El mismo organismo de abogados que se reunía con Videla y Harguindeguy sin
reclamar por sus colegas desaparecidos, impulsa una campaña para frenar
la democratización judicial.
reclamar por sus colegas desaparecidos, impulsa una campaña para frenar
la democratización judicial.
Por Roberto Caballero
La estrategia opositora de minar la democratización del Poder Judicial decidida
por el Parlamento con cautelares y pedidos de inconstitucionalidad avanza con
tropiezos, pero esta semana sumó el combativo apoyo del ala más conservadora
de los abogados nucleados en la FACA (Federación Argentina de Colegios
de Abogados). Su presidente, Ricardo de Felipe, reunió a su tropa confederada
–son 80 colegios– el jueves 9 y, con algo de impostado dramatismo, les bajó
línea: "El mandato de nuestros estatutos es ser firmes defensores cuando
entendemos que se vulneran derechos de los ciudadanos y esta reforma afecta
la independencia del Poder Judicial. Consideramos que viola la
Constitucional Nacional". Delegados de todos los colegios de abogados
del país aplaudieron el ardoroso llamado a militar la presentación de cientos
de amparos en el Fuero Contencioso Administrativo Federal que será replicado,
a título institucional o de manera personal, en decenas de juzgados
nacionales. Visiblemente emocionado, pero bajo estricto anonimato
conspirativo, uno de los participantes del "Grito de la FACA" le confió al
diario La Nación cuál es el primer paso del plan: "Con que un solo juez
dicte una cautelar que frene las elecciones de consejeros estará cumplido
el objetivo". Es decir, impedir que se elijan por el voto popular, en las
próximas elecciones, los nuevos representantes del Consejo de la Magistratura
ampliado por ley, que todavía debe ser reglamentado y publicado en el
Boletín Oficial, periódico que es examinado con lupa cada día por los
confederados de De Felipe para actuar sin perder un segundo. El instructivo
que manejan en los 80 colegios de abogados llama a atacar dos artículos de
la reforma democrática: el que establece la nueva composición del Consejo
y, sobre todo, el que prevé la elección por voto popular de los
representantes de los jueces, abogados y académicos. La idea, además, es
que algún juez contencioso frene las elecciones con alguna medida
cautelar. Claro que lo ven complicado: a la vez, deberían obtener la
inconstitucionalidad del nuevo régimen que limita las cautelares
contra el Estado, porque el gobierno podría apelar y la suspensión
quedaría sin efecto. La carta en la manga de los confederados sería,
entonces, un "per saltum" para que intervenga directamente la
Corte Suprema de Justicia. "La gravedad institucional habilitaría
un salto de instancia", explicó Maximiliano Toricelli, jefe jurídico
de la FACA. Detrás de la emboscada a la reforma democrática
de sus confederados, colaron opositores como Patricia Bullrich
quien, así como se atribuyó la convocatoria del 18 de abril, ahora decidió
ponerle hora a la operación del amparo masivo. Será a las 11, del día que
salga promulgada la ley. En el caso del PRO, ya anunció que se encargará
de ir al fuero Electoral y en la página web del partido de Mauricio Macri
podrá bajarse un modelo de amparo para que cualquiera acuda al juzgado
que le quede cerca. El disidente del peronismo Enrique Thomas, el
progresista Gerardo Milman y el radical Ricardo Gil Lavedra
adoptaron idéntico temperamento. Todos con la misma finalidad:
derrotar al kirchnerismo en los juzgados, porque en las urnas no
pueden. El pretexto, en todos los casos, es la heroica defensa
de la Carta Magna. De Felipe, el hombre que sacó la FACA a
la calle, lo había anticipado en su discurso de asunción, el 16
de diciembre de 2011: "El eje de nuestro trabajo será la defensa
de la Constitución Nacional ahora que se pone en tela de juicio
su legitimidad". Para esa fecha, el kirchnerismo no había siquiera
propuesto el paquete de leyes para democratizar el Poder Judicial
y, tampoco, institucionalmente, impulsado cambios en la Constitución.
