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¿Cómo y para quién?
(AW) El siguiente trabajo investigativo da cuenta y se refiere a la temática planteada como una problemática social de la actualidad: la inseguridad ciudadana. A partir de esta cuestión, trataremos de vislumbrar su veracidad y legitimidad como problema, y del respectivo reclamo social de mayor seguridad a partir de las mismas, rastreando si el origen es puramente del conjunto social o como repetición de discursivas mediáticas y políticas.
Por: Fernando Barrionuevo, Paula Gravelloni y Ricardo Zabaljauregui
Indagaremos al mismo tiempo, en la legitimidad de la presencia policial y si factiblemente mayor presencia policial asegura y garantiza la seguridad ciudadana, sumada a la lógica de penas mayores para quienes delinquen rastreando otras similares a lo largo de la historia.
Metodología
Nuestro trabajo está basado en el análisis y estudio de distintas investigaciones sobre esta temática de la seguridad/inseguridad ciudadana desde organizaciones dedicadas exclusivamente a esta cuestión, datos estadísticos, artículos académicos y periodísticos, películas/documentales, archivos audiovisuales de medios de comunicación, discursos y debates públicos y políticos, análisis de leyes, normas y artículos de la Constitución Nacional, y propuestas de leyes, normas y artículos en el Congreso.
Tuvimos la intencionalidad de realizar entrevistas a miembros de las fuerzas policiales, destacamentos, los cuales se negaron aduciendo que “no tenían facultades para realizarlas”, argumentando con su decreto reglamentario de la Ley 21 965 (Ley para el personal de la Policía Federal Argentina. Videla-Hargindeguy Riva- Martínez de Hoz, 27 de marzo de 1979) en su art. 34: “salvo autorización expresa de la Jefatura, el personal en actividad o retiro no podrá prestarse a reportajes ni emitir públicamente su opinión en asuntos de carácter oficial o vinculados a la función o a los intereses policiales”
Es muy curiosoque utilicen los mecanismos de la legalidad y la arbitrariedad de la misma ley para escudarse, siendo esta perteneciente a la fuerza de Policía Federal y no a la Bonaerense.
Seguridad Ciudadana como concepto
Ningún problema social nace de un repollo. En este caso, la “inseguridad” se ha convertido en una problemática cotidiana y común, necesidad, en nuestra ciudad y nuestro país durante los últimos años, en sentido tal que incluso se ha naturalizado el reclamo homogéneo y unilateral de mayor seguridad en distintos sectores de la sociedad.
En ese sentido, debemos partir de la definición de la seguridad ciudadana como clave para este trabajo.
La Seguridad Ciudadana, es entendida en América Latina a partir de las transformaciones en los pasajes de regimenes autoritarios y dictatoriales a sistemas gubernamentales democrático-burgueses, utilizando los términos de seguridad pública, seguridad interior, seguridad humana y orden público en los primeros procesos en relación a la seguridad desde y del Estado; y el de seguridad ciudadana, en sintonía a la construcción de ciudadanía apuntada al humano desde las políticas de los procesos democráticos y en clara vinculación con los derechos humanos.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, se entiende a la seguridad ciudadana como
“la situación social en la que todas las personas pueden gozar libremente de sus derechos fundamentales, a la vez que las instituciones públicas tienen la suficiente capacidad, en el marco de un Estado de Derecho, para garantizar su ejercicio y para responder con eficacia cuando éstos son vulnerados (...) De este modo, es la ciudadanía el principal objeto de la protección estatal. En suma, la seguridad ciudadana deviene una condición necesaria –aunque no suficiente- de la seguridad humana que, finalmente, es la última garantía del desarrollo humano. Por consiguiente, las intervenciones institucionales destinadas a prevenir y controlar el fenómeno del delito y la violencia (políticas de seguridad ciudadana) pueden considerarse una oportunidad indirecta pero significativa para, por un lado, apuntalar el desarrollo económico sostenible y, por otro, fortalecer la gobernabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos”[1]
Y es desde esta perspectiva de los derechos humanos que podemos ampliar el concepto:
“en el ámbito de la seguridad ciudadana se encuentran aquellos derechos de los que son titulares todos los miembros de una sociedad, de forma tal que puedan desenvolver su vida cotidiana con el menor nivel posible de amenazas a su integridad personal, sus derechos cívicos y el goce de sus bienes, a la vez que los problemas de seguridad ciudadana, se refieren a la generalización de una situación en la cual el Estado no cumple, total o parcialmente, con su función de brindar protección ante el crimen y la violencia social, lo que significa una grave interrupción de la relación básica entre gobernantes y gobernados”[2]
Seguridad Ciudadana como reclamo social y política de Seguridad como política de Estado
La reivindicación de la seguridad ciudadana como reclamo social, puede rastrearse en Argentina a finales de los años 90, etapa de política estatal neo liberal que genera distintas fracturas en lo social a partir de la marcada tendencia cultural al individualismo, a la competencia por el ascenso económico, la generación de desocupación, desempleo, la falta de cobertura previsional, entre otras cuestiones de alejamiento del Estado, que en definitiva ampara a los sectores privados por sobre la sociedad en sí, con claras políticas y legislaciones tendientes a la privatización y al endeudamiento, en pos del beneficio de estos sectores privados, también a través de legislaciones blandas, como las de flexibilización laboral, el ajuste económico; en definitiva, cambios en cuanto al rol social del Estado que quedaba reducido a funciones de puente entre privados, a sus negocios y a una brecha social más amplia; es decir, el tiempo en el que se fortaleció el lema “Más Mercado y menos Estado”[3].
