armadas de distintos países del continente. 
Incluso algunos de ellos consideraban que la relevancia del ahora teniente general está basada en su conocimiento del área de "Inteligencia". Obviamente, los defensores de esta mirada sostienen que Milani es inocente y que no tuvo participación en la represión ilegal en los años setenta.
No es fácil la cuestión: si Milani cometió o fue cómplice de un delito de lesa humanidad contradice flagrantemente los discursos sobre las políticas de Derechos Humanos del kirchnerismo. 
Si Milani es inocente, entonces, no hay conflicto posible. Pero ¿qué ocurriría si, por ejemplo, Milani hubiera tenido un comportamiento "acorde a las circunstancias"? ¿Cómo deberían replantearse los discursos de revisión sobre los años setenta? Y no se trata de aplicar la concepción de la Banalidad del Mal, de Hanna Arendt, que tan bien nos ayuda a comprender la mayoría de los casos, ni tampoco el de la Obediencia Debida, que tan mal explica algunas particularidades y justifica demasiado algunos atropellos. 
Se trata de pensar al hombre en sus circunstancias. En el año 2003, en el epílogo de mi libro Maldito tú eres. El caso Von Wernich. Iglesia y represión ilegal, escribí unos párrafos que me parece, vienen al caso: "Un concepto me llamó la atención tanto en boca de Carlos Girard (un ex militante montonero protagonista del libro) como en la pluma de Hannah Arendt: el de las circunstancias. El prolífico escritor francés Honoré de Balzac sostiene que 'los principios no existen; lo único que existen son los hechos. No hay ni bien ni mal, ya que éstos son sólo circunstancias'. La frase es peligrosa, lo admito, pero sirve al menos para hacerme algunas preguntas: ¿Mario Firmenich, Fernando Abal Medina y Norma Arrostito hubieran secuestrado a Pedro Eugenio Aramburu, por ejemplo, el día 16 de abril de 1996? ¿Von Wernich habría dejado de ser el Queque si se hubiera quedado en Concordia? Así formuladas las preguntas son tan estúpidas como creer que un hombre es un asesino por naturaleza o que elige ser un verdugo porque su madre le daba la sopa fría de chico o porque cualquier atrocidad que hubiera sufrido podría haberle formateado su personalidad. Una sola cosa más sobre el tema de las circunstancias. Jorge Luis Borges, en su artículo 'Nuestro pobre individualismo', sostiene despreocupado que 'en general, el argentino descree de las circunstancias'. Descreer de las circunstancias, pienso, es depositar toda la culpa y responsabilidad en el individuo que actúa. Y, se sabe, cuando la culpa está en un solo lado es más fácil señalar con el dedo y hacerse el distraído respecto de las responsabilidades propias, es decir, de las circunstancias de las cuales formamos parte todos los integrantes de una sociedad? Reglas físicas, ideológicas, morales y la memoria experimental influyen fatalmente en las decisiones que tome un individuo. De esta manera, el pensamiento estratégico siempre sirve más para entender los hechos que la lógica binaria de malos contra buenos. Una persona equis, entonces, realiza un mapa del lugar dónde está parado y con la mochila que lleva a cuestas toma las decisiones que él considera correctas en ese único e individual instante."
Seguramente, el caso Milani podría comprenderse sin dudas desde la mirada puesta en las circunstancias que hacen a un hombre. Firmar un documento que "dibuja" una deserción en vez de un crimen por orden de un superior, a los 22 años de edad, no parece ser un delito mayor al que cometió cualquier hijo de vecino que vio un secuestro callejero y no lo denunció por miedo, por ejemplo. 
De hecho, las circunstancias, por ejemplo, también sirven para que muchos que hoy critican a Milani hayan "comprendido" la actuación de Jorge Bergoglio como provincial de los jesuitas durante la dictadura militar. Por eso produce un poco de gracia ver a los escribas de La Nación rasgarse las vestiduras por el nombramiento de Milani y emocionarse hasta las lágrimas como escribió un influyente periodista de pluma truncada el día que lo nombraron Papa a Bergoglio. 
El problema, entonces, no está en qué haya hecho realmente Milani o Bergolglio o tantos otros durante la dictadura militar. La cuestión se encuentra en qué tan alto se ponga el listón del juicio, la exigencia moral, sobre las acciones, las conductas, y las decisiones de quienes vivieron aquellos años. Y utilizar una vara correcta para no andar cambiándola según las conveniencias políticas. 
Esa vara, claro, es la comisión comprobada de un delito de lesa humanidad. Nadie cree en su sano juicio que Milani es absolutamente inocente. Y tampoco nadie puede afirmar que Milani es absolutamente culpable. Seguramente, el juicio sobre su actuación habrá de ser mucho más complejo y contradictorio. 
Lo que sí es indiscutible es que lo que lastima, lo que molesta a muchos fariseos del pasado no es lo que Milani haya hecho en décadas anteriores. Milani es incómodo por su adscripción indiscutible a un proyecto nacional y popular.