Menos ahora. Pero se ve que De Felipe ya soñaba con verse retratado
como el jefe imaginario de una fuerza que quiere manejar el país
desde la justicia cautelar. Hay gente que aspira a eso, increíblemente.
Es una pena que trabaje para impedir con una emboscada leguleya lo
resuelto por dos poderes del Estado democrático, el Ejecutivo y el
Legislativo. Si hubiera empezado disculpas por el rol que la
FACA jugó durante el genocidio, donde realmente se suspendieron
las garantías constitucionales para todos, otro sería el cantar. Tal vez
tenga floja memoria.
Por suerte existe el archivo. Sirve para comprobar que los valientes
confederados de ahora, cuando desaparecían a sus propios colegas
en los campos clandestinos de detención, se callaron la boca y
andaban con la cola entra las patas o, directamente, aplaudiendo
el plan de exterminio. En una brillante nota del Equipo de Investigación
de Tiempo Argentino, el periodista Fernando Pittaro, hace ya dos años,
desnudó la hipocresía de los dirigentes de la FACA. Escribía Pittaro:
“Además del acuerdo económico y político con los diarios Clarín
y La Nación, la jerarquía eclesiástica y grupos empresarios, hubo
otro sector cómplice sobre el que aún hace falta echar luz: las
corporaciones de abogados que se negaron a denunciar las
desapariciones de sus colegas, ya que aseguraban ‘que un estado
de subversión ataca las bases del país, y que sus instituciones se
defienden con los hombres del derecho y con el aval de las
Fuerzas Armadas’. Ante este ‘ataque’, decidieron dar sustento
ideológico y jurídico a los genocidas de turno. Así lo demuestran
los libros de actas de las asambleas de la Federación Argentina
de Colegios de Abogados (FACA), que nuclea a 80 instituciones
de todo el país, a los que Tiempo Argentino tuvo acceso en
forma exclusiva. Son 600 folios que incluyen las deliberaciones
y testimonios que los hombres del derecho, enrolados en sus
respectivos colegios profesionales, hicieron entre 1976 y 1979,
el período más sangriento de la última gran tragedia nacional".
Son los libros de la buena memoria. En esas actas de la FACA
puede leerse al federado de Capital Federal, Manuel Ordoñez,
diciendo: "Agradecemos a este gobierno (NdR: el del Terrorismo
de Estado) haber realizado la tarea de liberarnos de la abyección en
que vivíamos antes del proceso, a pesar de que al hacerlo pueda
haber incurrido en excesos". También al federado de San Francisco,
Córdona, José María Piscitello: "Es evidente que en la presión de
organismos internacionales contra nuestro país está la acción
solapada de elementos vinculados a la guerrilla". Al federado
porteño Alejandro Lastra, llamando a la reflexión: "Es necesario
pronunciarse en forma mesurada, sin excesos y con un profundo
equilibrio. La palabra de la federación puede ser utilizada por grupos
que conspiran contra la nación, las dificultades que sufre el país ya las
conocemos pero tenemos que cuidar no llevar argumentos a la subversión.
El país está en guerra, en medio de grandes sacrificios y penurias y
es necesario ayudar a superar". El abogado Alberto Vázquez, rosarino
él, afirmaba, en sintonía con Lastra: "La defensa del orden jurídico
está asegurada por la Fuerzas Armadas apoyadas por la ciudadanía sana
del país contra la subversión asesina, que felizmente el país se
encamina hacia una auténtica democracia que asegurará el debido
proceso". Algunos representantes del interior eran además
funcionarios de la maquinaria gubernamental del genocidio,
como Alberto Domingo Tettamanti, intendente de La Plata; y
Luis Martínez Golletti, ministro de Gobierno de Córdoba.
En su nota, Pittaro rescata al representante de Trenque Lauquen,
Hugo Fernández Quintana, quien le contó que "era un loco suelto
al que querían callar porque a todas las reuniones iba y
pedía la palabra para que nos pronunciáramos en contra de lo
que estaba sucediendo". Pero era la excepción: "El espíritu
mayoritario que reinaba en la FACA aconsejaba cuidar el
prestigio de la federación frente a los organismos
internacionales, y hacer la declaración preferiblemente
en forma privada como lo hicieron recientemente los obispos
argentinos", según se lee en la foja 214 del año 1977.