[1] PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 1994. Disponible en http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh1994/capitulos/espanol. El Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010 señala que "sin negar la importancia de otras dimensiones de la seguridad humana, vale destacar cinco características de la seguridad ciudadana que le dan una centralidad, una urgencia y un cariz muy especiales. En primer lugar puede decirse que la seguridad ciudadana está en la base de la seguridad humana(...) En segundo lugar que la seguridad ciudadana es la forma principal de la seguridad humana (…) En consecuencia, y en tercer lugar, la seguridad ciudadana garantiza derechos humanos fundamentales. En cuarto lugar (…) la seguridad respecto del crimen es una componente esencial de la ciudadanía (…). Por último, pero de singular importancia, la seguridad ciudadana atañe inmediatamente a la libertad que es la esencia del desarrollo humano(…). Ver http://hdr.undp.org/es/informes/regionalreports/americalatinacaribe/name,19660,es.html.
[2] Aguilera, Javier, "Sobre seguridad ciudadana y democracia" en Buscando la seguridad. Seguridad ciudadana y democracia en Guatemala, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) - Programa Guatemala, Guatemala, 1996.
[3] Castellani, Ana (2002): “Implementación del modelo neoliberal y restricciones al desarrollo en la Argentina contemporánea” en Schorr, et.al. Más allá del pensamiento único. Hacia una renovación de las ideas económicas en América latina, Buenos Aires: CLACSO-Unesco.
Pero en cuestiones propiamente dichas acerca de la seguridad ciudadana en el ámbito político, es Carlos Ruckauf (de pasado cercano a la represora e ilegal Triple A al ser Ministro de Trabajo de Isabel Martinez de Perón y estar vinculado a la desaparición de 14 obreros de Mercedes Benz durante el gobierno de facto que inició a partir del Golpe de Estado del ‘76) candidato por el Partido Justicialista a gobernador por la provincia de Buenos Aires en 1999, quien mientras iba perdiendo imagen contra su oponente Fernandez Meijide, de la Alianza, comienza a instalar discursivamente la lógica de mano dura a través de cambios legislativos y represión desde la policía provincial.
Recordamos citando al ex vicepresidente y gobernador en un artículo en un diario de la época:
“el vicepresidente decidió poner el acento en uno de los temas que más sensibiliza a la opinión pública: la inseguridad. Decidió apuntar a la franja del electorado que apoya las ideas del ex subcomisario Luis Patti. Y dio a conocer su nueva doctrina de seguridad provincial:
<p> “Cuando un ciudadano está siendo amenazado de vida (sic) por un delincuente, el policía lo que tiene que hacer es dispararle al delincuente para que no mate al ciudadano. Esa es la opción. No hay una tercera opción.”</p><p> “Hay que entrar en todas las villas con los efectivos necesarios para acabar con el delito. La policía está capacitada, hay que dar las instrucciones y las decisiones de combate. Pero démosle las normas, no sea cosa que entre un policía a uno de esos lugares, mate alguno y después aparezca algún abogado de delincuentes a decir que el asesino es el policía.”</p><p> “Si me eligen gobernador, voy a dividir el ministerio en uno de Seguridad y uno de Justicia. Va a haber un jefe de policía uniformado con una cúpula vertical estructurada, y un jefe de policía por cada municipio.”</p>Para que no queden dudas, su compañero de fórmula, Felipe Solá, agregó sin eufemismos: “La única posibilidad es defender la sociedad a balazos”.”[1]
Finalmente, con la victoria de Ruckauf, los Ministerios fueron separados, Aldo Rico un ex cara pintada asumió el Ministerio de Seguridad; y la política represiva y de mano dura se hizo notar, sobretodo en los barrios más pobres y que más sufrió las consecuencias negativas del modelo neoliberal.
No sólo por una cuestión de imagen sonriente de campaña, sino que esta lógica punitivista y represiva, puede estar emparentada a la lógica política estadounidense de la “Zero Tolerance” o Tolerancia Cero del Alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, quien ejerció ese cargo en 1994 hasta 2002. De hecho, Ruckauf llegó a estar “codo a codo”[2] con él.
“Las comparaciones son odiosas”, dice un viejo dicho, pero las coincidencias son irrefutables: plantear que la inseguridad se resuelve sólo con más actividad y presencia policial es una característica de Giuliani, quien se vio embanderado como héroe ya que la desocupación y el delito bajaban por la prosperidad económica de EEUU en ese entonces, pero la idea era mostrar que el éxito se debía a las políticas de mano dura sobre la “población sobrante”.[3] Y también, a su accionar de rescate luego de los atentados a las Torres Gemelas en 2001, un año antes de su fin como alcalde.
La política de “Cero Tolerancia”, está basada en el artículo sociológico de “Las Ventanas Rotas” [4], donde James Wilson afirma que el desorden pequeño conduce a otro mayor, y cada vez mayor, y quizás hasta el crimen, por lo que las medidas políticas tienen que ser tendientes al control urbano, por ejemplo con mayor presencia policial, presencia de policías civiles, represión policial para controlar el delito callejero y toda conducta infractora, es decir, concentrar la atención en delitos menores y contravenciones a través del uso de la fuerza policial. Estas medidas fueron tomadas en Boston, Estados Unidos primariamente por el Comisionado de Policía, William Bratton, quien luego se dirigió por pedido de Giuliani a Nueva York, donde se registró abuso de autoridad policial, violaciones a los derechos humanos, superpoblación en la cárcel de sectores pobres, de procedencia latina y afro descendientes. Se destaca la política de “Stop and Frisk” (parar y cacheo), similar a las razias ejercidas por las fuerzas represivas en épocas dictatoriales en Latinoamérica y específicamente en Argentina, donde hoy siguen vigentes a través de las policías locales y provinciales en barrios pobres.
