Hoy la mayoría de los argentinos está alarmado por el clima de destrucción institucional que el gobierno de Cristina Kirchner está agravando día tras día.

Domingo Cavallo

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El dictado de normas inconstitucionales y la subversión del orden republicano está provocando una sensación de inseguridad física y jurídica sin precedentes en gobiernos elegidos por el pueblo. La oposición no parece encontrar la forma de frenar este avasallamiento y sólo los medios de comunicación y, ojalá la Justicia, parecen estar empeñados en detener y obligar a revertir este proceso. Cabe preguntarse porqué la oposición es tan inefectiva en frenar el desquicio institucional. Mi opinión es la siguiente: la mayor parte de los políticos de la oposición apoyó o al menos festejó el Golpe Institucional del 19 y 20 de diciembre de 2001. Ninguno denunció la destrucción de instituciones económicas (la base contractual de la economía) que significó la pesificación compulsiva de todo tipo de contrato y el congelamiento de los precios y tarifas de los servicios públicos que virtualmente confiscaron el capital de todas las empresas privadas que durante una década habían invertido en la modernización de la infraestructura del país. Se produjo una redistribución harto regresiva de la riqueza que sustrajo el grueso de los ahorros de la población para reducir a su cuarta parte la deuda de grandes empresas y provocó una drástica caída del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. La dirigencia argentina, tanto la que está en el gobierno como la mayor parte de la que está en la oposición aplaudió la remoción de la Corte Suprema de Justicia porque ella había decidido declarar inconstitucional la pesificación compulsiva. Se utilizaron otros argumentos, pero la verdad es que ésta fue la motivación más inmediata. A partir de allí se sucedieron muchas decisiones del Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo que son claramente violatorias de las garantías constitucionales. Por ejemplo, la estatización de los fondos de pensiones, que quitó a los futuros jubilados la propiedad de los aportes obligatorios que iban acumulando para su jubilación y que expropió hasta los ahorros voluntarios que algunos trabajadores habían hecho dentro de sus cuentas previsionales. Se permitió al Poder Ejecutivo que no cumpliera con las sentencias de la Justicia en favor de los Jubilados y se admite que pese a la inflación no se ajusten el mínimo no imponible ni las escalas del Impuesto a las Ganancias, algo tan injusto como no haber ajustado por el aumento del costo de la vida las jubilaciones de más de 1000 pesos por mes desde enero de 2002 a diciembre de 2007 cuando la inflación se reinstaló en el país. Se ha permitido la virtual confiscación de YPF y la violación sistemática por parte de las autoridades del Banco Central de su obligación de no financiar al Estado y velar por la estabilidad monetaria. Sólo dirigentes que sean capaces de reconocer que desde 2002 en adelante se ha venido degradando nuestra organización institucional, tanto política como económica, tendrán autoridad moral para ofrecer al Pueblo una alternativa superadora. Da lástima ver la pobreza argumental de muchos dirigentes de la oposición, que para oponerse a las últimas arbitrariedades del Gobierno (las leyes de reforma de la Justicia y el blanqueo de capitales), comienzan destacando que hasta hace poco apoyaron las más disparatadas iniciativas del Gobierno porque coincidían con su proyecto económico social y estaban obnubilados por su supuesta prédica “progresista”.