Fernández Quintana recuerda que el único documento con alguna
mención velada a la dictadura se hizo por presión de la OEA: "Lo
inusitado, lo increíble es que se haya mantenido en secreto". Es decir,
además de comprensiva hacia las autoridades ilegítimas, no fue pública.
Por el aporte informativo de los familiares, la FACA manejaba en 1977
una lista confidencial de abogados víctimas de la represión: “82 abogados
afectados, de los cuales 34 son desaparecidos, 13 han sido recientemente
puestos en libertad, 20 se hallan en estudio de la comisión especial del
Ministerio del Interior, tres se encuentran en libertad vigilada, uno
optó por salir del país y de ocho se carece de información actualizada".
El federado Oscar Eduardo Romero Giaccaglia llamó a desconfiar de
esos datos, según las actas: "los informes que suministran familiares de
un detenido pueden no ser imparciales", se justificó.
Desde 1975, fueron asesinados 23 abogados por motivos políticos y
fueron secuestrados, y aún hoy siguen desaparecidos, no menos de
109. Escribió Pittaro en Tiempo Argentino: "La Federación recién
se entrevistó con las autoridades nacionales para hablar del tema
el 13 de abril de 1977. Faltaban sólo 17 días para que las Madres
de Plaza de Mayo se dieran a conocer al mundo entero reclamando
por la aparición con vida de sus hijos. La marcha de los pañuelos
blancos alrededor de la Pirámide de Mayo fue en vano: Videla
no las recibió; la Federación de abogados, en cambio, corrió
mejor suerte. La entrevista con el dictador en la Casa Rosada, que
estaba prevista para las 10:30, se prolongó desde las 11 hasta
las 11:55. El encuentro con el ‘Excelentísimo señor presidente de
la nación se desarrolló en forma franca y amplia y él se mostró amable
y sincero’, según se lee en las actas a las que accedió este diario.
En representación de FACA asistieron Guillermo Oscar Nano,
Raúl Fosero, Oscar Eduardo Romero Giaccaglia, Ricardo D´Amico
y Luis Coliqueo. Según el material inédito consultado "el presidente
habló con total sinceridad, al punto que alguno de sus comentarios
actúan en lo estrictamente confidencial". Cuando los cinco representantes
de FACA le preguntaron acerca de la situación de los abogados detenidos,
Videla les respondió con calma y deslizó que ‘sus preocupaciones son las
propias del gobierno". La FACA tuvo acceso durante los años de plomo a
los despachos, no solo del dictador Videla, también del general Albano
Harguindeguy, ministro del Interior; del brigadier Julio Gómez, asesor
de asuntos institucionales del Ministerio de Justicia; y el comodoro
Adolfo H. González Albarracín, subsecretario de asuntos institucionales
del Ministerio del Interior. Allí articuló una estrategia para dejar bien
parada a la dictadura en los foros internacionales. Mientras tanto, el
país era un gran campo de concentración. No hubo un solo comunicado
público de la federación denunciando la desaparición de los abogados
o la violación de derechos consagrados por la Constitución Nacional.
El único pronunciamiento de la FACA en esos años "fue cuando se
produjo el atentado que le costó la vida a la hija del vicealmirante
Armando Lambruschini. Aquel 1 de agosto de 1978 no dudó en
dar a conocer un comunicado ‘condenando la violencia absurda
y criminal’", finaliza la nota publicada en este diario.
Con estos antecedentes funestos, que la FACA alce ahora la voz y
elabore una estrategia conspirativa para entorpecer la aplicación de leyes
en juzgados conservadores amigables, confirma que el plan de democratización
del Poder Judicial es indispensable y urgente.
Dejar la supuesta "defensa de la Constitución" en manos de abogados que
silenciaron la desaparición de sus colegas sería un retroceso gravísimo.