La lógica del reclamo de seguridad nos lleva hasta el año 2004, donde se da inicio a unas multitudinarias marchas luego del crimen de Axel Blumberg, hijo de Juan Carlos Blumberg empresario textil. Axel habia sido asesinado por secuestradores que toman la decisión luego de tirotearse con miembros de la policía bonaerense.
En este contexto, y luego de 3 secuestrados asesinados, comienza a solicitarse reformas legales encabezadas por Blumberg. Recordamos el petitorio que fue dirigido y entregado a los titulares del Senado, el vicepresidente Daniel Scioli, y de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño:
1- " Una ley que reprima la portación de armas con pena de prisión no excarcelable".
2- "Una ley que obligue a la registración pública de la telefonía celular móvil con indicaciones de los datos personales del titular y su documentación. Asimismo, se registren quiénes venden o alquilen dichos aparatos. Prohibición de venta a quienes registren antecedentes penales. Regular la facultad de las fuerzas de seguridad a verificar la titularidad en la vía pública y al secuestro de la tenencia irregular".
3- "Adoptar un sistema de documentación personal (DNI) que impida su falsificación o adulteración, similar a lo implementado en los pasaportes".
4- "Legislar un sensible aumento en las penas mínimas y máximas para los delitos de homicidio, secuestro y violación (mínimo 20 años). Establecer un régimen de especial severidad cuando en el delito participen o estén involucrados funcionarios o miembros de fuerzas de seguridad. Las penas sean siempre de cumplimiento efectivo y total sin salidas anticipadas en ningún caso. Modificación del régimen de imputabilidad penal de los menores".
5- "Modificar la pena en condena por dos o más hechos. Las penas deben sumarse sin límites máximos".
6- "Que la pena perpetua sea perpetua. No más 25 años de máximo".
7- "Legislar imponiendo para los excarcelados, sean procesados o condenados, una reeducación a través del trabajo. Establecer un mínimo de 8 horas diarias de trabajo para la comunidad, obras públicas nacionales, provinciales o municipales. Asimismo cárceles para el trabajo y el aprendizaje de artes y oficios. El trabajo dignifica tanto al hombre libre como al detenido".[5]
Como vemos, la búsqueda insistente de leyes más duras sobre delitos que contemplarían legislaciones a nivel inconstitucional se hacen nuevamente presentes. Muchas de estas leyes estaban “cajoneadas” en el Congreso, un año antes, pero fue la masiva participación en las marchas metropolitanas junto a la cobertura constante desde los medios de comunicación quienes aceleraron el debate en las Cámaras.
Uno de los diputados que dieron el debate en pos de las “Reformas Blumberg” fue Ruckauf. [6]
Los ejes de debate en el Parlamento fueron:
“1) Sentir la inseguridad como propia
2) Sacar de circulación y castigar antisociales
3) Mano duristas vs Garantistas
4) Más poder a la Policía”[7]
Sobre este último eje (más poder a la policía) podemos aclarar que la discusión giraba en torno a mejores pagas, un aumento de presupuesto y más recursos para que mejoren en complejidad sus condiciones laborales. Esta cuestión estará vinculada a cambios legales, como mayores facultades otorgadas a las fuerzas policiales en cambios legislativos en 2001, que permitían por ejemplo requisar personas sin orden legal, o inspeccionar vehículos en busca de objetos robados, entre otras.[8] Quizás este conjunto de factores marque los antecedentes de lo sucedido a largo plazo en 2013, cuando policías realizaron una histórica protesta en todo el país favoreciendo los saqueos y robos a lugares comerciales y a civiles, al no cumplir su rol social amparándose en estos reclamos que, si uno traza una línea histórica, provienen de estas discusiones dadas a nivel político, legislativo, técnico y trasladadas a la población a través de la mediatización de los mismos (como la mencionada cobertura mediática del caso Blumberg); pero para comprender el por qué más poder a la policía, debemos conocer y comprender su surgimiento y rol histórico.
Historia y Rol Social de la Policía
El concepto de Policía, deriva del idioma francés y su uso data del siglo XVIII. De una manera indirecta deriva del latín politīa, y ésta del griego polis que significa ciudad, o ciudad-estado. De ahí derivó politeia, palabra que define lo relativo a la constitución de la ciudad, el ordenamiento jurídico del Estado, conducta arreglada de los ciudadanos, gobierno, calidades cívicas del individuo.
El nacimiento de lo policial se desarrolla, según Foucault, como emergencia de un conjunto tecnológico[9] entre el siglo XVI y XVII en Europa en torno al debate sobre una racionalidad específica del Estado.
El preludio a este concepto tiene su antecedente en la teoría crítica planteada por Karl Marx en "El Capital", donde explica que los trabajadores expulsados de sus campos quedan librados a su suerte como fuerza de trabajo disponible. La acumulación de bienes y la producción de capital sobrante fueron apropiadas por el patrón, siendo la adaptación al trabajo asalariado y al naciente espacio urbano un mecanismo de docilización del campesinado en su transición productiva a clase obrera.
Frente a esta nueva forma de producción y acumulación, el rol de la policía estaba supeditado a garantizar la seguridad de los bienes y medios de producción y a asegurar el desarrollo adecuado de estos hombres provenientes de la migración interna campo-ciudad. Por tanto; nace de una necesidad de la sociedad de prevenir todo acto doloso o que revista características de delito y que afecte la persona o lo bienes del patrón – individuo, y la sociedad misma y para posteriormente reprimir estos actos, pero con el tiempo y la evolución de esta función policial, también para planificar y prevenir estos mismos.
