Un balance necesario.

DICIEMBRE, MES DE CAMBIOS

(AW) El año que termina encierra enseñanzas sobre las cuales reflexionar, especialmente para extraer pequeñas orientaciones que permitan transitar un 2015 en mejores condiciones.Se nos plantea una obligación histórica:poner sobre la mesa la cuestión del poder de los trabajadores y el Pueblo en Argentina y de qué manera lo construimos. Mesa de dirección de la Agrupación Leandro Fote.  Desde luego, este ha sido, de los últimos, el año de la inflación. Más allá de la negativa intransigente del gobierno a reconocer cifras superiores, acusando a cualquiera que se atreve a sugerir un índice superior al 24% de “golpista” (como Caló en los últimos días), lo cierto es que los aumentos se hacen sentir sobre los bolsillos de los trabajadores y obliga a todos los “presidenciables” a hablar del tema y a sugerir recetas. Es que el 40% (estimado, en promedio, por casi todos) ha perforado el techo de las paritarias (en general, de un 30%) y obligó, a propios y a extraños, a buscar alternativas a la crisis de los bolsillos de millones de trabajadores en blanco: bonos de fin de año, rediscusión del piso de ganancias, reapertura de paritarias (como en el caso de telefónicos). Estos fueron algunos de los elementos que en el último mes saltaron a la escena, incluso desde la burocracia kirchnerista. En noviembre, por ejemplo, se volvió a superar el piso del mes anterior, llegando a un 2,1%, lo cual redunda en un acumulado interanual del 38,9%. La crisis económica, reconocida por todos (excepto por el gobierno) indudablemente repercutió en las vidas de miles de familias que, además de tener que soportar un mayor peso inflacionario, transita con el temor desatado por la oleada de despidos y suspensiones que se vienen acumulando desde el año pasado y que en 2014 se acercó a los 400 mil empleos perdidos. Del total de trabajadores, entre 3 y 4 millones se encuentran en situación precaria o abiertamente desocupados, y cerca del 25% de quienes están “en blanco”, por debajo de la canasta familiar o afectados por el impuesto al salario. La crisis, la cual ya nadie puede negar seriamente, ofrece como observables las caídas de la industria (7% interanual), las importaciones (10%) y notables descensos en las ventas de vehículos, propiedades y alimentos. Frente a ello, la política de numerosas empresas ha sido la de afrontar la situación mediante despidos, suspensiones y recortes de sueldos, a partir de la colaboración de las burocracias sindicales y, desde luego, la criminal complicidad del gobierno. Ahí está el caso de Shell, que desoyendo la medida cautelar de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, decidió no reincorporar a Fernando Luna, despedido el 30 de abril. Similar fue la situación de Analía Portillo, quien sí pudo volver a su trabajo en la empresa. COTO Santa Fe resolvió suspender a 200 de los 800 trabajadores de grandes salones a partir de la “pretensión desmedida” de descanso dominical; cuando se resolvió la conciliación obligatoria, para que volvieran a sus puestos de trabajo, la empresa la desconoció. La misma posición hiperexplotadora comparten Carrefour, Libertad y Jumbo. El gobierno que plantea “a los noventa no volvemos”, mantiene un decreto menemista claramente ilegal. En la rosarina Echesortu Sport, otros 25 asalariados se vieron en la calle a partir del despido, sin causa, por parte de la empresa. En agosto la empresa Cresta Roja dejó cesantes a 1.200 trabajadores que no fueron despedidos formalmente ni notificados del cese de producción de la planta. Felfort despidió a 80 personas sin previo aviso a fines de octubre, sin importar si entre ellos se encontraban trabajadores con más de dos años de antigüedad o embarazadas. Lo mismo sucedió en Branca, Honda, Paraná Metal, Gestamp, Donelley, Calsa, Copetro… y siguen las firmas. Quizás el caso emblemático sea el de Lear, por donde han desfilado todas las organizaciones posibles, con resultado dispar, para dar una muestra de la situación en que nos encontramos como fuerza del campo popular, y de la violencia con que enfrentan los gobiernos (nacional y provincial) a los que salen a la calle a defender, mínimamente, sus puestos de trabajo. Desde que empezó el conflicto, una vez cada diez días los trabajadores de Lear fueron reprimidos. Cada vez que intentaron cortar la Panamericana, la respuesta de las fuerzas de seguridad fue la misma, con despliegues teatrales