De Felipe podría volver a leer las actas de la federación que preside
y decir algo al respecto. Y el kircherismo, qué tanto, sentirse orgulloso
por los enemigos que va recogiendo.
Los que cualquier gobierno democrático debiera tener.
por el Parlamento con cautelares y pedidos de inconstitucionalidad avanza con
tropiezos, pero esta semana sumó el combativo apoyo del ala más conservadora
de los abogados nucleados en la FACA (Federación Argentina de Colegios
de Abogados). Su presidente, Ricardo de Felipe, reunió a su tropa confederada
–son 80 colegios– el jueves 9 y, con algo de impostado dramatismo, les bajó
línea: "El mandato de nuestros estatutos es ser firmes defensores cuando
entendemos que se vulneran derechos de los ciudadanos y esta reforma afecta
la independencia del Poder Judicial. Consideramos que viola la
Constitucional Nacional". Delegados de todos los colegios de abogados
del país aplaudieron el ardoroso llamado a militar la presentación de cientos
de amparos en el Fuero Contencioso Administrativo Federal que será replicado,
a título institucional o de manera personal, en decenas de juzgados
nacionales. Visiblemente emocionado, pero bajo estricto anonimato
conspirativo, uno de los participantes del "Grito de la FACA" le confió al
diario La Nación cuál es el primer paso del plan: "Con que un solo juez
dicte una cautelar que frene las elecciones de consejeros estará cumplido
el objetivo". Es decir, impedir que se elijan por el voto popular, en las
próximas elecciones, los nuevos representantes del Consejo de la Magistratura
ampliado por ley, que todavía debe ser reglamentado y publicado en el
Boletín Oficial, periódico que es examinado con lupa cada día por los
confederados de De Felipe para actuar sin perder un segundo. El instructivo
que manejan en los 80 colegios de abogados llama a atacar dos artículos de
la reforma democrática: el que establece la nueva composición del Consejo
y, sobre todo, el que prevé la elección por voto popular de los
representantes de los jueces, abogados y académicos. La idea, además, es
que algún juez contencioso frene las elecciones con alguna medida
cautelar. Claro que lo ven complicado: a la vez, deberían obtener la
inconstitucionalidad del nuevo régimen que limita las cautelares
contra el Estado, porque el gobierno podría apelar y la suspensión
quedaría sin efecto. La carta en la manga de los confederados sería,
entonces, un "per saltum" para que intervenga directamente la
Corte Suprema de Justicia. "La gravedad institucional habilitaría
un salto de instancia", explicó Maximiliano Toricelli, jefe jurídico
de la FACA. Detrás de la emboscada a la reforma democrática
de sus confederados, colaron opositores como Patricia Bullrich
quien, así como se atribuyó la convocatoria del 18 de abril, ahora decidió
ponerle hora a la operación del amparo masivo. Será a las 11, del día que
salga promulgada la ley. En el caso del PRO, ya anunció que se encargará
de ir al fuero Electoral y en la página web del partido de Mauricio Macri
podrá bajarse un modelo de amparo para que cualquiera acuda al juzgado
que le quede cerca. El disidente del peronismo Enrique Thomas, el
progresista Gerardo Milman y el radical Ricardo Gil Lavedra
adoptaron idéntico temperamento. Todos con la misma finalidad:
derrotar al kirchnerismo en los juzgados, porque en las urnas no
pueden. El pretexto, en todos los casos, es la heroica defensa
de la Carta Magna. De Felipe, el hombre que sacó la FACA a
la calle, lo había anticipado en su discurso de asunción, el 16
de diciembre de 2011: "El eje de nuestro trabajo será la defensa
de la Constitución Nacional ahora que se pone en tela de juicio
su legitimidad". Para esa fecha, el kirchnerismo no había siquiera
propuesto el paquete de leyes para democratizar el Poder Judicial
y, tampoco, institucionalmente, impulsado cambios en la Constitución.
Menos ahora. Pero se ve que De Felipe ya soñaba con verse retratado
como el jefe imaginario de una fuerza que quiere manejar el país
desde la justicia cautelar. Hay gente que aspira a eso, increíblemente.