A partir del siglo XVIII comienza a denominarse a la policía como el
"conjunto de medios a través de los cuales se pueden incrementar las fuerzas del Estado a la vez que se mantiene el buen orden de este"[10]
Por esto mismo podemos decir que el epicentro del poder policial se basó desde sus comienzos en garantizar el restablecimiento moral de la sociedad y el orden, siendo la persecución del delito y la eliminación de la rebeldía el método de intervención de los mismos.
Historia y Rol Social de la Policía en Argentina
En el caso de Argentina, la policía se conforma como tal en el siglo XIX.
El antecedente proviene de las herencias españolas de la Santa Hermandad, institución surgida en plena época de la lucha contra el invasor del territorio hispano, alentada por los reyes cristianos y auspiciados por la Iglesia Católica, que se alzaba para proteger la ley y el orden. Cuando Juan de Garay funda la ciudad de Buenos Aires, este grupo respondía a esporádicos ataques de indígenas o intentos de desembarco de corsarios. Recién a comienzos del siglo XVII, Buenos Aires habría de precisar de la acción de la Santa Hermandad y sus herederos; y con la Revolución de Mayo, comienzan las modificaciones en torno a la Seguridad Pública, creando en 1812, el Reglamento Provisional de Policía.[11] En 1821, Bernardino
Rivadavia y Martín Rodríguez creaban la Primera Policía de Seguridad del Estado en las Provincias Unidas del Río de la Plata, y además disponía la supresión de los Cabildos, al par que creaba la Justicia de Primera Instancia, los Jueces de Paz, y el empleo de Jefe de Policía y de Comisario para todo el territorio bonaerense designando a don Joaquín de Achával, para ocupar la flamante Jefatura.[12]
Años más adelante, en diciembre del año 1880, tras la federalización de Buenos Aires, se creó la Policía de la Capital; la nueva institución pasó a depender del Ministerio del Interior. El universo de conexión entre policía y ladrón era ínfimo y solo bastaba con ubicar al responsable de cada hecho delictivo. Las grandes oleadas inmigratorias modificarían este asunto:
Tras la llegada de más de 4 millones de personas desde Europa entre 1881 y 1914. En 1895, el 25,5% de la población era extranjera. En 1914, el 30% de la población, y en la Ciudad de Buenos Aires, más del 50%.
A partir de nuevos fenómenos como la incipiente inmigración de europeos con tendencias socialistas y anarquistas, sumado a las reconfiguraciones espaciales de mano de la urbanidad y las migraciones internas, proponen a la policía y a las instituciones de control social (se destacan la educación, y la salud ligada a la asistencia social) como normalizadores de las cuestiones ético morales de un país naciente.
La construcción de la identidad nacional y la ciudadanía se dan, entonces, a partir de las estructuras consolidadas por estos marcos gubernamentales y por una necesidad latente de orden bajo la consigna de extirpar el cáncer ideológico que consumía la sociedad. Se trató las cuestiones referidas a la sociedad como una enfermedad que había que curar mediante la intervención de las instituciones de control social.
De esta manera, la policía, se constituye como un controlador social y como el ejecutor de las políticas ideológicas de la Nación mediante el uso de la fuerza. Las teorías positivistas, a su vez, fueron las determinantes para considerar toda la población en su conjunto como un "cuerpo" infectado y enfermo que necesita ser restaurado, esta lógica jerárquica y autocrática utilizó todas las esferas institucionales para restaurar el orden preestablecido por la lógica positivista.
En el siglo XIX preponderó también el desarrollo de teorías criminalísticas, la más resonante fue planteada por Lombroso. Esta establecía un determinismo biológico y una predisposición fisiológica y genética para poder reconocer a los sujetos que fueran a cometer diferentes tipos de delitos.
En Argentina, las fuerzas policiales, utilizaron como fundamento estas teorías dictaminadas, para establecer los factores predeterminantes de los sujetos y su relación directa con la criminalidad. Por su parte la defensa social y el restablecimiento de los "antisociales" fueron los fundamentos tomados por la criminalística para desarrollar las teorías que luego serían aplicadas por las fuerzas represivas del Estado.
"un ejemplo de la comunión entre el positivismo y el discurso y práctica policial es la instalación en 1889, por iniciativa del entonces jefe policial Alberto Copdevila, de una oficina de identificación antropométrica. Allí, una vez capturados, analizados y clasificados los sujetos peligrosos se prescribían distintas terapéuticas según su grado de "peligrosidad". Para aquellos sujetos "corregibles" se preveía la internación en casas de trabajo o casas para pobres, e instituciones penales. En cambio, frente a los "delincuentes incorregibles", el programa de la defensa social de la criminología positivista promulgó su eliminación por pena de muerte o secuestro definitivo.
De esta manera, la fuerza policial, como brazo ejecutor de la violencia estatal organizada se inscribía y se inscribe en un juego gubernamental autoritario donde el sujeto a gobernar no es visualizado como un "sujeto libre y racional" (...) sino como un blanco a ser neutralizado o eliminado" [13]
Así, en 1890, se considera como foco de criminalidad el avance de las teorías anarquistas y se hace todo lo posible por eliminar a todos estos sujetos antisociales y pasan a ser considerados no solo enemigos ideológicos, sino también biológicos. Esta determinación se desarrolla a partir de la teoría positivista existente.