que bien podrían ser para una película que compitiera por el Oscar. El “gendarme carancho” López Toral, jefe del destacamento 1 de Gendarmería que estaba a cargo del operativo, Berni y su helicóptero, un jefe de inteligencia detectado, la promoción 111 del Ejército, de la cual son la mayoría de los generales que acompañan hoy al jefe del Estado Mayor César Milani, disparos a cinco metros, asambleas fraguadas por la burocracia, son algunos de los elementos que arrojó el conflicto. La respuesta popular, en tal sentido, ha sido la denuncia permanente de las situaciones de aprietes, extorsiones, amenazas y represión. Toda esta escena política que lleva más de seis meses no puede caer en la ingenuidad de que se desarrolla con una autonomía de los actores que llevan la puesta en escena, sino que cuentan, tanto el Secretario de Seguridad, la Gendarmería, como el ex represor, torturador y ahora servicio secreto, con el aval político para reprimir por parte del gobierno kirchnerista autoproclamado de los derechos humanos, y desde luego con la complicidad traidora del Smata. Sin embargo, desde nuestra humilde posición, consideramos que, más allá de “poner el cuerpo”, en ocasiones es oportuno defenderse: de un tiempo a esta parte, además de las denuncias sobre las barbaridades de las fuerzas de seguridad, casi el total de los muertos los ha puesto el pueblo, sin que se reconsiderara la posición por parte de ninguna organización. Es apropiado llevar el debate a las asambleas en lucha y a sus organizaciones la necesidad de ser conscientes y claros cuando salimos a la calle y proclamamos nuestro digno deber de salir a luchar por nuestras fuentes de trabajo. No solo es todo aquello que conlleva la palabra luchar en pos de la defensa de nuestras fuentes de trabajo, sino también de nuestra defensa física cuando salimos a cortar una ruta, a bloquear una fábrica o directamente a tomarla. En contraposición tenemos a los trabajadores de Emfer-Tatsa, quienes resistieron el cierre de la planta y el intento de echarlos por parte de las distintas fuerzas de seguridad. Cuando cortaron la General Paz fueron duramente reprimidos en su primer intento, y tuvieron varios heridos y un detenido; pero luego de una retirada para reorganizarse, volvieron con la decisión política discutida y con mandato en asamblea de recuperar la calle, inclusive al costo de enfrentar la represión, mandando a 17 efectivos al hospital. La pulseada política fue notablemente ganada, y hoy se encuentran esperando la definición acerca de sus nuevos puestos de trabajo, obligando al Estado a abrir una mesa de diálogo que se empeña en cerrar a todos los trabajadores organizados que pretenden defender sus fuentes laborales, absorbidos por el Ministerio del Interior y Transporte al ser una proveedora de insumos para los ferrocarriles. En esa situación, negociaron mantener la antigüedad y el salario, lograron superar las causas penales inventadas y firmar un acta de preacuerdo sobre los puntos centrales. Estos ejemplos, tomados de los últimos conflictos, muestran claramente dos formas de responder ante el avance de las patronales y los aparatos represivos del Estado que, como se podrá notar, dejan resultados diametralmente opuestos, en un marco político que se viene agudizando en este último año debido a la crisis financiera mundial del cual el país no es ajeno. En ese contexto, la solución es la misma de siempre: golpear a la clase trabajadora, que por circunstancias de desorganización y faltas de perspectivas políticas reales es la más vulnerable y también la más viable para recibir el golpe por parte del Estado y su ajuste. Pero resulta que al momento de aplicar las viejas recetas neoliberales se encontraron con algunos sectores organizados que resisten esas políticas de ajuste, despidos y suspensiones. Y como dice la vieja ecuación: el ajuste no pasa sin represión. Tenemos, por otro lado, millones de trabajadores en negro, mal remunerados, debiendo cumplir múltiples funciones, tercerizados, que no forman parte de las tapas de ningún diario, no tienen espacios televisivos ni generan amplia repercusión entre quienes se disputan, en primer lugar, quien coloca la bandera más visible, desatendiendo lo trascendental que es, en definitiva, la situación de los trabajadores. *** A todo lo mencionado acerca de la colaboración solidaria del Estado prestando los servicios represivos necesarios a las empresas, habría que