Es una pena que trabaje para impedir con una emboscada leguleya lo
resuelto por dos poderes del Estado democrático, el Ejecutivo y el
Legislativo. Si hubiera empezado disculpas por el rol que la
FACA jugó durante el genocidio, donde realmente se suspendieron
las garantías constitucionales para todos, otro sería el cantar. Tal vez
tenga floja memoria.
Por suerte existe el archivo. Sirve para comprobar que los valientes
confederados de ahora, cuando desaparecían a sus propios colegas
en los campos clandestinos de detención, se callaron la boca y
andaban con la cola entra las patas o, directamente, aplaudiendo
el plan de exterminio. En una brillante nota del Equipo de Investigación
de Tiempo Argentino, el periodista Fernando Pittaro, hace ya dos años,
desnudó la hipocresía de los dirigentes de la FACA. Escribía Pittaro:
“Además del acuerdo económico y político con los diarios Clarín
y La Nación, la jerarquía eclesiástica y grupos empresarios, hubo
otro sector cómplice sobre el que aún hace falta echar luz: las
corporaciones de abogados que se negaron a denunciar las
desapariciones de sus colegas, ya que aseguraban ‘que un estado
de subversión ataca las bases del país, y que sus instituciones se
defienden con los hombres del derecho y con el aval de las
Fuerzas Armadas’. Ante este ‘ataque’, decidieron dar sustento
ideológico y jurídico a los genocidas de turno. Así lo demuestran
los libros de actas de las asambleas de la Federación Argentina
de Colegios de Abogados (FACA), que nuclea a 80 instituciones
de todo el país, a los que Tiempo Argentino tuvo acceso en
forma exclusiva. Son 600 folios que incluyen las deliberaciones
y testimonios que los hombres del derecho, enrolados en sus
respectivos colegios profesionales, hicieron entre 1976 y 1979,
el período más sangriento de la última gran tragedia nacional".
Son los libros de la buena memoria. En esas actas de la FACA
puede leerse al federado de Capital Federal, Manuel Ordoñez,
diciendo: "Agradecemos a este gobierno (NdR: el del Terrorismo
de Estado) haber realizado la tarea de liberarnos de la abyección en
que vivíamos antes del proceso, a pesar de que al hacerlo pueda
haber incurrido en excesos". También al federado de San Francisco,
Córdona, José María Piscitello: "Es evidente que en la presión de
organismos internacionales contra nuestro país está la acción
solapada de elementos vinculados a la guerrilla". Al federado
porteño Alejandro Lastra, llamando a la reflexión: "Es necesario
pronunciarse en forma mesurada, sin excesos y con un profundo
equilibrio. La palabra de la federación puede ser utilizada por grupos
que conspiran contra la nación, las dificultades que sufre el país ya las
conocemos pero tenemos que cuidar no llevar argumentos a la subversión.
El país está en guerra, en medio de grandes sacrificios y penurias y
es necesario ayudar a superar". El abogado Alberto Vázquez, rosarino
él, afirmaba, en sintonía con Lastra: "La defensa del orden jurídico
está asegurada por la Fuerzas Armadas apoyadas por la ciudadanía sana
del país contra la subversión asesina, que felizmente el país se
encamina hacia una auténtica democracia que asegurará el debido
proceso". Algunos representantes del interior eran además
funcionarios de la maquinaria gubernamental del genocidio,
como Alberto Domingo Tettamanti, intendente de La Plata; y
Luis Martínez Golletti, ministro de Gobierno de Córdoba.
En su nota, Pittaro rescata al representante de Trenque Lauquen,
Hugo Fernández Quintana, quien le contó que "era un loco suelto
al que querían callar porque a todas las reuniones iba y
pedía la palabra para que nos pronunciáramos en contra de lo
que estaba sucediendo". Pero era la excepción: "El espíritu
mayoritario que reinaba en la FACA aconsejaba cuidar el
prestigio de la federación frente a los organismos
internacionales, y hacer la declaración preferiblemente
en forma privada como lo hicieron recientemente los obispos
argentinos", según se lee en la foja 214 del año 1977.