En poco tiempo, se pasó de "todos los hombres del mundo que quieran habitar suelo argentino"[14], a la Ley de Residencia[15] que permitía expulsar a un extranjero en 72 horas.
Entre 1893 y 1907 se endurecen las medidas para eliminar de raíz a los enemigos del Estado, las fuerzas policiales conjunto con las instituciones controladoras del orden social, son las encargadas de aplicar de manera tácita los preceptos gubernamentales. Cabe destacar también que las dictaduras sucedidas a partir de 1930 profundizan esta militarización de la sociedad.
El 24 de Diciembre de 1943 se crea entonces la Policía Federal Argentina durante el gobierno de facto de Pedro Pablo Ramírez.
En 1959, con la presidencia de Frondizi y una vez derrocado el Peronismo, se aplica el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado), esto supuso la sistematización de la represión legal ya que el Estado imparte instrucciones con fines de persecución política.
En 1973, existe una participación activa de la PFA en la consolidación de la fuerza parapolicial de la Triple A y en la ejecución de militante sociales, amenazas, secuestros, violaciones, entre otras prácticas violentas y antidemocráticas. La Triple A, propone la figura de “enfrentamiento” para justificar la represión y el terrorismo de Estado, generando una imagen de combate que dará paso a una lógica belicista en la sociedad.
Luego, en 1976, con la asunción del gobierno de facto, llamado así mismo como Proceso de Reorganización Nacional, se instala en Argentina un proceso violento y antidemocrático que dará lugar a prácticas criminales por parte de la conducción del Estado Nacional. Las fuerzas policiales cumplirán un rol fundamental en el terrorismo de Estado, aportando mano de obra e infraestructura institucional y operativa, siendo también algunas comisarías Centros Clandestinos de Detención.
Las posteriores leyes de Obediencia Debida y Punto Final otorgarían a la policía el marco jurídico para ser eximidos de los crímenes realizados durante aquellos años. Estas prácticas no fueron sancionadas, habilitando de esta manera su continuidad en gobiernos democráticos sitiados.
Restaurado el orden constitucional en 1983, el gobierno de Alfonsín, invalidó algunas normas en particular puestas en vigor años anteriores pero también se validaron leyes sancionadas durante el gobierno de facto bajo el pretexto de “razones de necesidad”. De allí nace la idea de una clara tensión entre el andamiaje normativo de la Policía y el Estado de Derecho democrático, dando por sentado un marcado tinte antidemocrático que subsiste hoy en día en las fuerzas de seguridad:
“la PFA, institución estatal que sustenta el monopolio de la fuerza pública sobre las personas, se funda en una normativa sancionada durante los últimos espasmos de un gobierno dictatorial e inconstitucional” [16]
Seguridad, Medios y Justicia
Hoy en día, más allá de que algunas leyes hayan sido modificadas en los últimos años, el accionar de las fuerzas del orden, por lo tanto represivas, del Estado sigue viéndose reflejado en actitudes similares a las que tomaban en los ’70 y con un grado no menor de violencia y prácticas antidemocráticas.
Tras la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación a partir de una ley de emergencia [17] basado en la Ley de Seguridad Interior del país[18]; comienza a tomar una redirección estatal con la lucha contra el delito y a darle más preponderancia a la seguridad ciudadana.
Es decir que la lógica de delito callejero o menor, el hecho cotidiano son las que importan como en la lógica mencionada al principio de la “Tolerancia Cero”
Las “leyes Blumberg” no modificaron significativamente las estadísticas, ya que esas penas duras no resolvieron de fondo las problemáticas que apuntaba solucionar.
La presión mediática en la conformación de la noticia de “levante popular” pidiendo mayor seguridad en esos años, está actualmente en vigencia.
Son los canales de noticias que diariamente y los diarios en todas sus tiradas y sus editoriales que nos viven llenando de policiales, y ese nombre le recae justo ya que las noticias provienen de informantes y fuentes policiales quienes a su vez son quienes crean sus propias estadísticas, y también se liquidan sus sueldos por ejemplo.
Esa suerte de autonomía de la fuerza, pone en jaque el rol del Estado en su conjunto; ya que la institución policial actúa entonces junto con otras instituciones que generan y construyen “lo real” como son los Medios Masivos de Comunicación y la Justicia.
Entre las noticias, se destaca la aparición de enfrentamientos, donde esta naturalizada la muerte de delincuentes en manos de las fuerzas policiales y sólo cuando el hecho tiene “rebote” o sale de lo común se discute la lógica represiva.
Estos son los casos de “gatillo fácil”[19], donde la policía actúa de manera represiva, sin juicio, y de modo apresurado ante la “amenaza” del delincuente; cuya imagen estereotipada y generada por los medios suele ser de quienes hablamos anteriormente provienen de sectores empobrecidos y de menor capital simbólico el sentido del acceso igualitario a la Justicia, a la defensa y a otros factores que hacen al orden social vigente.
Hablamos de una “censura estructural”[20] de los medios, por la cuestión de los tiempos que da la forma y contenido de las noticias, por lo que no se construye la información con mayor investigación del hecho del “enfrentamiento”. Por otro lado, se conforma esta censura estructural, a partir de la lógica del mercado ya que los medios de comunicación son empresas con fines comerciales por lo que a mayor “rebote” de la noticia, mayor venta, estará orientada la información y también el recurso para cubrir noticias. (Por ejemplo algún caso de gatillo fácil o de espectacularidad del hecho)
Al mismo tiempo, los medios “humanizan” a la víctima en caso de ser policía o víctima del gatillo fácil, sin embargo cuando se trata de un “delincuente” la muerte está justificada y generando así una lógica belicista, un miedo urbano traducido en la inseguridad.[21]
La marca punitiva de la Justicia es vociferada diariamente en los medios televisivos tanto por personas idóneas como de la farándula; mientras se bombardea en las pautas publicitarias de publicidades de cámaras de seguridad, agencias de seguridad privadas, sistemas de alarmas, rejas y puertas de difícil acceso. Existe un mercado detrás de la inseguridad que domina el espectro comercial y que a la vez se vende al Estado que genera políticas de las que estos sectores privados sacan réditos económicos.
