Fallo de la Corte Suprema sobre el aborto en un caso de violación.

¿Vade retro Corte Suprema, discriminación religiosa o violación de las autonomías provinciales?

Por María Inés Franck (AA) En su edición impresa del lunes 28 de mayo, el diario Página 12 dedicó la tapa a una nota titulada “Vade retro, Corte Suprema de Justicia”, plagada de inexactitudes jurídicas, de manipulaciones ideológicas del lenguaje y de agresiones a la buena voluntad de la gente. Se aborda como tema central -y se critica- la reacción dispar y desconcertada de las provincias luego del fallo de la Corte Suprema sobre el aborto en un caso de violación. Desconocen los autores -a pesar de provenir esas notas de plumas formadas en las facultades de Derecho- las autonomías provinciales, y el hecho de que de ninguna manera un fallo de la Corte Suprema de Justicia puede dar “órdenes” a las legislaturas provinciales para que redacten un procedimiento en un sentido determinado. ¿No saben acaso que las leyes procedimentales son estrictamente locales y que es éste un principio constitucional de suma importancia? ¿Nunca leyeron aquello de que “los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las demás” (Constitución Nacional, art. 7º), o de que “cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones” (Constitución Nacional, art. 5º)? ¿Tiene el poder central residente en Buenos Aires que indicarle a las Provincias qué es lo mejor para sus habitantes ¿Cómo pueden sorprenderse, entonces, de que una provincia no “acate” ostensiblemente un fallo que no las afecta? De hecho, este “acatamiento” que varias autoridades provinciales están esgrimiendo, es un hecho político, o ideológico. De ninguna manera es -no puede serlo- un hecho jurídico. ¿Hasta cuándo vamos los porteños a avasallar los poderes y derechos de las provincias? ¿No vamos a dejar margen para que reglamenten y organicen aquello que la misma Constitución les autoriza? ¿No están en su derecho las Provincias al no darse por aludidas de una “orden” que no es para ellas (porque, si lo fuera, estaríamos violando uno de los principios básicos de la forma republicana, y de ninguna manera creemos que ésa haya sido la intención de la Corte Suprema)? Resulta que ahora, según las personas que firman la nota, las Provincias estarían obligadas a establecer un procedimiento para los abortos no punibles según el art. 85 del Código Penal. Pero no sólo eso, sino que además, este procedimiento estaría absolutamente cronometrado, reglamentado y medido –casi que ya estaría redactado hasta en sus más mínimos detalles-, de modo que si las Provincias, en uso de sus legítimas atribuciones constitucionales, deciden apartarse de estas directivas por un mínimo margen, en orden a asegurar mejor los derechos de todos, son acusadas inmediatamente de “anti derechos”, “permeables a las presiones de los obispos”, “irrespetuosas de las mujeres”, y demás epítetos. Se abordan también las iniciativas parlamentarias que buscan proteger a las mujeres y a los niños por nacer al mismo tiempo, descalificándose a sus autores. Para quienes redactan la nota, querer participar a través de la propuesta de textos legislativos y reglamentarios que amplíen y protejan los derechos humanos de todos los argentinos, es “obstaculizar derechos”. Pretender que, tanto la madre como el hijo, gocen del derecho a la vida, sería equivalente a “obstaculizar los abortos no punibles”. ¿Se habrá visto alguna vez una manipulación fraudulenta más grande del lenguaje? En cambio, la única medida que proponen es eliminar sí o sí a la persona por nacer, sin darle chance de vivir, sin intentar acompañar y ayudar a la madre para que pueda tenerlo. Eso no. Nunca se debe dar a la madre la libertad de tener al niño; no se le debe explicar que es una vida humana inocente. No, que no lo sepa. Sólo se debe realizarle un aborto, sin demasiadas explicaciones científicas más allá de una ideologizada retórica sobre los derechos humanos vistos desde determinada perspectiva con pretensión totalitaria. Y si a un grupo de personas se le ocurre la idea de intentar promover las dos vidas en juego (porque hay dos vidas en juego), la de la madre y la del hijo, ¡zas!: son los católicos que otra vez intentan meterse donde no deben. ¿Quieren decir estas señoras que los católicos –la mayoría de la población, por cierto- no podemos participar, por el simple hecho de ser católicos? ¿Qué no podemos hablar con legisladores, ni proponer medidas políticas y legislativas para ampliar los derechos? ¿Suponen que los católicos sólo estamos autorizados a rezar en las Iglesias y que debemos mantenernos al margen de la sociedad y la política? ¿No les recuerda esto las palabras “discriminación” y “totalitarismo”? ¿Quieren estas personas todo el terreno de los derechos humanos para quienes comulguen ideológicamente con ellas, negando el derecho a participar al resto de los argentinos, que no compartimos su ideología pero a quienes igualmente nos preocupan los derechos de la persona, de todas las personas? ¿Piensan que sólo ellos están interesadas en los derechos humanos? De hecho, pareciera que sólo les interesaran ciertos derechos humanos, los de ciertas personas, actitud muy loable por cierto, pero que descarta de plano a toda una categoría de seres humanos, por lo menos. En realidad yo veo que son varias las categorías descartadas: las personas –varones y mujeres- por nacer, las que padecen determinadas discapacidades, las concebidas por fecundación artificial, las que no son queridas por sus padres, y podría seguir enumerando más seres humanos discriminados por esta ideología. Se atribuye además a la Iglesia católica una actitud de complot cuasi medieval: obispos visitando en secreto a los señores feudales para amenazarlos con la excomunión, o el fuego eterno, o quién sabe cuántas atrocidades más, si no se pliegan a sus oscuros designios ideados para perjudicar los derechos del pueblo. Señores: ya hemos pasado esos tiempos, si es que existieron alguna vez. La Iglesia católica no tuvo el poder ni la influencia suficiente como para evitar la sanción de la ley 26.618, ni la 26.742, ni la 26.743. Entonces, atribuir un poder tal a la Iglesia católica es algo anacrónico. ¿No será tal vez que es impopular reconocer que las mismas autoridades provinciales, que en algunos casos (como el de Tucumán) ni siquiera profesan la fe católica, son concientes de la idiosincrasia de su pueblo, y la comparten, o al menos no quieren forzarla? Entonces, el chivo expiatorio es la Iglesia católica. Es que no queda bien reconocer que se quiere violar las autonomías provinciales… Y siempre es cómodo pegarle a la Iglesia: es una jugada sin riesgos, no puede salir mal. Pero de tan trillada, es ya aburrida, me parece… Se olvidan que la Iglesia habla en público y a la plena luz del día; que sus miembros simplemente quieren participar, hoy en día en situación de inferioridad política y económica, pero con todo el derecho de hacerlo, porque vivimos en esta misma sociedad, y lo que pase nos afecta a todos. No a un grupo de personas, sino a todos: a nosotros mismos en nuestras vidas personales, laborales y profesionales; a los docentes, a los médicos, a nuestros hijos… ¿O es que cuando alguien emite con fuerza una opinión que no está de acuerdo con la propia, en lugar de responder en el terreno de las ideas y argumentos, se lo hace descalificando al emisor con todos los epítetos posibles? Ya el título de la nota de Página 12 sugiere burla y agresión, además de una apreciación conceptual errónea, como hemos afirmado en estos renglones. ¿Nos hemos acostumbrado los argentinos a esta lamentable y agresiva forma de intercambio? Ojalá podamos reflexionar sobre estas cosas y aprendamos a escucharnos con respeto y a argumentar con honestidad intelectual, sin discriminar por motivos de creencia o religión.