Fernández Quintana recuerda que el único documento con alguna
mención velada a la dictadura se hizo por presión de la OEA: "Lo
inusitado, lo increíble es que se haya mantenido en secreto". Es decir,
además de comprensiva hacia las autoridades ilegítimas, no fue pública.
Por el aporte informativo de los familiares, la FACA manejaba en 1977
una lista confidencial de abogados víctimas de la represión: “82 abogados
afectados, de los cuales 34 son desaparecidos, 13 han sido recientemente
puestos en libertad, 20 se hallan en estudio de la comisión especial del
Ministerio del Interior, tres se encuentran en libertad vigilada, uno
optó por salir del país y de ocho se carece de información actualizada".
El federado Oscar Eduardo Romero Giaccaglia llamó a desconfiar de
esos datos, según las actas: "los informes que suministran familiares de
un detenido pueden no ser imparciales", se justificó.
Desde 1975, fueron asesinados 23 abogados por motivos políticos y
fueron secuestrados, y aún hoy siguen desaparecidos, no menos de
109. Escribió Pittaro en Tiempo Argentino: "La Federación recién
se entrevistó con las autoridades nacionales para hablar del tema
el 13 de abril de 1977. Faltaban sólo 17 días para que las Madres
de Plaza de Mayo se dieran a conocer al mundo entero reclamando
por la aparición con vida de sus hijos. La marcha de los pañuelos
blancos alrededor de la Pirámide de Mayo fue en vano: Videla
no las recibió; la Federación de abogados, en cambio, corrió
mejor suerte. La entrevista con el dictador en la Casa Rosada, que
estaba prevista para las 10:30, se prolongó desde las 11 hasta
las 11:55. El encuentro con el ‘Excelentísimo señor presidente de
la nación se desarrolló en forma franca y amplia y él se mostró amable
y sincero’, según se lee en las actas a las que accedió este diario.
En representación de FACA asistieron Guillermo Oscar Nano,
Raúl Fosero, Oscar Eduardo Romero Giaccaglia, Ricardo D´Amico
y Luis Coliqueo. Según el material inédito consultado "el presidente
habló con total sinceridad, al punto que alguno de sus comentarios
actúan en lo estrictamente confidencial". Cuando los cinco representantes
de FACA le preguntaron acerca de la situación de los abogados detenidos,
Videla les respondió con calma y deslizó que ‘sus preocupaciones son las
propias del gobierno". La FACA tuvo acceso durante los años de plomo a
los despachos, no solo del dictador Videla, también del general Albano
Harguindeguy, ministro del Interior; del brigadier Julio Gómez, asesor
de asuntos institucionales del Ministerio de Justicia; y el comodoro
Adolfo H. González Albarracín, subsecretario de asuntos institucionales
del Ministerio del Interior. Allí articuló una estrategia para dejar bien
parada a la dictadura en los foros internacionales. Mientras tanto, el
país era un gran campo de concentración. No hubo un solo comunicado
público de la federación denunciando la desaparición de los abogados
o la violación de derechos consagrados por la Constitución Nacional.
El único pronunciamiento de la FACA en esos años "fue cuando se
produjo el atentado que le costó la vida a la hija del vicealmirante
Armando Lambruschini. Aquel 1 de agosto de 1978 no dudó en
dar a conocer un comunicado ‘condenando la violencia absurda
y criminal’", finaliza la nota publicada en este diario.
Con estos antecedentes funestos, que la FACA alce ahora la voz y
elabore una estrategia conspirativa para entorpecer la aplicación de leyes
en juzgados conservadores amigables, confirma que el plan de democratización
del Poder Judicial es indispensable y urgente.
Dejar la supuesta "defensa de la Constitución" en manos de abogados que
silenciaron la desaparición de sus colegas sería un retroceso gravísimo.
De Felipe podría volver a leer las actas de la federación que preside
y decir algo al respecto. Y el kircherismo, qué tanto, sentirse orgulloso
por los enemigos que va recogiendo.
Los que cualquier gobierno democrático debiera tener.
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