Son muchas las campañas políticas basadas en propuestas punitivas, penas más duras y sistemas de cámaras de seguridad. A esto se le suma la creación de policías municipales, y más ingreso en los policías como en el caso de la Policía Bonaerense que perciben un dinero por el simple hecho de anotarse a estudiar a la institución.
Seguridad Ciudadana en Mar del Plata
Anexando al análisis previo, la Policía Municipal o local también está en pleno desarrollo en la ciudad. En el año 2013 se intentó realizar una consulta popular que luego fue inhabilitada mediante la Justicia.
Finalmente en 2014, luego de idas y venidas, se sanciona la posibilidad de que exista esta Policía local que convive en el territorio con el vecino; debido a la existencia de una Emergencia de Seguridad declarada por Daniel Scioli, gobernador de la Provincia de Buenos Aires.[22] Uno de los asesores en 2009 de Scioli, fue el ya mencionado Ruckauf[23], el mismo que había declarado que “hay que meter bala a los delincuentes”.
Así, la política de la Tolerancia Cero, se hace carne en la actualidad con este tipo de medidas o discursos, que generan discusiones en el seno de la sociedad o más bien soluciones a la par de la velocidad de los flashes informativos de los medios de comunicación.
Los aspirantes a la Policía de Prevención Local del Municipio de General Pueyrredón, serán considerados cadetes y percibirán $4.038 (Pesos cuatro mil treinta y ocho) por mes y cuando cumplan tareas efectivas de seguridad en la vía pública el sueldo bruto del agente policial de primer rango o escalafón asciende a la suma de $13.867,66 (Pesos trece mil ochocientos sesenta y siete con sesenta y seis centavos)
Según la propia página Web del Municipio estas son las características que tendrá la misma:
“La Policía de Prevención Local de General Pueyrredón se constituye como una herramienta fundamental para alcanzar la seguridad ciudadana.
La acción preventiva requiere de políticas públicas aplicadas a lograr más cercanía entre las fuerzas policiales de actuación local y los vecinos, efectuando prevención primaria con un conocimiento profundo del sector barrial sobre el cual trabaja.
Su misión es prevenir delitos y contravenciones. Su característica esencial, será la de operar como policía de proximidad.
Sus funciones serán la observación, el patrullaje y la vigilancia. También implementará mecanismos de disuasión.
Establecerá una estrecha relación con la comunidad como labor preventiva.”[24]
Además de contar con un Centro de Operaciones y Monitoreo (instalación de cámaras de seguridad en lo largo y ancho de la ciudad, sobretodo en las zonas más comerciales y habitadas), el Municipio cuenta con un Centro de Análisis Estratégico del Delito, que realiza estadísticas a partir de los datos suministrados por la Policía Bonaerense y en un futuro de la Policía de Prevención Local.
“Tiene como objetivo general la construcción de un sistema dinámico de gestión de la información, apto para la toma de decisiones en materia de seguridad ciudadana democrática. De este modo, busca dar fundamento a políticas y acciones estatales más racionales y eficientes, orientadas hacia la inclusión y la promoción de una sociedad más pacífica.
Entre sus objetivos particulares, están la realización, en forma regular y periódica, de estudios sobre la información que recibe, y la elaboración de reportes que den cuenta de los incidentes y problemáticas vinculados con la violencia y el delito en el territorio del Partido. “[25]
El 25 de abril de 2014 el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón firmaron el Convenio Marco de Cooperación para la implementación, mantenimiento y supervisión delComando de Prevención Comunitaria [26]
Se propuso un cambio de paradigma: la Policía de proximidad. A partir del viernes 6 de junio de 2014, se desplegó un patrullaje permanente (24 horas, 7 días) en 82 zonas de prevención, divididas según la densidad poblacional y delictual.
Sus funciones son la prevención y el mantenimiento de la seguridad pública, por medio de la disuasión o cese de delitos y contravenciones, la protección de personas y bienes, el control y el uso racional de la fuerza pública.
El Municipio realiza aportes para la profesionalización policial. Esos aportes son materiales (infraestructura, vehículos –unidades, mantenimiento, combustible-, tecnología, condiciones laborales), pero también estratégicos y metodológicos, con la creación del GOSYP: Grupo Operativo de Seguimiento y Planificación. Se trata de la aplicación local de un sistema de evaluación y planificación policial implementado con éxito por los gobiernos de Nueva York, Baltimore, Los Ángeles, Filadelfia, Vancouver y otros centros urbanos modernos. Ciudades que mencionamos en el trabajo anteriormente que responden a políticas punitivas y con bajo nivel de prevención del delito y alto nivel de abuso policial.
El Grupo está integrado por el intendente municipal, el secretario de Seguridad, el Director General Municipal del CPC, el Jefe del CPC, el Segundo Jefe del CPC y el Jefe Departamental de Policía. Se reúnen semanalmente, con los aportes del Centro de Análisis Estratégico del Delito y el Centro de Operaciones y Monitoreo. Planifica el SI.PA.DI., Sistema de Patrullaje Dinámico: una reevaluación constante de estrategias de orientadas a la prevención, con adecuaciones en tiempo y en espacio.
