No hay remedio si no se reduce la burocracia estatal, la inflación y el gasto.

Otra vez, sopa…

Nota de opinión por Elena Valero Narváez
(Autora de “El Crepúsculo Argentino” Lumiere 2006)
evaleronarvaez@hotmail.com

Después de la Segunda Guerra Mundial la política estatista terminó con la grandeza de una Argentina reconocida en el mundo entero. Las estatizaciones, llevadas adelante por Perón, perjudicaron el crecimiento y los argentinos comenzamos con los problemas en el transporte ferroviario, la energía eléctrica, el abastecimiento de petróleo, los teléfonos, etc.

Las empresas comenzaron a descapitalizarse y el Estado se tornó enorme e ineficiente. Nos alejamos del mundo, en nombre de un falso nacionalismo identificando absurdamente la soberanía nacional con las empresas estatales y nos convertimos en un país atrasado, pobre y antidemocrático.

Por inercia cultural, esta mentalidad nacionalista perdura, aún hoy. La mayoría de periodistas, diputados, senadores y políticos en general, siguen fieles a las estatizaciones y a la extensión del Estado sobre las actividades económicas. Así, como antes defendieron la jubilación estatal y exacción de los ahorros de los particulares, en detrimento de la jubilación privada, ahora, aceptan la expropiación de las acciones de Repsol y su sustitución por el Estado argentino, quedando, por tener la mayoría, patrón en las decisiones.

Se escuchó, en contra, solamente, la débil voz de Macri, quien expresó que sus diputados no acompañarían la medida pero, contradictoriamente después, aseguró que si es presidente mantendría lo hecho por el Gobierno…

Todos, varios historiadores de fuste incluidos, aceptan la intervención del Estado. Dejan en el tintero que las mismas políticas llevaron a la Argentina a declararse insolvente en 1988.

Se dicen liberales en política, defienden las garantías institucionales, pero siguen siendo socialistas en economía, al revés de los políticos de China, Corea del Sur, Colombia, México, Chile, y otros países que han progresado adoptando la economía de mercado.

Se habrán preguntado ¿cuanto costaron y cuestan las empresas estatales o mixtas, a los ciudadanos que pagamos los impuestos? También, ¿cuanta corrupción e ineficiencia generan?

¿Recordarán los radicales que apoyan en gran medida al gobierno en esta aventura, que durante la presidencia del presidente Frondizi, cuando se invito a participar al capital privado, nacional y extranjero, se consiguió rápidamente el autoabastecimiento petrolero, o prefieren acordarse de la política xenófoba del Presidente Illia que anulo los contratos petroleros, medida que costo mucho a los argentinos y que condujo, nuevamente, al desabastecimiento?

¿Recordaran los peronistas que la política energética del presidente Menem, con las privatizaciones de las empresas estatales, la desregulación del sector, y la equiparación del tratamiento del capital extranjero al capital nacional, apoyada, entusiastamente, en su momento, por el hoy llamado kirchnerismo, trajo como consecuencia el mayor flujo de inversiones privadas que se recuerde para la producción de petróleo y gas, lográndose, no solamente, el autoabastecimiento energético, sino transformando al país en un exportador de hidrocarburos con sus consecuentes beneficios para la población del país?

Lo contrario se está haciendo en la actualidad: este gobierno y parte de la oposición nos quieren llevar otra vez al mundo de las cavernas. La expropiación y estatización de parte de la principal empresa del país, rompiendo, flagrantemente, acuerdos internacionales, nos desprestigia ante los países serios y respetuosos de las normas pactadas y nos aísla del mundo. Con seguridad habremos de afrontar consecuencias económicas y también políticas en el orden internacional.

El objetivo declarado de aumentar la producción de petróleo y gas no se conseguirá por la vía del estatismo .Por el contrario, se acentuara la caída de la producción y el egreso de divisas para importar combustibles.

Se defiende una política que ha producido el debilitamiento de la sociedad civil: la gente apenas protesta ante los constantes atropellos a su buena voluntad. La falta de vigor no permite la fiscalización de la sociedad a las acciones cada vez mas alocadas del gobierno.

La intervención y el fracaso lo lleva a tener déficit y a debilitar la economía nacional, por lo cual apunta, lo estamos viendo desde hace años- a exprimir al sector privado. Es así, como vamos hacia un empobrecimiento general, salvo los burócratas del gobierno.

En el Congreso no se admite que las privatizaciones y la desregulación consolidan la propiedad privada y que por ello bajan los grados de corrupción al reducir la arbitrariedad que provoca la concentración del poder en el Estado.

El Gobierno no se hace responsable del desabastecimiento y la compra de petróleo y gas a precios altísimos. Sin embargo, los opositores lo ayudan a cumplir con su propósito. Skanska y Aerolineas no parece advertirles de lo que vendrá.

El gobierno continúa con su política de empobrecer a las empresas privatizadas para luego estatizarlas o venderlas a sus amigos a precios irrisorios.

Ni siquiera cumple con los controles: al expandirse, el Estado, diluye su función de supervisor y árbitro para que se cumpla la ley y se respeten los derechos que defiende la Constitución. Pierde la función capital de hacer respetar las normas que regulan las interacciones sociales y se aleja de la Constitución de 1853 que nos acerca cuando nos guía, a un refinamiento ético: la división de poderes y respeto por los derechos civiles.

Son muy pocos los que entienden que la política basada en ideas populistas y socialistas llevan a decisiones aclimatadas en el estatismo y el dirigismo. Así, sin remedio, llegamos al Estado de Bienestar que siempre ha perjudicado al país que lo adopta.

Acerquémonos a los ejemplos de los países socialistas: la actividad estatal resultó, siempre, mucho menos eficiente que la actividad privada, cuando ésta no estuvo obstruida por las acciones de un gobierno autoritario. Cuando una empresa privada quiebra solo se perjudican unos pocos, en cambio, como bien se puede observar en la Argentina, las estatales no quiebran y las sigue manteniendo el Estado: nos perjudicamos todos.

Revivir el pasado nos condena: La política de intervencionismo estatal lleva a una economía monopólica, cuyo corazón son las empresas estatales y algunas otras, que viven bajo su ala gracias a privilegios no merecidos como ocurrió con YPF y las empresas de transportes, entre otras.. Degenera en el desacato a la ley y al atropello al consumidor decayendo a niveles peligrosos la producción y la productividad, como también la arbitrariedad en las acciones del gobierno.

Debemos decidir a través del Congreso, si queremos volver al pasado dirigista: deterioro de los servicios públicos, crisis energética, pérdidas en las empresas del Estado y en las privadas que viven de las prebendas y subvenciones.

Nos acercamos al borde del precipicio: desempleo, desinversión, inflación, déficit y fuga de capitales, entre otros flagelos, sin olvidar, el desprestigio internacional.

La pregunta del millón: le quitarán a las demás empresas petroleras áreas de explotación para dárselas a YPF y así “recuperar la soberanía”?

El Estado debe abocarse a sus funciones y dejar de ocuparse de administrar empresas ni ayudar a las privadas con subsidios. Ellas deben ocuparse de crecer y desarrollarse para poder reinvertir y darle al Cesar lo que es del Cesar. Se tienen que lograr tasas de interés lo suficientemente razonables para fomentar la producción. No hay remedio si no se reduce la burocracia estatal, la inflación y el gasto.