agregarle el debate sobre el Código Procesal Penal, cuyas modificaciones (y el debate correspondiente) fueron aberrantes, correspondiéndose con lo antipopular de los parlamentarios en general. ¿Qué cambia con la reforma penal? Por ejemplo, el artículo 185 da la facultad a un Juez de encerrar a un individuo de forma “preventiva” cuando este considere que puede entorpecer el proceso o que puede fugarse. Con ello, todo individuo pasa a ser culpable hasta que se demuestre lo contrario. Teniendo en cuenta para qué clase social trabaja el sistema judicial, otorgarán más poder a los jueces para judicializar a quienes “sobran” o simplemente “cuestionan”, y de esta forma engrosarán la cantidad de los hasta hoy más de 6000 procesados por manifestarse en contra de este sistema, ya que en el mismo artículo se menciona la figura de “conmoción social” el cual en el momento histórico que nos encontramos, esa figura puede ser muy amplia como así también su uso.  El Código refuerza las posiciones “duras” de Berni, sobre todo en relación al castigo preventivo de los extranjeros y a la estigmatización de la pobreza. La xenofobia que se desprende de criminalizar a los inmigrantes y a los jóvenes de los sectores populares es impresionante, sobre todo si tenemos en cuenta que, solo tomando a la provincia de Buenos Aires, alrededor de un 30% de quienes se encuentran encarcelados son víctimas de causas armadas, que deben transitar meses de trato infrahumano por crímenes que no cometieron. Vuelve, por otro lado, a las políticas de principios del siglo XX, con la famosa “Ley de Residencia”, que autorizaba a expulsar a anarquistas, simpatizantes, militantes o cercanos porque “vienen a delinquir”, esto es, a cuestionar la injusticia del sistema, como les sucedió, por otra parte, a trabajadores de los casos mencionados más arriba. Quedarán exentos seguramente los “amigos” que colaboran con campañas electorales con valijas de narcodólares, ni los que fletan aviones privados de funcionarios estatales o de los grandes distribuidores de drogas que tienen sus bunkers en barrios privados o en el mismo Nordelta donde vive uno de los candidatos presidenciales.  Desde luego, en ninguna parte se menciona la participación de las policías provinciales o Federal en las redes de trata o de narcotráfico, las torturas, las causas armadas, la corrupción o las zonas que liberan para que sus muchachos “vayan a trabajar”, es decir, desviar el eje de la discusión sobre los elevados niveles de descomposición social como resultado de sus políticas y culpar a los extranjeros de la delincuencia parece ser otro de los claros objetivos. Otro problema que deberíamos agregar es el de las policías municipales, una suerte de grupos paramilitares con financiamiento de los gobiernos provinciales y municipales, reclutando de las barriadas a jóvenes sin perspectivas de futuro que ven como única salida laboral pasar a ser un perro guardián del sistema y los que lo sostienen, para reprimir a los sectores más humildes, los trabajadores y los que pretenden organizarse contra quienes los oprimen. Tal es el caso del C.O.T. que se dedica a golpear a chicos y jóvenes en barriadas en un claro acto de represión preventiva por el solo hecho de ser un potencial sujeto de cambio social si llegara a cuestionar su condición de vida. Y esta nueva “forma” de control bajo el histórico pretexto de generar más seguridad para los ciudadanos de “bien” se comenzaría a implementar, “casualmente”, en municipios como Malvinas Argentinas, San Isidro y otros donde la desigualdad social es de las más altas. Siguiendo con la participación especial del Congreso en las líneas estratégicas de la política, un párrafo especial merece la “Ley Chevron”, mal llamada “Ley de Hidrocarburos”. Como destacamos en su momento, se trata de una legislación aún más entreguista que la de Onganía, ya que el dictador al menos estipulaba la superficie a conceder, y ponía como tope cinco áreas por empresa. En este caso, en sintonía con los proyectos privatizadores noventistas (a los que discursivamente se dice combatir), se reducen significativamente los requisitos: el techo del 12% de regalías (el más bajo del continente), se autoexcluye como Estado de explotar y explorar, no consulta a los habitantes de esos espacios (desconociendo el artículo 169 de la OIT, incluido en la Constitución), y, lo que es más grave, no tiene ningún reparo sobre el posible impacto