Según el propio Director del CAED, Tobías Schleider,
Tradicionalmente, se ha concebido al Estado como el único titular del uso lícito de la fuerza y, así, el garante de la convivencia. Los Estados municipales son la instancia más cercana a los vecinos. Por eso, cada vez más la sociedad les exige de un modo inmediato el resguardo eficaz y democrático del derecho a la seguridad.
En los últimos años, se ha gestado un modelo nuevo de seguridad pública, alrededor del concepto de seguridad ciudadana (o seguridad pública democrática). Este modelo concibe a la seguridad como una situación social en la que pueden gozarse de manera plena e integral los derechos y libertades, y en la que se configuran políticas y mecanismos institucionales para prevenir y controlar los riesgos o conflictos que los lesionen.
En este marco, la Municipalidad de General Pueyrredón implementó una serie de medidas. Se destaca entre ellas la puesta en marcha de la Secretaría de Seguridad, Justicia Municipal y Control. Uno de los pilares de su estructura, establecido como Proyecto insignia en el Plan Estratégico Mar del Plata 2013-2030, es el Centro de Análisis Estratégico del Delito.
El Centro de Análisis Estratégico del Delito es un organismo técnico y multidisciplinario, que recibe el aporte de profesionales de disciplinas diversas. Tiene como objetivo general la construcción de un sistema dinámico de gestión de la información, apto para la toma de decisiones en materia de seguridad ciudadana. De este modo, busca dar fundamento a políticas y acciones estatales más racionales y eficientes, orientadas hacia la inclusión y la promoción de una sociedad más pacífica.[27]
Conclusión
El accionar policial se encuentra legitimado por el poder político y por las mismas políticas estatales que responden a intereses inmediatos y mediatizados de la sociedad.
"Siempre justifican la muerte como si fuera un enfrentamiento. Se plantan pruebas que vinculen a la víctima con algún delito, porque una persona con un tiro en la nuca puede traer un problema para un policía, pero un delincuente con un tiro en la nuca es unos menos" [28]
Las zonas grises donde se deposita y construye el abuso policial suponen una complicidad dependiente del poder Estatal, las políticas de intervención a nivel Nacional responden a intereses de clase. A su vez, el abuso policial y la violencia ejercida por los mismos, disminuye considerablemente dependiendo de los capitales sociales con los que cuente la víctima, las características fisiológicas de los mismo (comparación propia de Lombroso) y el grado de accesibilidad a la justicia con la que cuente el sujeto, siendo la clase obrera y los habitantes de los cordones urbanos los más afectados por el poder simbólico de las instituciones policial, judicial, política y mediática.
Dentro del marco del sistema capitalista, el accionar policial responde de manera clara y pertinente a los intereses de las clases dominantes. Las facultades otorgadas a los mismos, como ya mencionamos anteriormente, responden a una profundización del sistema capitalista y a un interés por mantener el status quo dentro de los parámetros preestablecidos. La violencia, las detenciones y cacheos arbitrarios, los abusos policiales y la existencia de "zonas grises" donde se despliega el accionar antidemocrático de las fuerzas de seguridad son, entonces, el reflejo de un sistema desigual que se profundiza con el correr de los años. Esta profundización significa entonces mayor poder simbólico para las fuerzas represivas y del orden del Estado y mayor control social para la clase obrera que detenta su poder en figuras representativas políticas que no responden a sus intereses de clase ni a sus mismos capitales simbólicos.
El pedido de mayor seguridad como reclamo social, es consecuencia de la sumatoria de factores históricos que justifican un sistema desigual y de competencia. Creemos que el reclamo es legítimo, porque los hechos delictivos existen y van en aumento a medida que la brecha social se expande, a medida que el sistema genera mayor desigualdad, desocupación, ajuste y falta de ingresos que permitan satisfacer las necesidades básicas, además de la generación de diferencias sociales en cuanto a lo simbólico, lo identitario, lo material y las oportunidades de progreso o mejoría social, nunca individual porque sino se recae sobre el mismo conflicto de base.
No obstante, más que seguridad el reclamo debería ser de mayor igualdad y mayor contenido colectivo a las ideas, a las políticas y a las lógicas de un sistema que termina siendo inhumano.
En el caso de Mar del Plata, en el Municipio de General Pueyrredón, vemos una política en clave de retroceso en cuanto a apuntar a la vieja “Teoría de los vidrios rotos”. En la cual el interés pasa por una cuestión individual donde no se combate la cuestión social, entendida como la contradicción entre el capital y el trabajo, sino desde una lógica de problemas de un sujeto en particular a partir de juntas, o valores distintos a la mayoría que supuestamente tiende a respetar el orden social establecido, por lo tanto desigual.
Está claro, que a mayor presencia policial, mayor abuso de poder en los territorios, mayor ilegitimidad del uso de la fuerza y mayor desigualdad y generación de divisiones sociales innecesarias en cuanto a factores de índole de capital simbólico como mencionamos un poco más arriba.
Mientras más duras son las penas, menores son los cambios en las problemáticas de fondo y más grandes las sonrisas de quienes quieren “meter bala” para justificar la desigualdad en el marco de un sistema que cada vez profundiza mas su crisis estructural y cada vez conlleva menos hacia un desarrollo de la potencialidad y creatividad humana.
Bibliografía
“Políticas de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal”
Informes y anuarios estadísticos
Soporte audiovisual
Artículos periodísticos
Normativa
[1] Videla, Eduardo (1999): “Una reforma al borde del abismo”, Artículo del Diario Página 12, publicado el 8/5/1999.