ambiental. ¿Y EL AÑO QUE VIENE? Scioli, Macri y Massa se plantean como los candidatos más firmes a ocupar el sillón presidencial a fines del próximo año. Cada uno con sus particularidades, son la expresión de distintas tendencias dentro del capitalismo financiero. El primero, que se trata de presentar como “continuador” del modelo “nacional y popular”, fue la opción del gobierno menos deseada pero más efectiva para no seguir perdiendo terreno frente a Massa y quienes saltaban el cerco para acercarse al tigrense. El eje de su campaña, anunciada en el egreso de diez mil cadetes de la Vucetich a fines del mes pasado es la inseguridad, en sintonía con los “populares” Berni y Granados. En la provincia rige la Emergencia en Seguridad desde abril, lo que sirvió para introducir en los partidos del conurbano más policías, gendarmes, prefectos y policías municipales, lo cual coincidió con el aumento exponencial de la tasa delictiva, del tráfico de drogas, los casos de gatillo fácil y las causas armadas y que sirvió para que, en el acto del PJ en La Plata el precandidato sentenciara que “los únicos que podemos gobernar la Argentina somos los peronistas”. Macri, por su parte, es un claro exponente del capital financiero y especulativo, cuya máxima expresión son los constantes embates para rezonificar y posibilitar la entrada de nuevos capitales inmobiliarios en la ciudad y cuyos candidatos, a lo largo y ancho del país, son similares alos propuestos por el menemismo: actores, deportistas, y mediáticos de todos los colores (Miguel del Sel, Baldassi, Telpul, Espínola, Olmedo… Massa, por su parte, hace alarde de la revolución tecnológica en la guerra contra la inseguridad. Tigre, ciudad virtualmente ocupada por los narcotraficantes, prolífica en countries y barrios marginales, ha posibilitado el salto del intendente a la política nacional luego de que fuera, durante años, parte del riñón del propio gobierno. En ninguno de los casos se prevé una transición pacífica entre uno y otro gobierno. En el actual escenario de crisis política e ideológica, cada uno “atenderá a su juego” según le convenga: los K (de acuerdo a la fracción que corresponda), como representantes de la resistencia; la burocracia sindical, como defensores de las conquistas de la “década ganada”; el resto de la oposición, condicionando al virtual ganador. De hecho, ya lo anticipó, para este año (aunque tuvo que volver sobre sus dichos), Luis Barrionuevo, aludiendo a posibles saqueos. En términos estructurales, quien deba afrontar el próximo gobierno se encontrará con un déficit fiscal récord, favorecido por los nuevos vencimientos de deuda, las firmas públicas y los subsidios que, pese al aumento de tarifas anunciado, se mantienen en niveles inimaginables. Diciembre, en ese sentido, se prevé como mes de emisión récord, que, junto al endeudamiento sirven como parche para evitar la creciente fuga hacia el dólar de los sectores con capacidad de ahorro por un lado, y por otro a atenuar el impacto mensual inflacionario. Por último, en términos de profundización de la dependencia, durante el año se afianzaron las concesiones hacia las “economías emergentes”: los acuerdos comerciales con China (Belgrano Cargas, represas en Santa Cruz), Rusia (central atómica) y las licencias entreguistas en materia de comunicaciones (red 4G, ley sobre “triple play” para las telefónicas), lo cual redunda en una mayor entrega de nuestros recursos naturales y estratégicos. El llamado “fortalecimiento de la región”, a partir de los acuerdos comerciales con Brasil, por su parte, ahonda la reprivatización de la economía, ya que las importaciones desde nuestro vecino, sumadas a las chinas, han destruido ramas estructurales de la producción. MIENTRAS TANTO… Frente a tamaño escenario, se nos plantea una obligación histórica: aportar al avance de la construcción de una alternativa político-revolucionaria, guevarista, que potencie la construcción de fuerza social revolucionaria. Es momento de visualizar nuestros objetivos desde una perspectiva de clase, pero no desde el mero discurso, sino que debemos transitar el debate acerca de la unidad y otros debates como un camino signado por los intereses de los trabajadores y oprimidos, y no marcado por las pretensiones de cada una de las abundantes siglas. Nuestra tarea es poner sobre la mesa la cuestión del poder en Argentina y de qué manera lo construimos: El poder de los trabajadores y el pueblo.