[2] Artículo: “Ruckauf : cena en Nueva York”.Diario Clarín. Disponible en http://edant.clarin.com/diario/2000/03/25/t-00403d.htm
[3] Karl Marx (1867): “Producción progresiva de una superpoblación o de un ejército industrial de reserva” (capítulo 3) en El capital: crítica de la economía política , Libro I, Tomo III, Siglo XXI editores, ISBN, 978-84-460-1216-0, pág. 91 y ss
[4] James Q. Wilson-Georke Kelling, (1982) “Broken Windows. The police and neighborhood safety”, publicado en The Atlantic Monthly,Volumen
249, Nº 3, pp. 29-38.
[5] La Nación. 1° de Abril de 2014. El texto completo del petitorio de Blumberg. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/588575-el-texto-completo-del-petitorio-de-juan-carlos-blumberg
[6] “Tengo en mis manos dos balas, que exhibo a los señores diputados. Esta bala representa la imposibilidad de libertad del que porta el arma correspondiente; en esta otra bala está la posibilidad de libertad. ¿Acaso con ésta última no se mata igual que con la primera?
Estas dos balas no las usa sino el delito. Son balas de pistola calibre 22, huecas, que al penetrar en la carne de un individuo se dividen y lo destrozan. Entonces, ¿por qué razón vamos a estar diferenciando las armas, en lo relativo a su portación, siendo que con todas se asalta, se viola, se secuestra y se mata?
Realmente, me cuesta entender que aquellos que creen en la solución de los problemas de la gente griten en contra de que los delincuentes sean castigados; y cuando hablo de delincuentes me refiero tanto a los que usan uniforme como a quienes no lo usan. Los delincuentes tienen que estar presos, y cuanto más grave sea su responsabilidad, más tiempo deberían estarlo.(…)
La gente debe saber que este Parlamento establece una diferencia entre el tratamiento del hombre común que se halla aterrado en su casa y el del delincuente que sale a la calle para matar.” SR. RUCKAUF, CARLOS FEDERICO - - BUENOS AIRES.- (Trascripción taquigráfica de esa sesión en Congreso)
[7] CEPOC, Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, (2014) Documento de Trabajo n°1: “Reflexiones en torno a los diez años de las “Leyes Blumberg””
[8] Ley 25434. Disponible en http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/cdhygarantias/Leyes/ley25434.htm
[9] Foucault,Michel.(2004)Seguridad, Territorio, Población. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica. p. 356.
[10] Sozzo, Máximo. "Policía, violencia, democracia. Nota genealógica",
en Sozzo, Máximo (2005) comp., Policía, violencia, democracia. Ensayos sociológicos. Santa Fé. Universidad Nacional del Litoral.
[11] Reglamento Provisorio para la Dirección y Administración del Estado de 1817 Disponible en: http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/independencia/reglamento_de_1817_estatuto_provisional_de_1816.php
[12] Cansanello, Carlos. “Policías, Soldados y vecinos. Las funciones policiales entre las reformas rivadavianas y la caída del regimen rosista” Tesis de Maestría, Universidad de Lujan.
[13] Sozzo, Máximo. (2005) "Policía, violencia, democracia. Nota genealógica", en Sozzo, Máximo (comp.), Policía, violencia, democracia. Ensayos sociológicos. Santa Fé. Universidad Nacional del Litoral.
[14] Preámbulo de la Constitución Nacional Argentina.
[15] Ley Nº 4144 de Residencia de 1902. Disponible en http://archivohistorico.educ.ar/sites/default/files/IV_22.pdf
[16] Cepeda, Liliana. (2009) Policía: no estás matando a un nene o un inocente, estás matando a un delincuente en “Muertes silenciadas: La eliminación de los “delincuentes”. Ediciones del CC. Buenos Aires. p:123
[17] Decreto 1993/2010, disponible en http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/176543/norma.htm
[18] Ley 24059/91.Disponible en http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/458/texact.htm
[19] Gatillo Fácil: Es el asesinato de una persona desarmada con o sin antecedentes por medio de las fuerzas de seguridad del Estado (policía Federal, Provincial, Gendarmería). Documental : “Nunca digas Nunca”
[20] Bordieu, Pierre (1996) “Espíritus de Estado, Génesis y estructura del campo burocrático” UBA.
[21] Daroqui Alcira (2009) “Muertes silenciadas: La eliminación de los delincuentes” Ediciones del CCC, p.98
[22] Decreto 220/2014. Disponible en http://www.gob.gba.gov.ar/portal/subsecretarias/coordinaciongubernametal/descargas/DECRETO%20EMERGENCIA.pdf
[23] El ex funcionario se pronunció en favor de bajar la edad de imputabilidad de los menores. "Judicializar menores es una idea correcta. (...) Pensar que defender los derechos humanos es no judicializar a los jóvenes, es un error; lo que no hay que hacer es meterlos en una cárcel con adultos para que sean aprendices de delincuentes o que los violen", dijo. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1200964-ruckauf-le-dije-a-scioli-que-se-debe-encarar-una-solucion-a-la-italiana-contra-el-delito
[24]Disponible en http://www.mardelplata.gob.ar/policialocal
[25] Idem.
[26] Decreto 629/14
[27] CAED, (2014) “Informe sobre Robo y Hurto de automotores en el Partido de Gral. Pueyrredón” p.3
[28] Vanesa Orieta. (2014) "Nunca Digas Nunca". Registro audiovisual, documental
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